Escribe: Luis Alen.
Al principio del Gobierno de Horacio Cartes se pensaba que, finalmente, el Paraguay lograría arribar al “grado de inversión” de las calificadores internacionales de riesgo país, pero a través de tres años de gestión, en vez de avanzar se ha retrocedido nuevamente en el nivel de calificación de positiva a estable, tras evidentes progresos anteriores en los niveles de calificación en la posición “BB”, por lo menos en lo que respecta a la Standard & Poors.
El Gobierno salió a explicar que no se llegó a la meta, pese a condiciones propicias de estabilidad en el manejo fiscal y monetario de los últimos diez años, por la ausencia de medidas estructurales que mejoren la gestión del Estado para favorecer especialmente la expansión de las inversiones, por la ausencia de buena infraestructura física y social.
La explicación, sin embargo, es incompleta, ya que la gestión de la política económica del Gobierno de HC no fue muy dinámica en inversiones en la infraestructura en los primeros años de la administración, y como ejemplo se cita el hecho de que sólo a partir del año pasado así como en el actual ejercicio se ha intentado darle un impulso mayor a la inversión pública en rutas y otras obras necesarias con el fin de superar el secular atraso del país en esta materia.
Y eso a pesar de que el Gobierno cuenta con suficiente financiamiento internacional, a través de los bonos soberanos, lo que ha llevado a duplicar prácticamente la deuda externa.
Se trata de achacar a la falta de gestión estatal en la administración de estos recursos. Pero también hay que vincular la falta de inversión pública a una deliberada acción de poner freno no sólo a hechos de corrupción heredados de gobiernos anteriores sino a buscar la forma de realizar las obras con mecanismos diferentes de adjudicación como la Alianza Público-Privada, en los que primen criterios y manejos poco claros del gobierno de turno, cuyos procesos de cristalización han mostrado ser muy lentos para la celeridad con que se necesitan las acciones para mostrar resultados en este campo vital de la gestión gubernamental.
Impacto en la inversión privada
Pero el dato más relevante se tiene en el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, que habla de que el Paraguay estuvo en 2015 entre los cinco países latinoamericanos en donde más se redujo la inversión extranjera directa.
La caída fue del 18 por ciento, lo que indica que algo no funcionó muy bien para que los inversores privados dejaran de apostar por el Paraguay, a pesar de las buenas condiciones visualizadas en los sectores inmobiliario y de la construcción de grandes edificios, la mayor parte de ellos proyectados en años anteriores.
Siempre se cita como causal de la menor llegada de inversiones privadas externas a la inseguridad física y jurídica, ya casi como una letanía. Lo que sí se debe señalar es que el gobierno cartista tomó medidas desfavorables para la inversión privada como, por ejemplo, en el caso del monopolio de Petropar, que ha llevado a una situación de efecto dominó en desalentar radicaciones de capital no sólo en el sector de combustibles y gas, sino también en otros rubros productivos.
Asimismo, la ausencia de transparencia y resultados en el proceso de Alianza Público-Privada (APP), llevó a una situación de estancamiento en las inversiones de grandes obras de infraestructura en las que el capital privado y extranjero resulta un protagonista de primer nivel.
Finalmente, existen situaciones oscuras en la gestión cartista, en el mismo ramo petrolero y que explican de alguna forma el roce con la multinacional Petrobras, ocurrido el año pasado y que ha causado malestar en el ambiente propicio para las inversiones extranjeras.
Por caso, ya van tres presidentes defenestrados en Petropar durante la era Cartes, pero el gerente “ad honorem” de HC en la petrolera, sigue tan campante en su puesto de virtual mandamás, sin que ningún escándalo de negociados ni la constatación de que la deuda de más de US$ 300 millones con Venezuela sigue impaga, le haya costado el puesto.
El tal “gerente”, Carlos Cañete, cabeza del exclusivo club de gerentes del grupo empresarial Cartes, cumple evidentemente el papel de vigilar los verdaderos intereses que están detrás del negocio petrolero paraguayo y que todo sector que detenta el poder trata siempre de controlar.
Existe una cara visible que suele defender los intereses del Gobierno y es el ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, como en el caso del monopolio establecido el año pasado a favor de Petropar en la comercialización de combustibles en detrimento de la libre importación que regía desde 2000.
En los casos de sospechas de grandes negociados en el manejo del ente estatal, como el escándalo de las garrafas asiáticas sobrefacturadas, en el Gobierno de HC cortaron la cabeza en abril pasado a Rómulo Campos Krauer, y hace unos días de Catherine Vargas, para ser reemplazada por Eddie Jara, pero resulta evidente que los intereses cartistas corren paralelos y están a cargo del verdadero “capo”.
El caso de la deuda de PDVSA
Otro ejemplo de desprolijidad en el manejo de la política económica es la deuda con PDVSA de Venezuela, que ahora reclama el pago inmediato y al contado de US$ 287 millones con los intereses, so pena de llevar el caso a los estrados judiciales. En casi tres años de gestión de Cartes y de su gerente “ad hoc” en Petropar no se pagó un centavo de la deuda, pero que pende sobre el Gobierno paraguayo como una espada de Damocles.
Los asesores de HC hablan de llevar la deuda hasta 2023 y refinanciarla, o en todo caso pagarla con una quita del 50 por ciento, lo que no es aceptado por el Gobierno venezolano. Y no se le ocurrió mejor idea a los “gerentes” y abogados de HC que utilizar la deuda como arma política contra los ex presidentes Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, cuya responsabilidad no está clara toda vez que el Gobierno actual es el que debió haber solucionado el problema hace rato, a pesar de haber sido una pesada herencia.
Facebook Comentarios