HC desafía a la ciudadanía y presiona sobre la Justicia

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Escribe: Luis Alen.

Cuando los medios dicen que la ciudadanía va por más políticos corruptos, después de haber echado con los escraches a Óscar González Daher, José María Ibáñez y Jorge Oviedo Matto, casi se olvidan de señalar que los verdaderos “peces gordos” de la política mafiosa instalada en el país tendrán que ser los próximos en caer, pero que ahora buscan desesperadamente asirse del poder, como el caso de HC, que insiste en sus intentos de manipular a la Justicia en búsqueda afanosa de impunidad.

También otro objetivo de las investigaciones por corrupción y enriquecimiento ilícito debería ser para la fiscalía el “líder” del Alto Paraná, Javier Zacarías Irún, y su clan familiar, por sus claras conexiones con el esquema de protección al lavado de dinero, de acuerdo con las agencias de Estados Unidos.

La indignación ciudadana fue muy útil para que Marito se afiance en el poder en sus primeros días de gestión, porque sin que abriera la boca para exigir la salida del senador cartista González Daher, consiguió debilitar al cartismo con el impresionante “raje” del padrino luqueño tras la seguidilla de escraches de la gente de a pie.

Pero HC, como toda respuesta, presenta ahora batalla en la Corte, acudiendo de nuevo a presionar al Poder Judicial para que le otorgue la ansiada patente trucha de senador activo, yendo contra lo establecido en la misma Constitución.

Horacio Cartes busca con la presión sobre la Justicia, no sólo recuperar la esquiva banca, sino, definitivamente, mantenerse en la cresta de la ola con el fin de continuar vigente políticamente y así ser una especie de contrapeso de Marito, tanto en el partido Colorado como a nivel nacional.

La jugada está bien calculada y hasta se podría decir como la única alternativa que tiene HC, ya que se le está cerrando el círculo envolvente de la embajada norteamericana, que no descarta incluso iniciarle alguna acción judicial en los Estados Unidos con miras a asestar al expresidente tabacalero un K.O. fulminante, si es que continúa poniendo palos a la rueda del gobierno de Marito, quien cuenta con el evidente beneplácito de la potencia hegemónica.

Aunque pareciera que la atención se centra más ahora en los chicaneros que eluden a la Justicia, parlamentarios colorados o liberales, en “peces chicos” como el diputado altoparanaense Carlos Portillo y hasta ZI se dio el tupé cínicamente de ofrecer la cabeza de González Daher en su tuit personal la semana pasada como maniobra de distracción, lo cierto es que la mira de la Fiscalía no debería perder de vista a los verdaderos patrones de la mafia, tal como lo reiteró Friedmann en plena sesión del Senado.

 

Prueba para la Justicia

Mientras la Fiscalía y la Seprelad están comenzando a realizar por fin, sin mayores trabas, su trabajo investigativo que mantuvieron en suspenso en toda la era cartista, la prueba de fuego se presenta ahora para los magistrados del Poder Judicial. Ya el caso de HC en la Corte, que reclama allí su banca, presenta inhibiciones sucesivas de cuatro ministros, pudiendo ser más aún con el correr de los días, por lo que el asunto finalmente se dirimirá con camaristas.

Fueron camaristas quienes resolvieron la anulación del proceso por la matanza de Curuguaty, poco antes de la asunción de Marito y como prenda de la movida de Fernando Lugo para no tomar juramento a Nicanor Duarte Frutos, sentando así un precedente para que a su vez Cartes no realizara lo mismo. Ahora serán de nuevo camaristas, si se apartan todos los ministros, quienes deberán sacar la cara en nombre de la Corte para poner las cosas en orden en este país, al amparo de lo que dicta la Constitución de la República.

Pero donde más se expondrán después los compromisos de la Justicia con la nueva situación política y ciudadana, serán los juicios y condenas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que se le vienen a los parlamentarios expulsados por la ira popular. Esta marea justiciera podría hasta alcanzar luego, además de HC, a otros popes cartistas como Javier Zacarías Irún, si es que se logra investigarlo como debe ser por sus trapisondas en la Triple Frontera, una zona particularmente caliente observada con lupa por las agencias norteamericanas antidroga, antilavado de dinero y antiterrorista.

Lo que no está evaluando HC es el grado de reacción ciudadana que podría tener una decisión judicial que le sea favorable para ocupar una banca prohibida por la Constitución. Es difícil pensar que existan en estos momentos jueces que quieran correr tal riesgo, por el peligro de que sean llevados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como resultado de la presión popular.

A propósito, ya fue iniciado el enjuiciamiento en el JEM de la jueza que concedió un amparo al expresidente Nicanor Duarte Frutos para que pudiera jurar como senador activo. La magistrada María del Carmen Novais hizo en los últimos días del mandato de HC, una demostración palmaria de la sumisión total de la Justicia en la era cartista, a contramano de la expresa disposición constitucional que prohíbe a los exmandatarios postularse para la reelección.

Hay una indicación clarísima que la ciudadanía vigila el comportamiento de la clase política en materia de corrupción e impunidad, y ya no tolerará ninguna disposición de la Justicia que tuerza este “nuevo rumbo” de la gente.

 

La vía política

Llama la atención que HC siga insistiendo en la vía judicial, cuando ve clausurada la vía política, ya que no tiene los votos para alzarse con una banca en el Senado. Aunque pueda obtener el aventón de la Justicia, resulta hasta provocativo de su parte intentar formar parte del Parlamento, habida cuenta de la derogación de la ley de autoblindaje, con lo cual bajó de 30 a 23 votos, en la Cámara Alta, la mayoría para sacarle la investidura eventualmente. Por lo visto, hasta le tienen sin cuidado las amenazas de escraches ciudadanos.

Lo que en última instancia pretendería Cartes es calibrar hasta dónde podría llegar la determinación de Marito y de Estados Unidos de sacarlo de en medio, a través de investigaciones fiscales y judiciales que permitan acusarlo por lavado de dinero, contrabando de cigarrillos o vinculaciones con la mafia de frontera, tal el caso de las protecciones al “doleiro” Darío Messer o al supuesto financista del Hezbollah, Assad Ahmad Barakat.

El reinado del lavado y el financiamiento al terrorismo, son las perlas encontradas como claramente contrarias a los intereses norteamericanos en la Triple Frontera. La coordinación estrecha entre Marito y Estados Unidos en este tema no da lugar a ninguna duda sobre la línea roja que no debe pasar el cartismo en sus movimientos, en su búsqueda de recuperación del poder.

Así como la vuelta al populismo de izquierda en Brasil y Argentina está vetada, a pesar de la recurrente crisis económica y monetaria en ambos países vecinos, tampoco aquí en Paraguay hay espacio para que el cartismo, con su experimento pro lavado de dinero, se vuelva a potenciar. Es el mensaje claro que deja todo el proceso político y de movilización ciudadana actual en nuestro país.

 

De allí que es de esperar que el cambio de timón en Asunción pueda conducir también a la neutralización del intolerable poder protector hacia el lavado de dinero, el contrabando, los distintos tráficos y el financiamiento al terrorismo, por parte de la clase política, especialmente en la zona de frontera, que floreciera bajo el manto de impunidad cartista entre 2013 y 2018.

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