Escribe: Luis Alen.
Horacio Cartes admite cierto margen de maniobra para la disidencia colorada, pero con la aclaración de que no hay cabida para los “traidores” en sus propias filas, con lo que se explica el por qué del espíritu de cuerpo que raya en la impunidad entre sus miembros, al mismo tiempo que se propicia un estricto blindaje judicial que a la larga puede beneficiar también al actual Patrón y dueño del poder real en nuestra política.
El presidente de la ANR, Horacio Cartes, aprovechó el acto central por el aniversario colorado en el Panteón nacional para reiterar que su poder real no sólo se basa en mantener a toda costa la famosa “unidad granítica” de los tiempos stronistas, donde sólo tenían cabida las órdenes emanadas del general devenido en líder político, sino también para lanzar la inquietante advertencia de que, aún cuando se tolere cierta clase de disidencia, no se permitirá en absoluto una “traición”.
¿Pero cuál es la fina línea que separa a un disidente del traidor? O formulado de otra manera el interrogante, ¿en qué momento se configuraría la “traición” para HC?
La respuesta estaría en la práctica actual del unicato cartista al marcar sus prioridades a la hora de defender al único líder de las acechanzas que se le vienen, tanto desde Estados Unidos como desde el frente interno, no tanto de parte de la desarticulada y casi inexistente oposición colorada o anticolorada, sino de la actuación de potenciales traidores que militan actualmente en las mismas filas oficialistas o le sirven de instrumento útil desde los estamentos del Estado, la Justicia e incluso en el sector privado empresarial.
Así se explica también por qué existe un espíritu de cuerpo bien nutrido y aceitado para defender a ciertos legisladores antiguamente opositores, que ahora son rabiosamente procartistas, que se arman de un blindaje con el propósito de aprovechar la ocasión y montar sus propios feudos irreductibles arremetiendo contra leyes y el ordenamiento jurídico para ir contra personas y propiedades ajenas, sin hacer mella en ellos las consecuencias civiles o penales, ya que gozan de total impunidad gracias a la orden superior del Patrón.
Todo sea para mantener la aplanadora en el Congreso y así gobernar sin que sea necesario llegar a más costosos pactos sociales o políticos.
Premio y advertencia
Los obedientes a los mandatos del unicato ya saben así que gozan eventualmente del premio de recibir como recompensa el manto de impunidad, pese a que eso en definitiva podría poner en riesgo el gran esfuerzo realizado para afianzar la seguridad jurídica y dar credibilidad al país, con el logro reciente del “grado de inversión”, que resulta el mejor calificativo que pueda recibir una economía para captar radicaciones de capital, principalmente las inversiones directas y que corren su propio riesgo, antes que las relacionadas a capitales especulativos, préstamos o bonos.
Como una forma de lavar la cara del régimen, HC le largó la mano por ejemplo al ex gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, quien soportará ahora juicio oral por un supuesto desfalco multimillonario en la época de la pandemia, pero hasta ahora no permitió que la Justicia cumpliera su rol para enjuiciar y desplazar del Senado a Erico Galeano, por narcotráfico, o a Hernán Rivas por su escandaloso episodio del posible título falso universitario.
Nada menos que a Rivas se le incluyó ahora como integrante de la comisión parlamentaria para “acompañar” las negociaciones del Anexo C de Itaipú, pero cualquiera sabe que deben estar allí personas versadas e idóneas, más aún cuando se juega el futuro de muchos años del país en una negociación sobre la energía con Brasil.
Esto habla de cuerpo entero que para el cartismo no es tan importante la excelencia o el conocimiento de sus adherentes, sino de su grado de sumisión a la hora de votar tal o cual directiva procedente del Quincho del Patrón.
Son varios más los “ejemplos” de funcionarios averiados como el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero que deben ser preservados de fiscales inquisitivos o de jueces implacables, con tal de mantener obediente a los demás integrantes del funcionariado, convirtiendo a estas alturas a la impunidad como la quintaesencia del régimen del unicato.
Pero no contento con premiar a la tropa disciplinada, Cartes lanzó también la otra cara de la moneda, con la advertencia de que actuará contra los “traidores”.
No se sabe cómo, pero se puede deducir de su mismo proceder con quienes son leales al poder y reciben el trato que “merecen” con el blindaje fiscal y judicial incorporado.
