Escribe: Luis Alen.
Cuando pareció que en abril venía la calma después de la tormenta de la enmienda, al apearse el presidente Horacio Cartes de su intentona de violar la Constitución para su reelección, de nuevo en estos días recrudece el ambiente político negativo para las inversiones privadas, con la posible aplicación del impuesto a la soja, como último y desesperado recurso del jefe de Estado para hacerse de una mayoría parlamentaria que le garantice el control del poder a pocos meses de las internas partidarias y de las elecciones generales.
El empresariado se alzó en forma unánime en contra de la pretensión del cartismo de avasallar la Constitución y las instituciones, al mismo tiempo que echa mano del varias veces anunciado tributo, pese a los peores augurios de los técnicos economistas y de los propios empresarios, que con justa razón se sienten como el “pato de la boda” entre HC, Fernando Lugo y Blas Llano, que traerá un inevitable retroceso en la tendencia a un crecimiento sostenido de los principales indicadores económicos.
Lo peor que se podría haberle ocurrido a Cartes es aceptar la exigencia de la izquierda del Frente Guasu, con respecto a la implementación del impuesto a la oleaginosa, que, como se sabe, ya no está como hace un lustro en la cumbre de los precios de los commodities, conociendo además que los productores vienen afrontando en cada cosecha una mayor carga financiera, acrecentada por los altos intereses que les cobran los bancos.
Inestabilidad institucional
La reacción empresarial se explica además por el hecho de que se vuelve a afectar la economía con las tempestades políticas, que ponen en riesgo la estabilidad de las instituciones, esta vez por el afán desmesurado de continuar en el poder por parte de HC, para lo cual no tiene empacho en hacer suyos algunos de los postulados más resistidos de los izquierdistas.
El “tractorazo” de los productores a primera vista se realiza para defender la rentabilidad en peligro de la agricultura empresarial, amenazada por el incremento impositivo, pero también resulta una medida que va más allá del ámbito de los agronegocios, pues implica una inédita protesta contra la política del Gobierno de llevarlo todo por delante en una postura típicamente autoritaria, sin importarle en lo más mínimo el fortalecimiento institucional y jurídico de la República, del cual depende en última instancia la venida de las necesarias inversiones para el desarrollo económico y social.
Precisamente, el cartismo, con sus intentos desesperados en los últimos meses de acumular el poder omnímodo, ha causado un duro golpe a las posibilidades de conseguir el “grado de inversión” de las calificadoras internacionales de riesgo país, que ya han adelantado el mantenimiento de los anteriores guarismos en el ranking de la deuda del país, avisando que la inestabilidad política e institucional seguirán siendo un obstáculo a vencer para lograr la tan anhelada calificación de excelencia inversora, por encima de cualquier otra mejora en la situación fiscal.
El Foro Económico Mundial, en su informe de competitividad global 2016-2017, ha mostrado que la escasa calidad institucional del Paraguay es uno de los factores principales que inhiben una mayor capacidad de crear un mejor ambiente de negocios en el país, ubicando el ítem de “Instituciones” en el ránking 131 de 138 en todo el mundo.
El indicador institucional aparece en primer lugar del grupo 1 de Requerimientos básicos para el desarrollo, en el informe del Foro Mundial, con sede en Suiza. Esto demuestra que la clase política debería preocuparse más de mostrar una imagen diferente en el manejo institucional, con miras a convencer a los inversionistas foráneos que la búsqueda de la transparencia y la lucha contra la corrupción no se reducen a un mero discurso vacío de contenido.
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