Impeachment

La figura del juicio político (impeachment) no se hubiera introducido en la Constitución Nacional de cada país, si al final cuando se quiere hacer uso del mismo, los gobernantes pegan un grito al cielo y comienzan a hablar de golpe, conspiración, traición, etc.

Pero es la regla de juego, en que los actores políticos deben aceptar, más aún en un estado democrático y pluralista, donde la libertad de expresión está plenamente consagrada.

Esta semana se dio el proceso de impeachment en el vecino país, donde está siendo juzgada la mandataria brasileña, Dilma Rousseff. La Cámara de Diputados dio luz verde el domingo, para que el juicio político siguiera su curso en la Cámara de Senadores, donde justamente, los parlamentarios de la cámara alta sellarán la suerte de la primera mandataria mujer de la citada nación sudamericana.

La principal acusación contra Rousseff no es la escandalosa corrupción desatada en Petrobras, sino el principal delito que le atribuyen a la presidenta brasileña, es que violó normas fiscales, maquillando el enorme déficit presupuestario, sin que haya informado al Congreso, como está establecida en la ley presupuestaria.

Los diputados consideraron que la mandataria cometió un grave delito, al realizar la “pedalada” fiscal (conocido aquí como bicicleteada), sin el consentimiento del Congreso, poniendo en peligro la golpeada economía de la gigante nación del hemisferio sur. Ante tamaño incumplimiento a la ley, los legisladores entendieron que Dilma cometió crímenes de responsabilidad, figura que está consagrada en la Constitución Federal Brasileña y que ahora fue usada para incriminar a la jefa de Estado.

Tras la votación del domingo último, donde la oposición consiguió 367 votos contra 137 del sector oficialista, el proceso del juicio político pasó a Senadores, donde deberá iniciarse de foja cero para analizar el parecer favorable aprobado en Diputados. Algunos parlamentarios anti-Dilma creen que existen los dos tercios de votos para cazarle el poder a la mandataria, perteneciente al Partido de los Trabajadores.

Estos hechos que están ocurriendo en esta parte del continente, principalmente, con los gobiernos aliados del mal llamado “Socialismo del Siglo XXI”, viene a confirmar la decadencia de este sistema político.

Comenzó con Fernando Lugo, luego la declinación del gobierno chavista (que se profundizó con la muerte del líder), la caída de Cristina Kirchner y ahora el del Gobierno Dilma Rousseff. A esto hay que sumar al presidente boliviano Evo Morales, que en un plebiscito el pueblo le negó un tercer mandato.

Todos los gobiernos de esta línea ideológica han caído en un colapso económico profundo. El ejemplo más crudo es la situación de Venezuela, que ha llegado a una inflación del 75 por ciento, nunca antes alcanzado por un país sudamericano. Argentina, tampoco quedó atrás con la administración Kirchner, y ahora que intenta recuperarse, pero que se torna muy difícil reponerse.

Los gobiernos de la izquierda se muestran reacios al juzgamiento de sus respectivas gestiones. Los gobernistas en el Brasil no admiten que Rousseff haya cometido “crímenes de responsabilidades”, y que las acusaciones que pesan sobre ella no pasan de una conspiración política. Entonces, la lectura que se hace de esto, si para qué se introduce esta figura en la Constitución Nacional, si al final no se quiere respetar su implementación.