Fórmula Velázquez-Vaesken es la que puede “salvar” a la ANR

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La tarea más ardua para Roberto González Vaesken y Hugo Velázquez será rescatar la ANR del Patrón HC y devolverla al pueblo.

Escribe: Luis Alen.

 

Es un sentir generalizado en las bases coloradas que la dupla Hugo Velázquez-Roberto González Vaesken tendrá cada día más aceptación en la medida en que vuelva a reconciliar la ANR con la sociedad paraguaya, luchando contra quienes le quieren convertir al centenario partido de gobierno en una virtual “empresa” más del grupo Cartes.

 

La consolidación del frente anti-HC en el Senado, junto al inicio de la carrera presidencial con el anuncio de una posible dupla oficialista Hugo Velázquez-Roberto González Vaesken, apenas son los primeros forcejeos que presagian una feroz pugna por el poder en el país de cara al cambio de gobierno en 2023.

La próxima gran porfía se prevé que ocurrirá sobre el control de la Cámara de Diputados, de tal forma que el abdismo logre sustraerlo al cartismo, con el fin de facilitar una mayor fuerza oficialista en la ANR, ante el evidente fracaso de la “Cicatriz” de cara a las municipales, donde el objetivo de ganar la mayor cantidad posible de comunas para el coloradismo no está asegurado.

La “concordia” no fue evidentemente la voz cantante en la última interna, lo que fue confirmado con la notoria opción “opositora” cartista como un intento de desprenderse de cualquier responsabilidad con la actual gestión muy criticada de Marito Abdo por la pandemia y la crisis social generada. Pero, en contrapartida, Horacio Cartes sigue teniendo influencia decisiva sobre el liderazgo colorado en gran parte del interior.

Esto quedó evidenciado en la última votación para la elección de la directiva del consejo de gobernadores, donde fue electo titular un hombre de HC, el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja. Como ya se hace costumbre, dos gobernadores liberales volcaron la balanza a favor del cartista, así como también un concejal departamental liberal, pocos días después, le salvó al gobernador de Central, Hugo Javier González, para no llegar a la solicitud de intervención de la gobernación e investigar a fondo el destino de miles de millones de guaraníes manejados en forma oscura por dos ONGs, como una demostración que se hace complicado saber a dónde fueron a parar los fondos de la emergencia sanitaria.

 

Marito ya no es de la gente

El gran problema de la propuesta oficialista es lo penoso que será presentarse ante el electorado pegado al descalabro de Marito, ofreciendo así un hándicap perfecto para la dupla rival que se avizora en el cartismo con Santi Peña-Pedro Alliana, quienes tienen de sobra argumentos para esgrimir contra la gestión gubernamental, que aunque sea vinculada a la ANR, es de sobra conocida la modalidad que siempre ensayan los colorados de ser oposición y oficialismo a la vez, más aún después del pacto de impunidad que se usó para sortear dos juicios políticos, primero en el “affaire” del acta entreguista de Itaipú, en 2019, continuando sin ruborizarse por parte de Abdo y Cartes en 2020-2021, con la crisis generada por el covid y los negociados pandémicos.

Pero en el eje de campaña por parte de Velázquez, resulta obligatorio que el  vicepresidente marque distancia de los desaciertos de Marito, aunque podría ser mucho más efectivo que el propio presidente empiece a “despertarse” de su larga siesta con el pueblo, volviendo a ser el líder que se necesita para sacar a la nación de su postración actual, expresada en los números de la crisis económica y social agravada por la pandemia.

Los propios integrantes del anillo presidencial no se cansan de exigirle al jefe de Estado que se “ponga las pilas” para marcar un camino diferente al que se venía mostrando, de una extrema sumisión a las directivas cartistas como efecto del pacto cicatrizante. Por de pronto, el adefesio abdo-cartista  ya está careciendo de oxígeno para seguir pataleando, a la vista de los grandes temas que se deben abordar como puntos neurálgicos de la agenda gubernamental, pero que también en forma inevitable formarán parte de los debates de la campaña electoral del 2023.

Por ejemplo, de la crisis no se saldrá sin una profunda reforma del Estado, que el gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, ya puso como primera exigencia con vistas a aceptar la precandidatura como vicepresidente en la chapa oficialista, al presionar para que uno de los tópicos centrales en la tarea de reformular la función estatal sea la de otorgar primacía a las gobernaciones en la ejecución de los programas del presupuesto nacional, aplicando efectivamente la descentralización administrativa y con vigencia de los mecanismos de control del gasto público a partir de una mayor inclusión ciudadana en la gestión de los recursos públicos.

Lo que acaba de ocurrir con las denuncias de supuesta malversación de fondos en la gestión del gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, es lo que hay que evitar a toda costa y no habla bien en favor del pedido de dar mayor vuelo propio a las gobernaciones. Pero lo que falla evidentemente en el caso de Central es que los recursos posiblemente dilapidados con las ONGs no pasaron por el cedazo de un control efectivo sobre la gestión de los políticos por parte de la ciudadanía, lo que quedó más aún en evidencia con el fracaso de la representación popular a través de la junta departamental centralina, expresado en la “traición” a los intereses de sus representados por parte del concejal liberal Mario Aguilera.

