Después de la amenaza de juicio político, la fiscala general Sandra Quiñónez ordenó finalmente el inicio de la investigación a Horacio Cartes por lavado de dinero y contrabando, a partir de las acusaciones vertidas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente la semana pasada ante la comisión permanente del Congreso.
Bien temprano se anunció en la mañana que Quiñónez había dispuesto investigar a HC, pero aún así no impidió que continuara el plan de su enjuiciamiento político en la Cámara de Diputados, faltando sólo que los legisladores oficialistas de Colorado Añetete, o ahora de Fuerza Republicana, dieran su aprobación al proyecto de destitución.
La diputada Kattya González (PEN) advirtió, sin embargo, que aún existe la duda sobre la cantidad de votos a favor del procedimiento contra Quiñónez, previsto en la Constitución, por lo que afirmó que habría que estar bien seguros de contar con la mayoría de dos tercios de los presentes en la sesión, o, de lo contrario, se tendría una nueva decepción como en la anterior ocasión de 2019, y que tal situación comportaría un balón de oxígeno para el cartismo, que ahora se encuentra a la defensiva después de su derrota de la semana pasada en su intentona de destituir a Giuzzio.
La “guerra” en su apogeo
También existen lógicas dudas acerca de la movida de Sandra, en el sentido que la investigación a Cartes sólo serviría para blanquearlo, ya que como dijo el vicepresidente Hugo Velázquez, tras reunirse con autoridades de los principales entes financieros estatales en la mira por complicidad con HC según el mismo Giuzzio, “el Ministerio Público hasta ahora no ha logrado condenas firmes para nadie por lavado de dinero”, haciéndose eco de comentarios realizados por el Gafilat, el organismo antilavado a nivel latinoamericano.
Según las expresiones de exponentes de la oposición, hasta el momento la “guerra” entre las dos facciones en lucha por el poder en el Partido Colorado, tiene mucho que ver con la prematura interna feroz en la ANR, y que los opositores son prácticamente arrastrados por la vorágine del internismo republicano.
Sin embargo, tras el “daño colateral” sangriento del concierto de San Bernardino, ya no se puede negar que las dudas crecientes sobre la imparcialidad del Ministerio Público en temas de lavado y contrabando, sobrepasan con holgura los límites del partido de gobierno y ya afectan a toda la sociedad, de manera que una salida de la fiscala general resultaría muy necesaria para reencauzar la justicia en el país.
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