“Lo nuestro es defender lo público, porque solo así lograremos construir las bases de una sociedad más justa, más equitativa”, afirmó Aníbal Carrillo Iramain, presidenciable por el Frente Guasu.
El candidato a la Presidencia reafirmó la voluntad de la concertación de cumplir y promover los derechos laborales de los funcionarios públicos, y de “fortalecer el proceso de institucionalización que iniciamos en el gobierno de Fernando Lugo”.
“Más de 17.000 trabajadores ingresaron al Estado mediante concursos públicos de oposición desde el 2008, un hecho inédito y en clara contraposición a la concepción que tienen los partidos tradicionales del manejo de la función pública, que está demás decir es una concepción prebendaria y clientelista”, expresó Carrillo Iramain.
Estas declaraciones las formuló en el acto de lanzamiento de una carta compromiso con el sector público y los funcionarios públicos. Entre sus principales puntos acordados están: el rechazo a la remoción de funcionarios públicos por convicciones partidarias, el ingreso y ascenso en la función pública en base a méritos y aptitudes, capacitación continua a los trabajadores, respeto a los contratos colectivos, freno a planes de privatización de entes estatales, instalación de un sistema de seguridad social universal, y la creación de un ministerio del trabajo.
“Este compromiso va en concordancia con el espíritu del Frente Guasu y responde a la necesidad de dignificar la labor de los servidores públicos, labor que los partidos tradicionales se han encargado de corromper para favorecer sus intereses privados-partidarios” afirmó Carrillo que además recordó a modo de ejemplo que una vez consumado el juicio político a Fernando Lugo, el partido Liberal inició un plan de despidos masivos en distintas instituciones del Estado por motivos políticos, cuestión que fue ampliamente denunciada por organizaciones de la sociedad civil e inclusive organismos internacionales de derechos humanos.
Casi 3.000 funcionarios fueron removidos de sus cargos desde que asumió Federico Franco.
Por otra parte, Carrillo Iramain explicó que el proyecto de Cartes busca instalar un modelo de desarrollo privatista, “que ha probado ser ineficaz para resolver los problemas más acuciantes en la región ya allá por la década del ’90”. Continuó diciendo que tal modelo es insostenible y solo profundizará las desigualdades sociales, “poniéndonos en un peligroso camino hacia un estallido social”.
Concluyó ratificando que el FG confía en el rol de las empresas públicas y valora el rol de los servidores públicos para incidir de forma positiva en la sociedad: “Defenderemos siempre a la empresa pública por su capacidad de ser tan eficiente y más eficiente de lo que esperan aquellos que dicen que solo desde el ámbito de lo no público se puede lograr”.




























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