Escribe: Luis Alen.
La guerra contra la inseguridad, los narcos y el EPP, parece perdida por el Gobierno de HC, dada la escalada de hechos delictuosos en gran parte del territorio nacional y la ineficacia de las fuerzas policiales y militares presentes en el Norte para imponer la presencia del Estado en aquella zona del país.
Por eso la demostración de fuerza de la concentración colorada de Capiatá ha sido totalmente desvirtuada por esta realidad incuestionable, pese a la intención del cartismo de presentar ante la sociedad los éxitos en obras de infraestructura y realizaciones socioeconómicas, que de cualquier forma todo Gobierno medianamente patriota debe exhibir, más aún cuando cuenta con los medios financieros suficientes como el gran endeudamiento con bonos soberanos durante la gestión actual.
Tampoco podría convencer a la gente el discurso cartista en materia de lucha contra la corrupción, cuando todos los días surgen informaciones acerca del mal uso de los recursos del Fonacide o de otros rubros por parte de funcionarios estatales, departamentales o municipales, muchos de ellos adherentes al cartismo, sin que se haya tomado medidas contra ellos. Por el contrario, varios de estos personajes estaban en la tarima del acto cartista de Capiatá, con la misión de “arrear” empleados públicos para el acto y ganar así puntos con el “jefe”.
Un ejemplo de ellos es el clan Zacarías de CDE, con activo papel para llevar gente al festejo y dejar sin transporte público la capital del Alto Paraná el viernes pasado, a fin de poner a disposición del “arreo” los buses encargados de dicho servicio vital en la ciudad. Todo con el fin de entonar hurras y lanzar loas a HC, de quien había dicho Javier Zacarías Irún que era un émulo de Al Capone durante la interna de 2012.
En su fuero íntimo, ZI se estará regodeando de contento por el fracaso en la operación “rekutú” del cartismo, lo que le abriría otra vez alguna lejana posibilidad de candidatarse para la presidencia de la República, un sueño que nunca ha descartado y que ha abandonado sólo de momento para mantenerse leal a Cartes y con ello blindar de toda intervención molestosa a la administración de su esposa Sandra y de la suya anterior, en Ciudad del Este.
La inseguridad galopante
La intención de HC fue evidentemente congraciar a su “selección nacional” de ministros con las bases coloradas, ya que muchos de los dirigentes seccionaleros se habían quejado del poco caso que le hacían los secretarios de Estado cartistas a sus pedidos.
Esta especie de divorcio con las bases se quiso de repente subsanar con el anuncio del despido de la ministra de Cultura Mabel Causarano, muy cuestionada por los colorados, horas antes de la concentración. Pero HC no tuvo el coraje para dar puntapié al ministro “estrella” de los cuestionamientos, tanto de los colorados como de toda la gente, el de Interior, Francisco de Vargas, de extracción liberal pero que por lo visto tiene más de un santo que lo respalda para que se mantenga sin problemas en el gabinete de Cartes en los tres años de gestión del empresario tabacalero.
La inseguridad galopante no es un motivo para echarle a De Vargas, evidentemente, y con ello HC está indicando sin lugar a dudas que el ministro del Interior no puede ser un “fusible”, ni tiene lugar en la cadena de mandos en las fuerzas de seguridad, ya que el propio jefe de Estado es el responsable de todo lo que pasa en esta materia, así como también es el comandante en jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta que lucha en el Norte contra el EPP, al conjuro de una Ley de Seguridad Nacional votada en 2013 a comienzos de la gestión cartista, pero que roza la inconstitucionalidad.
Hubiera sido preferible para Cartes y su imagen como presidente que realmente realiza una buena gestión, tanto en materia de seguridad como en los demás cometidos de la administración estatal, que su “selección nacional” sea solidariamente responsable de los actos de gobierno, como reza el artículo 242 de la Constitución.
Pero HC no lo permite que sea así, porque no quiere cumplir claras disposiciones constitucionales que brindan a los ministros “la dirección y la gestión de los negocios públicos” (art. 240, C.N.)
Inclusive Cartes desecha las convocatorias del Consejo de Ministros, que nunca se reúne oficialmente a fin de coordinar las tareas del Ejecutivo, impulsar la política del gobierno y adoptar decisiones colectivas, adoptando también resoluciones en conjunto, después de deliberar bajo acta. Todo ello según lo establece claramente el artículo 243 de la Constitución Nacional.
La falta de autonomía de los ministros y el hecho de no ser usados como “fusibles” a favor de una imagen presidencial exitosa, resaltan en la gestión de la era cartista, por lo que la continuada presencia de algunos ministros muy cuestionados revela que sólo cumplen con la misión de ser simples amanuenses en el manual de procedimientos de los gerentes de Cartes, que son los que realmente detentan el poder y forman parte del primer anillo de la gestión de HC.
El fantasma del “rekutú”
El proceso de reelección por la enmienda todavía puede ser ensayado en la Cámara de Diputados, sin que en el Senado haya una esperanza cierta para el cartismo de que vuelva a ser tratado, al menos hasta julio del año próximo. Es por eso que la reelección (rekutú) se ha vuelto como un fantasma que acecha en el aire, pero que no tiene asidero real en la agenda política, más todavía porque la reforma constitucional no se avizora fácilmente ya que requiere del acuerdo entre los principales partidos.
La reelección de Cartes nunca tuvo márgenes reales de cristalización, por la sencilla razón de que HC no llegó en ningún momento a plantarse en materia de seguridad pública, ni menos aún pudo dominar a las mafias de frontera que ahora le desafían abiertamente al Estado, incluido el minúsculo grupo subversivo del EPP.
Un ejemplo es la guerra actual que mantiene con los narcos, cuyos tentáculos ya dominan los departamentos del norte y sin que las Fuerzas Armadas ni la Policía realicen acciones contundentes contra esta amenaza para el futuro mismo de la República.
Al sentirse incapaz de doblegar a las mafias del narcotráfico y al EPP, que es como su brazo adicional, el Gobierno de Cartes está mostrando una llamativa impotencia, por lo que sus logros en otros campos de la infraestructura y en la economía se hallan opacados. De allí que la gran impopularidad de HC, según las encuestas, comienza por la falta de medidas para aplacar la gran inseguridad en las calles de las ciudades y en el campo, comenzando por los tres departamentos del norte de la Región Oriental, Concepción, Amambay y San Pedro.
Precisamente, tras otro nuevo atentado a la radio de su propiedad en Pedro Juan Caballero, el presidente del Congreso, el liberal Roberto Acevedo, fue contundente al decir que HC no toma cartas en el asunto de la tierra de nadie que es Amambay, virtualmente tomada por los narcos y sin que el presidente haya hecho un solo acto de presencia en dicha ciudad norteña desde que asumiera el poder hace tres años.
Llegado a este punto del mandato de Cartes, se puede afirmar sin temor a equívocos que el presidente ve complicado el proyecto de reelección azuzado por su entorno de gerentes y asesores, ante el rechazo que proviene de la población, en más del 80 por ciento de los consultados, por el fracaso de su política de seguridad pública y por no plantar cara ante el crimen organizado y los narcos, así como contra el EPP.
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