 

Después de las municipales

Probablemente la definición sobre algunos puntos esenciales en la gestión de Marito y la pugna por el poder de cara a las elecciones de 2023, sobrevendrá sólo después de las municipales de octubre, ya que se quiere dar una cierta imagen de cohesión en la Lista 1 para acompañar a los candidatos colorados, a los que se les haría más dificultoso ganar en el caso de medidas impopulares del gobierno o por una sonora ruptura de la cicatriz suturada varias veces en los dos últimos años.

A la posible chapa Velázquez-Vaesken le vendrá muy bien que el gobierno impulse las investigaciones para llevar a la cárcel a los corruptos, y más aún promoviendo una mayoría en Diputados que pueda llevar a juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el principal elemento en manos de HC para cimentar su poder político y que le mantiene en ascuas a Marito Abdo, así como al resto de su equipo, incluyendo eventualmente al mismo vicepresidente.

Así como el tema de los chanchullos multimillonarios en Itaipú que podrían ser motivo de investigación y sanción penal, por parte de la Justicia, también existen motivos para investigarle a Marito en otros temas ligados a su gestión, como los negociados pandémicos, los fondos de la emergencia sanitaria y los gastos sobredimensionados en obras públicas. Pero también una fiscalía valiente y autónoma de los poderes políticos o fácticos, podría investigar la gestión de HC, como el caso del fallido metrobús, así como también lo relativo a los “fatos” de Itaipú, Yacyretá y Ande durante el período 2013-2018, sin olvidar el asunto del “Lava Jato” con el lavado de dinero del “hermano del alma” Darío Messer.

El presidente Abdo ya adelantó que se analizará en profundidad las consecuencias políticas y económicas del escabroso asunto de la deuda de Itaipú de US$ 4.193 millones, declarada ilegal por la Contraloría General de la República (CGR), lo cual condiciona las negociaciones con el Brasil sobre el Anexo C del Tratado.

El canciller nacional, Euclides Acevedo, ya advirtió que “lo peor que se puede hacer es una contaminación electoral tendenciosa” que podría perjudicar las chances de una chapa oficialista en 2023, teniendo en cuenta que la oposición tomará con seguridad, precisamente como bandera, la soberanía energética del país. Todo indica que con estas expresiones, se da casi como un hecho que Marito opte entonces por dejar la negociación con el Brasil para el próximo gobierno que surja de las elecciones, reduciéndose sólo a poner sobre la mesa las alternativas que se manejan para sacar un real beneficio futuro en la renegociación del Tratado o del Anexo C.

 

La situación de las tabacaleras

Si la Justicia posee la tecla para que Itaipú deje de ser un arma para mantener la confidencialidad de la corrupción, también se supo que la Corte tiene en sus manos un pedido de la propia Procuraduría General de Marito Abdo, a cargo del abogado Juan Rafael Caballero, para dejar de lado la posibilidad cobrarles a las tabacaleras -entre ellas Tabesa, de HC- por varios miles de millones de guaraníes, supuestamente desviados del fisco en operaciones oscuras de evasión, contrabando y lavado de dinero, de la época de oro de la triangulación en la Triple Frontera.

La sola mención de un blanqueo a HC en el asunto de las tabacaleras acusadas de gran contrabando y lavado de dinero, e incluso financiamiento al terrorismo, por parte de las agencias norteamericanas, no es buena carta de presentación para ponerse a disposición de la embajada norteamericana en la lucha contra el crimen organizado en el continente, tal como fue la exigencia más reciente tras la visita de la viceministra de asuntos políticos del Departamento de Estado de Washington, Victoria Nuland.

Y menos aún le conviene a la candidatura de Hugo Velázquez, porque de alguna forma demuestra que sigue existiendo una suerte de pacto de no agresión con HC para un salvataje mutuo en la Justicia, llegado el caso. Más aún cuando Horacio también tiene pendiente la espada de Damocles de la Justicia brasileña por el tema Messer, que el país vecino podría desempolvar en la medida en que sus intereses estén en peligro en la negociación sobre Itaipú.

La Corte ya demostró que puede ceder ante presiones del gobierno o de los poderes fácticos, y una indicación de ello es la reculada judicial con respecto a la criticada autorización del cobro en IPS de los marinos jubilados por encima del nivel máximo permitido por la actual ley de seguro social en nuestro país, y que hubiera puesto en peligro a corto plazo el equilibrio financiero de las cajas jubilatorias establecidas sobre el sistema de reparto solidario donde los aportantes activos proveen a los ingresos de la clase pasiva jubilada.

Pero en el caso de las tabacaleras, se pondrá a prueba sin lugar a dudas si continúa vigente el pacto de impunidad abdo-cartista, como lo está ya evidenciando el pedido del procurador Caballero, cuando lo correcto es que esta oficina del gobierno encargada de la defensa del patrimonio estatal aconseje a la Corte dar curso a la denuncia de evasión que pesa contra HC y las tabacaleras dependientes de él, teniendo en cuenta además que le vendría muy bien al fisco una recaudación extra como la exigida por el denunciante particular bajo la Ley 125/91.

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