Escribe: Luis Alen.
Estados Unidos centra ahora su mirada en la Corte Suprema, a la que pide se mantenga independiente para luchar con más determinación contra la corrupción y la impunidad, ya que la Fiscalía General continúa bajo la influencia de Horacio Cartes. Una de las primeras medidas del más alto tribunal para satisfacer el pedido norteamericano, fue la posibilidad que, por fin, Javier Zacarías Irún sea llevado a un juicio oral.
Al mantener su puesto la fiscala general Sandra Quiñónez, quedó en flagrante evidencia el lado débil de Hugo “Toro” Velázquez, siendo notorio en el caso de la fiscala general que no pudo salir airoso frente al poder fáctico de Horacio Cartes, que ya ha puesto en ridículo al mismo presidente Mario Abdo, cuyos funcionarios de Hacienda suelen salir a defender constantemente el negocio más rentable del Patrón que es el tabacalero.
Para Hugo Velázquez ha resultado un trago amargo la “venganza” cartista que se basó en cooptar no sólo a la bancada llanista sino a diputados del sector oficialista, con lo que se pone en evidencia el flanco débil del “Toro”, porque para lidiar con el Patrón HC y su imperio económico, la lealtad de los legisladores colorados se mide por lo visto en función al grado de control que ostente quien asume el padrinazgo político sobre la Fiscalía y la Justicia, que significativamente en la gestión gubernativa de Marito fueron a parar casi totalmente en poder de HC.
Ahora ha quedado firme y bien atado el escenario que quiere Horacio Cartes para arremeter con su plan de tomar el Estado para su proyecto hegemónico donde se “laven” no sólo activos de oscura procedencia en la economía paraguaya, sino también se “blanquee” a los amigos del poder a través de instituciones manipuladas para tales fines.
HC no podía permitir, por ejemplo, que la Fiscalía general caiga en manos de algún sector contrario a la finalidad que persigue de consolidar su hegemonía fáctica con la conquista de los últimos personeros estatales que aún faltan caer en su esfera de influencia en los tres poderes. En la Corte y en el Ejecutivo puede influir de sobra, pero aunque en el Senado y Diputados en apariencia el cartismo se encuentra en minoría, la última votación en la Cámara Baja demostró que Horacio puede seguir pescando en río revuelto para conseguir finalmente una votación a su medida, gracias a su bolsillo profundo y a los datos que posee de sus adversarios al tener acceso pleno a documentación clasificada que maneja la fiscalía.
El gran misterio es cómo, a pesar de la operación “A Ultranza” y de tener nada menos que el supuesto control sobre los organismos de seguridad, de inteligencia, antinarcóticos, antilavado de dinero, anticontrabando y anticorrupción, Marito se dejó “correr con la vaina” nuevamente, en el último episodio del archivamiento del juicio político a Sandra Quiñónez. Pareciera como un juego de toma y daca, ya que Cartes le salvó a Abdo dos veces del “impeachment”, y ahora también recibiría como moneda de cambio el salvataje de Sandra Quiñónez por segunda vez, de parte de un presidente agradecido por las mismas atenciones.
Pero no es un caso para tomar a la ligera, estando sobre la mesa la supervivencia de la democracia en el país y el futuro de las instituciones. La perturbadora reculada pro cartista de diputados abdistas asediados por investigaciones fiscales en busca del “blanqueo” a ser ordenado por el Patrón, es el reflejo fiel de la enfermedad terminal que afecta a nuestra política, que es la erosión total de la institucionalidad por parte de una clase política corrupta amparada en la más descarada impunidad.
Un objetivo central de un frente opositor que desplace a la ANR del poder en 2023 debería ser sin lugar a dudas terminar con la corrupción impune que está amparada por una minoría política y oligárquica que se beneficia económicamente con este estado de cosas, en directo detrimento de la mayoría de la población.
Negocios del Patrón
Al no atacar los negocios más lucrativos del Patrón, a Marito sólo le cabe vegetar hasta entregar el gobierno el año próximo, por cuanto ni siquiera su vicepresidente y candidato a la primera magistratura, el “Toro” Velázquez, pudo asegurar los votos con los cuales desplazar de su cargo a la fiscala general cartista.
