Queda evidenciada la actitud complaciente del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, con varios de sus subalternos del Ministerio Público de Ciudad del Este.
A pesar de las reiteradas denuncias contra fiscales, que actúan al margen de la ley, Díaz Verón nunca se interesó, y es más, las veces que viene a la capital del Alto Paraná, siempre evita abordar los temas polémicos, que involucran a funcionarios bajo su responsabilidad.
El último hecho que saltó a la luz pública nacional, es sobre el caso de la niña Sara Amapola Insfrán Torres, quien falleció electrocutada en una plaza municipal esteña, sin que hasta hoy los fiscales investigadores hayan imputado a ninguna persona responsable de la muerte de la pequeña.
Varios concejales comunales, nucleados en el G7, denunciaron lo ocurrido ante la fiscal Cinthia Leiva, al tiempo de pedir el procesamiento y detención de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, quien aparece como una de las principales comprometidas en el hecho.
Sin embarbo, ya pasaron más de un mes de aquel luctuoso suceso y hasta los fiscales intervinientes se llamaron al absoluto silencio, sin tener el coraje de imputar a los que tuvieron responsabilidad en la muerte de Sara. Además de Leiva, los fiscales Marcelo Saldívar y Arminda Rivas tuvieron igualmente intervención en la carpeta y tampoco hicieron absolutamente nada.
Esta última actuación vergonzosa de estos representantes del Ministerio Público paranaense llevó a integrantes del Colegio de Abogados del Alto Paraná, ediles municipales e integrantes de las fuerzas vivas, a denunciar el caso ante el fiscal general del Estado, quien prometió investigar el accionar sospechoso de algunos fiscales, por ser “funcionales” a los intereses de ciertos políticos de turno, en este caso concreto del clan Zacarías, que está en el ojo de la tormenta.
El gremio de abogados pidió a Díaz Verón una acción más decidida con relación a la actuación de la mayoría de los fiscales a su cargo, que prestan servicios en Ciudad del Este y distritos satélites importantes del Alto Paraná. Según el titular del Colegio, abogado Mauro Barreto, la corrupción en la fiscalía y poder judicial en esta zona fronteriza del país, ha traspasado todos los límites de la imaginación (sic).
Pero lo más preocupante es que no se observa ninguna voluntad política por parte de quien debe poner orden en la casa, el fiscal general del Estado, Díaz Verón, cuya tarea es bastante cuestionada por varios sectores sociales, políticos y ciudadanía toda.
Los fiscales son representantes del pueblo y deben estar al servicio de la gente y no de un grupo cerrado de políticos, que se pasa violando y pisoteando la Constitución y la ley, como nos tiene acostumbrado aquí el clan Zacarías, que se pasa quebrantando constantemente el estado de derecho.
Esto hace que varios fiscales y jueces sean funcionales a sus caprichos, porque una mayoría de ellos está en el cargo gracias a la influencia política de este clan perverso, que hace más de 15 años se atornilló en la comuna paranaense y hoy ignora las disposiciones legales del país. Díaz Verón deberá tomar intervención contra aquellos fiscales, que responden directamente a intereses políticos y crematísticos. El fiscal general tiene que terminar de apañar y encubrir irregularidades.
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