Escribe: Luis Alen.
No por esperado se puede decir que sea el mejor escenario: el poder concentrado en Horacio Cartes y el lamentable papel de mero amanuense que perfila la jefatura de Estado de Santiago Peña. Lo afirmó el propio HC, cuando dijo en una cena con apoderados de la ANR que al ser titular colorado “se siente” el presidente de la República. Es la confirmación de que la lapicera de Santi dependerá en sumo grado de las órdenes y la aprobación de Cartes.
No hacía falta desde luego que el Patrón se manifestara así con una sinceridad inusual, ya que los hechos lo están confirmando, cuando el presidente electo fue “puenteado” por ministros del Ejecutivo de Marito que fueron a visitar a HC en la Junta de Gobierno de la ANR, el miércoles 7, para buscar su apoyo al plan de un inversionista privado, lo que da la pauta de lo que será la norma en el gobierno cartista que se avecina.
Con el objetivo de guardar las formas, poco después se lo vio a Santi Peña con Marito para iniciar el proceso de transición junto al equipo designado para tal función en un encuentro realizado el jueves 8 en Villa Rosalba, la nueva sede del Ejecutivo ubicada como anexo del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, frente al ministerio de Defensa Nacional, hasta tanto finalicen las obras de refacción del Palacio de López.
Allí Marito Abdo le prometió un traspaso de poder ordenado y en armonía, dejando en suspenso la insinuación inicial procedente con seguridad del propio HC, de parar las licitaciones y contrataciones públicas hasta que asuma el nuevo gobierno.
Por el contrario, Santi Peña esbozó la primera equidistancia con su jefe, al reconocer que “el Estado debe seguir funcionando”, por lo que acordó con Marito un canal de comunicación que asegure la continuidad de las acciones a ser tomadas por el Gobierno saliente, reconociendo su preeminencia en la toma de decisiones hasta el 15 de agosto.
De esta forma, de los roces iniciales entre el equipo de transición de Peña liderado por Lea Giménez y el equipo de Marito, se pasó ahora al escenario de lo que ya es de esperar ocurra en el gobierno cartista, con un Horacio Cartes lanzado a dar órdenes desde la calle 25 de mayo o desde el quincho del poder de la calle España, condicionando así que las decisiones del Ejecutivo dependan de su última palabra.
Hay que ver en qué termina así la presidencia de Peña, pues el cargo y la responsabilidad de jefe de Estado están bien definidos en la letra de la Constitución y resultan indelegables.
Se sabía del riesgo que en el gobierno cartista de Peña podría darse la bicefalía o un ejercicio compartido del poder, pero de que HC le marque la agenda a Santi ya es otra cosa, lo que demuestra por otra parte la necesidad que tiene Horacio de hacer alarde de su poder fáctico, sin dar mucha chance a que vaya creciendo el poder por lo menos legal de su delfín.
Una señal para EE.UU.
Sabiendo que Estados Unidos le observa todos sus movimientos, Cartes por lo visto dio su aprobación para el primer integrante designado en el gabinete de ministros, con Enrique Riera en el ministerio del Interior, que lanza un mensaje de “mano dura” contra cualquier intento de protestas masivas en las calles y rutas del país, que serán reprimidas sin respetar en lo más mínimo las garantías constitucionales, poniendo así en aprietos a la propia democracia y al Estado Social de Derecho que está consagrado también en la Constitución.
Riera se ha convertido en la pieza clave para el afianzamiento de una derecha excluyente de cualquier atisbo de “pacto social” con los sectores más relegados de la sociedad, como los campesinos pobres y los indígenas.
Con esta posición del cartismo por una necesidad de aparecer como el garante de una intransigencia frente a los reclamos sociales, estamos ante un horizonte cercano de enfrentamientos sociales que se podría evitar con el diálogo entre las distintas fuerzas políticas, para encarar los grandes problemas de desigualdad y pobreza que afligen a la sociedad paraguaya.
El senador cartista y flamante futuro ministro del área más sensible como es el de seguridad, anuncia que no tolerará los cierres de rutas, ocupaciones de tierras y las manifestaciones, que aunque sean pacíficas y no violentas, serán consideradas como una suerte de atropello a la Constitución, cuando ésta por el contrario incluso otorga todas las garantías para la movilización ciudadana en defensa de los derechos sociales que se encuentran plasmados en la misma Carta Magna de 1992.
No hay que olvidar que la Constitución, que cumple ahora 31 años de vigencia en la era democrática, establece un conjunto de reglas de convivencia sobre las cuales se basa el Estado Social de Derecho, que posibilita un sistema político representativo y participativo donde la sociedad pueda manifestarse libremente y expresar sus opiniones con toda libertad, contrariamente a lo que ocurría en la dictadura stronista, donde estaban conculcados los derechos humanos así como todas las garantías democráticas.