Se podría decir que el oficialismo intentó abrirse paso en los vericuetos fiscales y judiciales para ir luego al asalto definitivo de los bastiones de HC que son sus negocios financieros basados en los tráficos de frontera, ya sea cigarrillos u otras “yerbas”. La defenestración de Sandra era uno de los objetivos para hacer realidad las investigaciones que por un momento se creyó que vendrían a través de la feroz denuncia hecha por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acerca de las supuestas conexiones de Cartes con el mecanismo financiero y de lavado que sirve de soporte a las actividades de los grupos criminales diseminados por gran parte del territorio nacional e incluso más allá de nuestras fronteras.
Hasta se volvió a esgrimir el aumento del impuesto al tabaco como posible arma para financiar el subsidio a los combustibles, de tal forma a calmar los ánimos de los camioneros que cierran rutas para reclamar precios más bajos del gasoil y de la naftas. Pero esta última posibilidad ya sonaba como manotazo de ahogado a la vista del lamentable espectáculo dado por los diputados oficialistas que inclinaron el espinazo ante HC, para dar lugar al salvamento de Sandra.
Es que el lamentable episodio de la “abdicación abdista” ante el Patrón por la “fuga” de diputados asediados por procesos judiciales, no es sólo por la presión fiscal o judicial del poder fáctico de HC, sino por la percepción de que todo el aparato administrativo del Estado se encuentra al servicio de los negocios de Cartes.
Por ello suena a humor negro que se busque ahora aplicar más tributo a los cigarrillos cuando el subsecretario de Tributación, Óscar Orué, salió a decir que las tabacaleras no realizan contrabando o que no evaden impuestos, en contra de los intereses del Estado.
Si el “Toro” no tiene las agallas para volver a intentar un nuevo proceso de destitución de Quiñónez en el transcurso de las próximas semanas, que lo permite la Constitución al no estar reglamentado el artículo 225, es muy posible que pierda la interna de diciembre de la ANR, por lo que cada vez más es factible esperar que la convergencia opositora se deba armar como un frente anti-Patrón en las generales de abril de 2023, poniendo en la chapa presidencial a las figuras indicadas que puedan acaparar la confianza de la población para derrotar a la dupla Santi Peña-Pedro Alliana.
Embajador en la Corte
Después de una visita “de cortesía” del nuevo embajador de EE.UU., Marc Ostfield, al titular de la Corte Suprema, Antonio Fretes, sugestivamente se conformó la sala constitucional del más alto tribunal de la República para decidir si Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod van finalmente a juicio oral por declaración falsa.
Unos días antes, “Primera Plana” había informado del generoso favor de la Corte a los esposos que encabezan el clan ZI para alargar en exceso, ya por dos años, una definición sobre una inconstitucionalidad presentada por la defensa de los Zacarías para alargar “ad eternum” el finiquito de sus cuentas pendientes con la Justicia, con el fin de permitir que el senador vuelva a las andadas políticas al refugiarse ahora en las carpas del “Toro” Velázquez como candidato nuevamente al Senado.
Pero ZI fue rechazado por las bases coloradas, que no ven con buenos ojos que una persona con tan graves acusaciones pueda seguir ocupando la representación popular en el Congreso, porque además de declaración falsa están en otro juicio la lesión de confianza, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, y que igualmente se halla en poder de la Corte como forma de dilatar la llegada al juicio oral.
Si la Fiscalía no pudo ser tomada por el oficialismo abdo-velazquista, queda por ver si a nivel de la Corte cómo está el balance entre el poder legal (oficial) y el poder fáctico (real), es decir en pocas palabras si el “Toro” puede decir que tiene la posibilidad de que por lo menos en la más alta instancia judicial del país haya visos de conseguir algún atisbo de capacidad para enfrentar a la corrupción y a su mecanismo de retroalimentación que es la impunidad judicial.
