Escribe: Luis Alen.
Se va armando el nuevo escenario del negocio petrolero en el país, con la incorporación del gas boliviano en las importaciones que forman parte del monopolio de Horacio Cartes en favor de Petropar, en un avance más contra la libertad de comercio de los emblemas privados, que ya han sido perjudicados por la “reserva de mercado” de 50 por ciento que se estableció para la empresa estatal en 2015.
De acuerdo con el decreto firmado por el presidente el 6 de julio, con el número 7.427, se establece un obligatorio sistema de licencias previas para importar gas licuado de petróleo, que actualmente se realiza de Bolivia, y a ser otorgado en el lapso de diez días por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Pero este anacrónico e inconstitucional régimen que recuerda las cuotas de importación de décadas pasadas, no tendría sentido si es que finalmente no se llega también a la compra obligatoria de gas licuado de petróleo (GLP) a Petropar por parte de las fraccionadoras.
Se repite así la virtual confiscación de una parte del mercado en favor de la estatal, que ya se puso en vigencia para las importaciones de gasoil y naftas, lo que sirvió para revitalizar a Petropar a costilla del sector privado. Con esta inyección de fondos en forma obligatoria, el ente petrolero pudo subsidiar por ejemplo el “Ñande Gas” más barato que se ofrece en sus estaciones de servicio y en el camión cisterna ambulante por los barrios, a través de un cuestionado sistema que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y de las personas que habitan en la vecindad.
Monopolio “privatizador”
Lo notable del caso de la licencia previa para importar gas boliviano es que el gobierno de Cartes se ha sacado finalmente la careta y ya no disimula que la intención última de HC es que su grupo empresarial llegue a tener el control del negocio de importación de petróleo y gas en el país, en los próximos años.
El supuesto fortalecimiento de Petropar no es más que un pretexto, o por lo menos una etapa previa necesaria, para alcanzar después el objetivo principal que es posicionar fuertemente al Grupo Cartes en el negocio petrolero, ya sea con una compra de algunas empresas distribuidoras que deseen salir de un negocio en declive por causa de los decretos monopólicos, o con la creación de una supersociedad del tipo APP con Petropar y alguna empresa extranjera.
Una baja importante entre los emblemas privados ya acaba de ocurrir con el anuncio de la salida del país de Petrobras, que oficialmente se dijo está motivada por el escándalo de corrupción en Brasil del “Lava Jato”, pero oficiosamente se sabe que también se vincula a una evaluación de un menor volumen de negocios por causa de la arremetida cartista para controlar el sector petrolero paraguayo.
Lo que a primera vista se realiza con la mira puesta en el “bienestar” del pueblo y los precios más bajos, no es más que una burda maniobra para una posterior “privatización” del negocio petrolero y gasífero, disfrazado de una alianza público-privada en la que entrarían, por ejemplo, además de Petropar, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos),aportando la materia prima, mientras que la financiación correría por cuenta de Gazprom de Rusia y hasta el Gobierno de Irán, éstos dos últimos países estrechos aliados de Evo Morales, pero más deseososaún de poner pie en América Latina a expensas de los intereses de Estados Unidos en el mundo.
El Gobierno boliviano ya anunció que se apresta a ensanchar sus ventas de gas al Paraguay, comenzando por el acuerdo ya realizado del GLP (gas licuado de petróleo), siguiendo con un contrato próximo de provisión de gas natural por medio de un gasoducto que atravesaría el Chaco paraguayo hasta llegar a las cercanías de Asunción, con el fin de abastecer a los hogares, al transporte automotor y para la activación de termoeléctricas que generen electricidad para las industrias.
Por el momento, el sistema monopólico de Cartes causa roncha entre los empresarios petroleros paraguayos. En el caso del gas, la licencia previa choca con la rapidez de tan solo un día o máximo dos de las operaciones de importación que se realizan desde Bolivia en un 95 por ciento a cargo de los emblemas privados, y de sólo 5 por ciento por Petropar, mientras que el MIC tendrá un tiempo de hasta 10 días para autorizar o rechazar el operativo, según el decreto oficial.
Poco importa que el importador privado tenga retenida su carga en la aduana de Mariscal Estigarribia, hasta que el MIC se digne en expedirse, generando pérdidas sin ninguna razón de ser. Total, el objetivo es otro: reducir la participación de los importadores privados en el negocio, para aumentar la porción de Petropar, y, más adelante, permitir la presencia del mismísimo Grupo Cartes, en la eventualidad de la confirmación del interés de éste en el suculento negocio del petróleo y el gas, como ahora se va manifestando en forma todavía subrepticia pero indisimulada.
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