Riera aclaró en sus posteos en las redes sociales que en aras de defender “derechos de terceros”, no permitirá las protestas que impliquen interferir la libre circulación de personas así como las invasiones de propiedad privada, pero lo que está en la raíz del problema es la advertencia ya lanzada ahora de que no habrá posibilidad de un diálogo social o político en el nuevo régimen cartista, tras poner en primer lugar el mantenimiento a ultranza de un statu quo que dificultará avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en el reparto de la generación de riqueza, lo que augura más inestabilidad social en vez de un desarrollo sostenible con rostro humano.
La disidencia colorada
Como resultado de la derrota categórica en las elecciones por su incapacidad de presentar un frente unido, a la oposición se le sigue haciendo cuesta arriba armar una estrategia que le permita alzar la voz de los votantes mayoritarios que no sufragaron por la ANR. Por tal motivo, se vuelve a plantear hasta qué punto una disidencia colorada se convertirá en el nuevo eje para armar una real oposición multipartidaria contra el gobierno cartista, que se muestra excluyente en los temas que pueden beneficiar a las grandes mayorías marginadas del crecimiento y de la creación de riqueza.
Como en gran parte de los períodos legislativos anteriores, la ANR volvería a tener su disidencia que hará frente al cartismo, pese a que en ambas cámaras del Congreso cuentan con mayoría propia. En la medida que el abdismo no tenga más fugas hacia el cartismo, se concretaría el camino libre para que la minoría opositora intente negociar con los anti-HC con el fin de aprobar o rechazar los proyectos y medidas del Ejecutivo de Santi Peña.
Aunque en Diputados ya se acordó entre ambas bancadas coloradas, la cartista y la abdista, acompañar a un candidato pro-HC para la titularidad de la Cámara Baja, en el Senado los disidentes republicanos podrían tener el apoyo opositor para evitar la pretensión cartista de tomar la presidencia, y para ello se debe tener en la oposición un bloque unido al que se sumen los senadores “payistas” de Cruzada Nacional.
De momento, ya se sabe que Payo Cubas les pidió a sus legisladores, tanto senadores como diputados, no enfilar sus votos hacia los “peñacartistas”, lo que confirmaría una posición favorable del “payismo” a acompañar al bloque opositor en cuestiones fundamentales en que se requiera una mayoría anticartista, con el aporte de Fuerza Republicana y de los demás legisladores opositores, no sólo en el Senado sino incluso en la Cámara de Diputados.
Tener la posibilidad de armar mayorías, aunque sea caso por caso y según los temas en discusión en el futuro Congreso, entre los abdistas y la oposición unida no colorada, implica un reaseguro esencial para la democracia, en vista de la necesidad de erigir un contrapeso al poder de HC, que está mostrando sus garras ya en el actual período de transición, como queriendo erigirse en el garante de la estabilidad económica y la gobernabilidad política, mostrándose a propios y extraños, dentro y fuera del país, que es la fuente de donde provendría el soporte para la tranquilidad social.
Sin embargo, la ausencia de todo atisbo de la búsqueda de un “pacto social” para encarar las reformas y los cambios necesarios en el Estado con el fin de que la estabilidad macroeconómica se traduzca en un beneficio real para el aumento de los empleos y los ingresos de la gente, no da lugar a un optimismo en cuanto a la posibilidad de que la dinámica económica que se anuncia entre los expertos económicos llegue a promover una mejoría de los indicadores sociales.
Asimismo, también hay expectativa sobre las reales intenciones del Gobierno cartista en la lucha contra el crimen organizado, el hampa del narcotráfico y las mafias de frontera, porque hasta ahora con Enrique Riera en Interior sólo se ofrece represión a las reivindicaciones sociales, mientras que desde la Fiscalía a cargo de Emiliano Rolón se está impulsando un plan de prevención y de seguridad más sofisticado con apoyo tecnológico inclusive, pero que requiere del apoyo de los organismos gubernamentales del ámbito policial, de inteligencia y de investigación, que dependerán directamente del entorno de HC.
Y hablando de los hombres del presidente de facto que es el Patrón HC, integrantes del “desaparecido” Grupo Cartes en los papeles podrían sumar sus nombres al gabinete de Santi Peña cuyos miembros se irán conociendo en los próximos días, y queda por ver si en algunos puestos claves en las áreas económica y energética, o en Itaipú y Yacyretá, vuelven a aparecer los “gerentes” cartistas que ya fueron conocidos en el período cartista de 2013-2018.
Por de pronto, suenan algunos nombres conocidos, pero sin ninguna confirmación, como el caso del diputado Justo Zacarías Irún como posible titular de Itaipú. Pero la gente se pregunta con razón si el cartismo tendrá la confianza necesaria en un ZI para dejarle nada menos que “la caja” por excelencia de todo gobierno, más aún en momentos en que se avecinan las cruciales negociaciones con Brasil sobre el Anexo C del Tratado firmado hace 50 años.
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