HC en la lista negra de EE.UU. pone en jaque su poder fáctico

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Horacio Cartes recibió un fuerte golpe de Estados Unidos, cuyo gobierno lo declaró “significativamente corrupto”. Se concentran las miradas para conocer los movimientos que habrá de ahora en más en el quincho del poder de la calle España.

Escribe: Luis Alen.

 

Estados Unidos ya dio su veredicto declarando “significativamente corrupto “ a Horacio Cartes. El Gobierno norteamericano no esperó las elecciones sino que se adelantó para dar una señal clara que no tolera más los movimientos del Patrón HC destinados a controlar el poder fáctico y legal como hombre fuerte paraguayo. La contundente medida de Washington, prohibiendo a HC y familia su ingreso a USA además de no permitir ninguna operación de ellos en su sistema financiero, equivale prácticamente a una antesala del procesamiento judicial en el caso que Cartes siga persistiendo en desafiar a la potencia hegemónica.

 

Los voceros cartistas, entre ellos el abogado del expresidente, salieron al paso de la calificación de “corrupto, relacionado con bandas delictivas trasnacionales y actos de terrorismo”, esgrimiendo como era de esperar el carácter netamente político y no jurídico, por ahora, de la declaración del Departamento de Estado de EE.UU. 

Así trataron de minimizar la grave acusación y aduciendo más bien que HC está en disposición de “colaborar” para esclarecer los “supuestos hechos delictivos” que le atribuye el Gobierno norteamericano.

La lectura obligada de la medida adoptada por Estados Unidos contra Cartes pasa en primer lugar por las connotaciones políticas, porque como lo dejó entrever HC en el comunicado de prensa y en la defensa de su abogado, se trataría nada menos que de una interferencia perniciosa en el proceso eleccionario paraguayo, tanto en la interna de diciembre de la ANR como en las generales de 2023, con miras a impedir la vuelta al poder del cartismo.

Pero resulta evidente que el análisis cartista se queda corto en su apreciación, porque se trata de una aceleración de los tiempos políticos, ya que no se está ya a las resultas del resultado eleccionario, sino a partir de ahora se produce en cambio radical en el escenario mismo preelectoral, con la posible reedición del proceso de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien sería una de las “víctimas colaterales” de la sanción norteamericana, previo aseguramiento de la posición favorable de la bancada abdovelazquista de la Cámara de Diputados, cuya fidelidad a las órdenes de Marito no suele ser muy firme, a juzgar por lo que ocurrió, por ejemplo, la última vez cuando se había dividido para evitar la salida de la jefa del Ministerio Público, quien sabe por cuántos incentivos que actuaron como convincentes “razones” provenientes del Quincho del poder, todo ello destinado a mantener en su cargo a la protegida del Patrón.

 

La fiscala general en la mira

Aparece obvio que el zarpazo contra HC está dirigido principalmente contra su elemento clave que es la fiscala general del Estado, quien no se animará en ningún sentido a procesar o encarcelar a un pez gordo del calibre de Horacio, tal como se ha constatado en todos estos años después de la asunción de Marito Abdo al poder, pese a la existencia de suficientes datos sobre las posibles vinculaciones del Patrón con hechos de lavado de dinero, relaciones con el crimen organizado, los diferentes tráficos e incluso con el terrorismo internacional, de acuerdo con las pruebas de las que dispone Estados Unidos y de las que también posee el Gobierno paraguayo a través de sus organismos especializados, como la Seprelad, la Senad, la Secretaría Anticorrupción o la Secretaría de Inteligencia, todos ellos conectados con las bases de datos que manejan las agencias colegas de Estados Unidos y de los países de América del Sur.

Pese al cúmulo de pruebas en los diferentes casos ya abiertos en la fiscalía, sin embargo para Sandra Quiñónez no existe un motivo suficiente para procesar a Horacio, aprovechando la ausencia de una clara voluntad política para tumbar a HC, más aún cuando se sabe que Marito varias veces acudió a pedir el apoyo cicatrizante del Patrón del Quincho de la calle España. 

Estados Unidos conocía todo esto y también sabía que “no adelantaba nada” presionar sobre Quiñónez con una declaración de “corrupta” como en el caso de varios fiscales centroamericanos que también acaban de recibir la descalificación norteamericana al mismo tiempo que la de Cartes. El objetivo principal es Cartes, a la vista de que la protección política de HC es la que le mantiene a Sandra en el timón de la Fiscalía.

En ausencia del paraguas protector, la destitución por juicio político esta vez resulta inevitable, o hasta la renuncia de la fiscala general, más aún cuando lo están pidiendo ya todos los partidos y organizaciones claves de la sociedad y del empresariado. 

Es el paso obligado previo al nombramiento de un nuevo fiscal general, o fiscala general, que se anime a procesar a HC en vista de las graves acusaciones del Gobierno norteamericano y llevarlo eventualmente a los estrados judiciales para ser procesado, donde tendrá por otra parte la oportunidad de defenderse tal como pidió su abogado Pedro Ovelar.

