Escribe: Luis Alen.
La operación cicatrizante de impunidad abdo-cartista tiene un nuevo lado perverso. Aprovechando la pandemia, el costo del financiamiento de la crisis se prevé cargar sobre la población más pobre del país, en lugar que lo paguen principalmente los sectores con mayor renta económica.
Es el momento en que la sociedad civil debe reaccionar y frenar el plan, ya que también la oposición en el Congreso está a punto de caer en la costura de la “Cicatriz” colorada, con el llamamiento del presidente Marito Abdo a la aprobación de un presupuesto de “economía de guerra” para 2021, que en realidad esconde un monumental negociado a través de la contratación de más deuda externa e interna, que en gran parte no se destinará precisamente a los gastos necesarios de salud y otras áreas sociales, sino para el repago del servicio del endeudamiento ya vigente o a las comisiones de los “brokers” ligados a la cúpula política.
Por lo pronto, la mesa de presidentes de partidos políticos opositores, incluidos algunos colorados disidentes, acordó no otorgar su aprobación a una nueva emisión de bonos por US$ 350 millones y al proyecto de ley de administración de pasivos para el bicicleteo de la deuda, sin que antes se acuerde un pacto social y político para converger en un plan económico que incluya amplias medidas de contención de la pobreza y las carencias sociales, previa reforma del sector público con miras a reducciones sustanciales del gasto superfluo estatal motorizado por el aún más letal virus de la corrupción.
También el liderazgo opositor planteó la postergación de la renegociación de Itaipú hasta 2023, con el objetivo de dejarla en manos del próximo gobierno que surja de las elecciones de dicho año, en las que se espera que un gran frente opositor gane los comicios con un programa definido de defensa de la soberanía energética.
Pero salta la duda de la real capacidad de Marito de negociar con la oposición, porque una de las exigencias de ésta para sentarse en una mesa de negociación tendría que ser la tajante condición de romper el pacto de impunidad con el cartismo.
Además, está visto que, a casi seis meses del inicio de la crisis de la pandemia, se agrava cada día la debilidad del poder abdista. que le inhibe de realizar reformas profundas en la estructura estatal, por su misma naturaleza de estar muy atado a una telaraña de intereses políticos y empresariales, de quienes propiciaron en su momento la candidatura presidencial de Abdo Benítez.
El refugio bajo el paraguas protector de HC no sería más que una jugada para disimular la propia incapacidad abdista de realizar las reformas, incluyendo la tributaria por la cual aporten más aquellos segmentos de la producción como la soja y el tabaco, y la energética. de tal modo que se cobren precios de mercado por el excedente energético que llevan Brasil y Argentina en las represas hidroeléctricas del río Paraná.
Quedan tres años
El problema para la oposición es que quedan tres largos años de gobierno de Marito condicionado por el abrazo con HC, en los que se enfrentará la crisis del coronavirus con el peligro de más deuda y con el posible descalabro que significa renegociar Itaipú sólo atendiendo lo ventajoso para el Brasil.
Y no hay que descartar tampoco que aparezcan legisladores opositores que se presten a los cantos de sirena abdo-cartistas para avalar el presupuesto “de guerra”.
El acuerdo político de la cúpula colorada, aparte de significar el acta de defunción de cualquier intento por solidificar las instituciones republicanas y el Estado de Derecho, apunta a hacer depender a todo el gobierno del verdadero “hombre fuerte” y dueño de la situación en la economía informal mayoritaria en el país e incluso en sus ramificaciones de la mafia de frontera.
Un daño irreparable para el país, que se pagará en las siguientes generaciones de paraguayos, es impulsar un feroz endeudamiento con el agregado de la entrega de los intereses paraguayos en Itaipú, porque el gobierno abdista sellará su destino con el cartismo a través de estos puntos claves del contubernio urdido en la ANR.
Hacer depender el futuro nacional de la situación judicial de HC en el Brasil, donde el Patrón tiene serios problemas por el caso Messer de lavado de dinero, podría ser fatal en una negociación sobre Itaipú si continúa Cartes como “hombre fuerte”.
Los brasileños saben que tienen un as bajo la manga en la negociación, y lo harán valer eventualmente para sacar la mejor tajada en Itaipú, a cambio de “olvidar” los oscuros manejos de Horacio junto a Darío Messer.
Justicia y Fiscalía sometidas
Aparte de confirmar que ha sido incapaz de arremeter contra el Patrón para despojarle de su gran poder fáctico, Marito Abdo hasta tuvo que permitir que la ciudadanía presencie atónita la demostración de fuerza de Horacio Cartes con la mediática boda de su hija en un día emblemático para el país como el 15 de agosto, coincidiendo con el segundo aniversario del gobierno abdista y en plena expansión del coronavirus e ignorando nuevamente las medidas sanitarias contra la aglomeración de personas, tal como ya lo había hecho el tabacalero en ocasión de la visita relámpago del expresidente argentino Mauricio Macri, semanas atrás, al pasar por encima de las disposiciones de cuarentena para el ingreso de personas desde el exterior.
Los fiscales de Sandra Quiñónez son muy eficaces en su accionar para preservar las normas sanitarias anti-Covid cuando se trata de reuniones masivas de ciudadanos comunes, pero en el caso de HC miran hacia otro lado, lo que pinta de cuerpo entero una situación ya reconocida, según la cual el Ministerio Público jamás investigará a fondo nada que se preste a aclarar las múltiples denuncias de corrupción en los negocios del Patrón.
De allí que otro de los prerrequisitos de la oposición para negociar el presupuesto nacional con Marito debería ser la solicitud de una limpieza de la influencia política cartista tanto en la Fiscalía como en todo el Poder Judicial.
No se concibe, por ejemplo, que las causas contra Darío Messer en Paraguay no avancen un solo milímetro porque afectarían a HC. Pero, contradictoriamente, ya se habla en la procuraduría general, a cargo de Sergio Coscia, de alzarse aquí sospechosamente con los cuantiosos bienes del “hermano del alma” que fueron confiscados, y que también reclama el Brasil, donde ya se le condenó al “doleiro dos doleiros” a una pena de 13 años de prisión, en suspenso hasta el final de la pandemia del coronavirus. Previamente, Messer habría informado con lujo de detalles a la fiscalía brasileña los entretelones de la red de lavado en Paraguay, mediante una delación premiada con el fin de obtener una menor pena.
Por eso no cierra que Paraguay pretenda llevar por lo menos el 50 por ciento de los bienes comisados a Messer, “compartiéndolos” con Brasil, mientras aquí no avanzan las causas fiscales y judiciales para investigar todas las numerosas denuncias sobre el esquema liderado por el “doleiro”, donde éste cita la cómplice protección de HC para el sostenimiento durante décadas de un sofisticado entramado de lavado de dinero trasnacional que habría movido miles de millones de dólares, sin que nadie se animara a estorbar el negocio, en las mismas narices de la banca norteamericana y brasileña, pese a los máximos controles que se tienen para evitar la existencia de verdaderos santuarios de blanqueo de activos con dudoso origen.
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