La escandalosa “movida” de la finca de Juan José Zapag en el Chaco, hasta llevarla a tocar la frontera con Bolivia, destapó el negociado de las superposiciones de títulos que el Estado no es capaz de ponerle freno. Se quiere cargar toda la culpa sobre los técnicos profesionales, que supuestamente realizan mal su trabajo, pero finalmente es el Estado el responsable de que los inmuebles se conviertan en “muebles”. Así queda al desnudo la imperante corrupción que hay en el Indert
El director del Servicio Nacional de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, reconoció el caos que existe en el país por la superposición de títulos de propiedad, generando conflictos que llegan a los estrados judiciales, pero su institución es precisamente la responsable por situaciones como la producida por la firma de Juan José Zapag en el Chaco, donde el empresario petrolero trasladó su finca hasta la frontera con Bolivia, quién sabe con qué intenciones inimaginables.
La firma Cimportex, del grupo Copetrol, realizó nuevas mediciones georreferenciadas de su propiedad de 5.500 hectáreas en la zona de Infante Rivarola, haciendo que se moviera 5 kilómetros al norte, como si tuviera ruedas, dejando sin efecto una medición anterior inscripta en los Registros Públicos. Las nuevas coordenadas tuvieron que pasar por una mensura judicial, con el agravante de que las mediciones avanzan sobre tierras fiscales y otras propiedades privadas, causando el lógico desbarajuste jurídico.
Según el director de Catastro, unos pocos profesionales geógrafos realizan casi el 80 por ciento de los trabajos de georreferenciamiento, pero casi no van al terreno sino que utilizan mapas de internet para realizar sus planos.
Admitió que se trata de “un negocio millonario”, el de confeccionar planos a la medida del cliente y con mediciones que muchas veces terminan sobre otras propiedades, causando verdaderos problemas sociales.
Complicidad de funcionarios
El director de Catastro tira toda la culpa sobre los profesionales geógrafos, pero existe también la complaciente negligencia y complicidad de los funcionarios, como los de la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que en la mensura judicial sobre la finca de Zapag dieron su veredicto favorable, o la inacción de los responsables del Indert, que ante la evidencia de la invasión de tierras fiscales por la firma Cimportex, actuaron con suma complacencia hacia el empresario petrolero y deportivo.
El Estado, representado por el Servicio Nacional de Catastro, no puede permanecer indiferente ante los abusos cometidos por firmas como las de Zapag, que amparados en una estructura dispuesta a ser corrompida, trasladan sus propiedades a linderos y mojones que se superponen con otros propietarios y tierras fiscales.
En los casos en que las propiedades han sido catastradas empíricamente y existiendo ahora la obligación de realizar las mediciones georreferenciadas, es una obligación del Servicio Nacional de Catastro realizar el control sobre los cambios en las mediciones para no afectar intereses de terceros y del mismo Estado, según los profesionales consultados.
Lo peor del caso es que la empresa de los Zapag realizó sus nuevas mediciones con una mensura judicial, a sabiendas de que estaba invadiendo terreno fiscal y propiedades particulares, con lo cual también involucraron a la Justicia, que a la vista de informes favorables del Ministerio de Obras Públicas y con la inacción del Indert, no hubiera tenido otra opción que aceptar las nuevas mediciones del grupo empresarial Copetrol.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia solicitó a Catastro un informe de los profesionales geógrafos habilitados para realizar las mediciones y los planos georreferenciados, con el fin de analizar las situaciones conflictivas generadas en todo el país por el caos de las superposiciones de títulos.
Con el precedente creado por firmas como la de Zapag, que amparadas en su poderío económico y con una mensura judicial que busca avalar su maniobra, todas las propiedades se hallan ante el peligro de que el día de mañana aparezca un nuevo título sobre la casa o la finca en la que uno reside, reconoció el propio director de Catastro.
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