El vicepresidente Hugo Velázquez y líder de la oficialista Fuerza Republicana dijo que apoyarán el juicio político en forma inmediata, más aún si es que Sandra Quiñónez no dispone el procesamiento de HC por las acusaciones de Estados Unidos. Pero el problema está en que, en las condiciones políticas actuales, un proceso contra Cartes podría alargarse sine die y utilizado por el Patrón para demostrar su supuesta “inocencia”, con lo que eventualmente podría zafar de la cárcel, como ya ocurriera con otros sonados casos de corrupción, como el muy bien recordado de Javier Zacarías Irún en el Alto Paraná.

La oposición y el coloradismo oficialista deberían insistir en la necesidad de tener un nuevo fiscal general que garantice la mínima independencia del Ministerio Público de las presiones políticas, al mismo tiempo que sea un instrumento idóneo para investigar y acusar a HC a partir de los mismos datos que podrían aportar los norteamericanos, lo que finalmente determinará la orientación del caso en la justicia para llegar a una posible condena, o en el peor de los casos, a una extradición a los Estados Unidos, si viniera un pedido de la justicia de dicho país.

 

El avión iraní

En forma llamativa, el abogado defensor de HC, Pedro Ovelar, trató de deslindar responsabilidades respecto a la contratación del avión iraní-venezolano que llegó a Ciudad del Este el pasado 13 de mayo para llevar cigarrillos de Tabesa de Horacio Cartes, y que había arribado con una frondosa tripulación integrada por 18 miembros, una parte de ellos venezolanos y otra parte de origen iraní, miembros éstos últimos de la Guardia Revolucionaria del gobierno teocrático de Teherán, especializada en acciones externas destinadas a apoyar en el mundo la causa del régimen islámico y que es considerada por Estados Unidos como una organización “terrorista”.

Es que la aparatosa presencia del Jumbo venezolano en el aeropuerto Guaraní ocurrió días después del alevoso asesinato en Colombia del fiscal de luna de miel en dicho país, Marcelo Pecci, habiendo para los investigadores norteamericanos sobradas sospechas de que la muerte del agente público paraguayo sería como venganza por las investigaciones que llevaba a cabo en el marco de la operación A Ultranza Py, que podría haber conducido a dilucidar el mecanismo de lavado de dinero proveniente de los tráficos fronterizos, entre ellos precisamente el de tabaco y su conexión con el terrorismo internacional comandado por Irán, de gran presencia en la Triple Frontera según las agencias norteamericanas.

Los iraníes y venezolanos se pasearon por CDE durante tres días sin ser molestados, e incluso fueron escoltados por fuerzas policiales para su seguridad. La cuestión surgió después, cuando saltaron las alarmas hasta el punto que ya en el siguiente viaje posterior a Sudamérica, el avión venezolano pero con matrícula iraní fue demorado finalmente en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires por una orden judicial argentina, ante las notorias sospechas de la conexión de los iraníes con operaciones de inteligencia terrorista en América del Sur.

Lo cierto es que se habría decidido acelerar la declaración norteamericana de tildar de “significativamente corrupto” a HC para también propinar un duro golpe a las pretensiones iraníes de afirmar su presencia en Sudamérica a través de las bandas criminales que controlan los negocios turbios en la región, conectados al lavado de dinero, el narcotráfico, el contrabando de tabaco y otros tráficos, como son el Primer Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho y que a su vez se hallan relacionados con el terrorismo trasnacional.

Las aristas internacionales del caso HC cobran ahora neta vigencia como resultado de la posición asumida por el Gobierno paraguayo en el caso del avión iraní, que en un principio apareció sobrevolando el país con conocimiento del presidente Abdo, según el abogado de Cartes, pero que después se habría utilizado el caso para denunciar la conexión que vio EE.UU. del relacionamiento de HC con el terrorismo internacional.

El asunto del avión sólo sería la gota que colmó el vaso norteamericano, ya que el mismo embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, detalló que Cartes utilizó su rango de presidente para ayudar a su “amigo del alma” Darío Messer, el rey brasileño de los doleiros, a permanecer prófugo, para luego beneficiarse él mismo de esta situación con el fin de expandir sus propios negocios. En realidad, lo que sí debe darse aquí es que una apertura de un proceso a HC tendría que proporcionar la oportunidad de realizar una investigación de todas las acusaciones, al tiempo de otorgarle a Horacio la ocasión de defenderse, tal como pidió su abogado Ovelar.

En cierto modo, lo que debe ahora ocurrir es que se haga una investigación completa y seria de las actuaciones de Cartes, de tal forma que se defienda al amparo de un sistema de justicia imparcial, pero también después pague no sólo una eventual condena sino que devuelva lo que habría sustraído al pueblo paraguayo en sus andanzas ilegales, si es que se demuestra que las hubo, en vez de tratar de cubrir las serias evidencias que existirían en su contra manejadas por los Estados Unidos, con el pretexto de ser uno de los empresarios que más fuentes de trabajo ha creado para sus connacionales.

En su comunicado tras el anuncio norteamericano, HC se ufanó también de ayudar a traer inversiones al país, pero lo ocurrido ahora puede por el contrario ser negativo a la imagen paraguaya y pone en riesgo al sistema financiero nacional, que debe ahora desprenderse de cualquier sospecha con el fin de ayudar a erradicar el modus operandi de la gran lavandería de dinero sucio, para no mezclarse con las operaciones ilegales o con el mecanismo de protección a las actividades destinadas a blanquear activos de dudoso origen.

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