El mensaje de advertencia parece que va dirigido más bien al sistema de Justicia, que es el que en última instancia debe dar su veredicto cuando tiene en sus manos el análisis de los casos en que potencialmente podría ser salpicado el mismo HC, como llegaría a ocurrir en el ámbito de la Corte Suprema, que hasta el momento se ha mostrado muy sumisa al poder real y fáctico que campea en nuestra política.
Basta con recordar que la Corte da largas en dictaminar sobre el pedido de la ex senadora Kattya González, para volver a ser incorporada a la Cámara Alta, de donde fue expulsada por el voto mayoritario cartista en un arrebato del comando cartista que tenía la intención de demostrar que se halla por encima del mismo orden constitucional, llegado el caso de indicar quién es el que “manda” en el país.
Reclamo de firma norteamericana
Como ejemplo de la actuación subordinada de la Corte ante el poder fáctico-político que impera en la República, Primera Plana se hizo eco, en su edición del 6 de noviembre de 2023, del reclamo de una empresa norteamericana de aviación ante la Justicia, para el cobro de una indemnización por daños y perjuicios de US$ 6.280.000, contra los fiscales Aldo Cantero y Emilio Fúster, así como en forma subsidiaria en contra del Estado paraguayo, por la retención ilegal de un jet privado Gulfstream III con matrícula N111FA, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, en plena presidencia de HC.
El título del mencionado artículo lo decía todo: “Firma de EE.UU. denuncia a la Justicia sometida al poder”.
Pese a que las acusaciones de los fiscales sobre “tentativa de contrabando” de lingotes de oro quedaron en la nada, porque no fueron probadas, el representante de la empresa norteamericana, Marc André Didier, de nacionalidad belga, sufrió una detención de tres meses entre agosto y noviembre de 2016, pero el juicio de resarcimiento que le pueda devolver lo que perdió en términos de dinero y de prestigio comercial en el mundo, hasta el momento la Justicia paraguaya se rehúsa en concederle, dando lugar a múltiples tramoyas jurídicas que hasta podrían ir contra el código procesal, como en el caso de una decisión de la Corte de salir a favor de la postura del miembro del tribunal de apelación en lo civil y comercial, Neri Villalba, quien no se apartó del caso a pesar de haber sido recusado con causa por el demandante y su abogado, en nombre de la firma norteamericana Best Aircraft Deals, legalmente registrada en la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos.
La embajada norteamericana se halla al tanto de las maniobras de la nomenclatura judicial con base en la Corte, establecida para dar blindaje al camarista que no se apartó del caso pese a lo dictado por las normas procesales, poniendo en peligro la seguridad jurídica en aras de mantener el espíritu de cuerpo tan caro a los afectos del actual hombre fuerte del régimen político imperante en el país.
Se llegó ahora al extremo de que el citado Neri Villalba Fernández, en vez de apartarse de seguir atendiendo el juicio, alegó la “mala fe” del abogado impugnante e igualmente pretende seguir en el caso con el contubernio de la sala civil de la Corte, por lo que ahora se plantea que el pleno del máximo tribunal sea el que decida sobre la reclamación de la firma norteamericana para excluir del juicio al citado magistrado, siempre con la atenta mirada de la embajada.
Esta clase de actuación del camarista denunciado ya ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y volcado a favorecer a la parte demandada integrada por fiscales del Ministerio Público vinculado a poderes fácticos que mueven a la Justicia, es la que retarda la vigencia plena del Estado de Derecho en el Paraguay.
Si lo correcto es resarcir a una firma norteamericana de aviación legalmente radicada en el país y que fue perjudicada no sólo aquí sino a nivel mundial por acusaciones falsas promovidas desde la misma fiscalía, y que pese a contar su representante con el beneficio del sobreseimiento definitivo en el ámbito penal, se erige por el contrario en todo su grotesco esplendor la estructura judicial armada para la impunidad, al solo efecto de cumplir con la “orden superior” del poder fáctico.
Lo cierto es que con este caso está en veremos si cómo responde el gobierno de Santi Peña al pedido del gobierno de Joe Biden, de poner en primer lugar la independencia de la Justicia del poder fáctico ostentado por Horacio Cartes, después de la advertencia lanzada por éste a quienes le “traicionen” el día del festejo de los colorados.
Esta premisa, según la embajada norteamericana, es la condición ineludible en el propósito de llevar a cabo el plan de lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el combate conjunto entre los dos gobiernos contra el crimen organizado.
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