A Velázquez le conviene alzar la bandera del fortalecimiento institucional, porque sólo a través de este formato el próximo gobierno podrá tomar las medidas destinadas a superar la graves crisis económica y social post-pandemia y de la situación inestable internacional exacerbada por la guerra de Rusia en Ucrania con efectos adversos sobre toda la economía mundial.
La impunidad afecta al pueblo
En vez de defender al pueblo en graves asuntos que hacen al bienestar de la población, el presidente Marito Abdo permitió que continuara el festín de corrupción e impunidad, al no insistir no sólo que el Paraguay reciba más compensación en Itaipú y Yacyretá, sino en cobrar mucho más al negocio tabacalero liderado por el Grupo Cartes.
Las denuncias del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra HC por lavado de dinero originado en el contrabando de tabaco, que en un principio contaban con datos de las agencias de inteligencia de nuestro país, de Estados Unidos y de Brasil, habrían sido avaladas también por el presidente Abdo.
Pero ahora se ha sabido que tanto el Ministerio de Hacienda como la Procuraduría General de la República, defendieron a las tabacaleras ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos resolver sobre una denuncia de evasión del año 2000, y que nunca ha sido investigada, pese a lo prescripto en el artículo 238 de la ley 125 de 1991, que dispone en forma taxativa que la SET debe iniciar las auditorías de un denunciante particular a pesar de la existencia o no de fiscalizaciones anteriores.
La Sala Penal de la Corte Suprema, que entiende además en lo contencioso-administrativo, deberá expedirse sobre una denuncia realizada hace 20 años contra varias empresas tabacaleras por evasión impositiva en el marco de la Ley 125/91, y que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) lo ignoró en forma aberrante, en un caso que llegó ahora a la máxima instancia judicial.
Inicialmente, el monto evadido por las tabacaleras era de US$ 33 millones, según el análisis realizado por la denuncia, pero que a la fecha ya llegaría, de acuerdo con la última justipreciación del abogado accionante, a unos US$ 250 millones por el tiempo transcurrido, incluyendo las multas e intereses legales.
El proceso de investigación fue iniciado por la misma Secretaría de Tributación el 1 de noviembre de 2000, pero llamativamente después fue frenado con varias maniobras con el fin de ir al “oparei”, con el agravante de la desaparición del documento original en la propia Dirección de Fiscalización Tributaria.
A pesar de las pruebas irrefutables de la evasión perpetrada del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), atribuido a las tabacaleras en términos de producción real y ventas declaradas al fisco en fábrica, y que demuestra con números la denuncia, la SET no reconoció un hecho comprobado que hubiera devuelto cuantiosos recursos al Estado, desviados en vez de beneficiar con servicios públicos al pueblo paraguayo.
Llama la atención que la ya antigua denuncia que obra en la máxima instancia judicial, señala que gran parte de la producción de las tabacaleras no era declarada ante la SET, llegando inclusive algunas fábricas a suscribir ventas gravadas de poco más de 10 por ciento del total producido en relación a la importación de la materia prima, con lo que se presume que una gran porción se orienta hasta hoy al contrabando de cajas y cajetillas de cigarrillos a los países vecinos, según las reiteradas denuncias que se realizan en el plano internacional y a nivel local por informes de organizaciones y entidades de reconocida solvencia.
El informe del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) maneja datos semejantes, al expresar que sólo un 13 por ciento del total producido por las tabacaleras ha sido declarado a la SET entre los años 2008 y 2019, según una metodología que compara los insumos importados para la elaboración de los cigarrillos con la declaración de producción de las empresas a la autoridad fiscal.
De la Corte Suprema depende ahora que una buena cantidad de dinero sustraído a las arcas fiscales le posibilite al Ministerio de Hacienda y al Estado cumplir los numerosos reclamos que se hacen de asistencia a la ciudadanía por motivo de la emergencia sanitaria y su secuela de crisis económica y social.
Lo peor es que el Gobierno en vez de salir en defensa de los intereses del pueblo paraguayo, favorece los intereses de empresas privadas acusadas de evasión, lo que comporta una complicidad criminal, por lo que, además de dar la razón a la denuncia en manos de la Corte, se deberá enviar a la Fiscalía todos los antecedentes de lo actuado en el mencionado expediente.
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