Incendio delataría plan para desconocer voluntad popular

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Instantes en que se incendiaba el jueves 29 de setiembre, en pleno día y en horario de trabajo, el bloque G de la Justicia Electoral en Asunción, en una toma desde la avenida Eusebio Ayala. Irónicamente, la fachada asegura ser el “Custodio de la voluntad popular”.

Escribe: Luis Alen.

 

Ya sea por descuido, negligencia o, peor aún, por una posible intencionalidad, el pavoroso incendio en la sede central de la Justicia Electoral con el lamentable saldo de una muerte, podría significar nada menos que un aviso estremecedor de la existencia de un plan contra la democracia paraguaya en las próximas elecciones, en las que el pueblo deberá optar por nuevas autoridades que le garanticen no caer definitivamente en manos de la mafia narcopolítica.

 

Unas pocas horas después que Marito Abdo afirmaba en declaraciones en el Chaco en horas de la mañana tras el homenaje a los héroes de la guerra en Boquerón, que “la narcopolítica es una amenaza para los procesos democráticos” en el país, a la tarde del mismo día jueves 29 de setiembre, se producía un incendio devastador en el organismo que se precia de ser “el custodio de la voluntad popular”: la Justicia Electoral.

El resultado de la “quema de archivo” no pudo ser más nefasto para el proceso democrático paraguayo, porque fueron destruidas 7.758 máquinas electrónicas de votación, al igual que la totalidad de los equipos utilizados para el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), cuyo reemplazo por otras nuevas máquinas sería casi imposible para las internas del 18 de diciembre e incluso para las generales del 30 de abril próximo.

Aún quedaron en otro depósito el resto de máquinas por un total de 11.052 y distribuidas por el interior 1.800, además de 104 en la Argentina para la votación en el exterior. Pero resulta una cantidad restante de aparatos que obligaría, si es imposible adquirir nuevas máquinas, a cambios en el sistema de votación, que por ley ya se halla anclado en las urnas electrónicas y la simultaneidad de las internas de los partidos en un mismo día.

Pero si hubo algún móvil por detrás de un incendio provocado, que una investigación imparcial debe esclarecer a partir del peritaje del sistema asegurador si es posible a nivel internacional, lo cierto es que nos encontramos ante un tremendo reto para el sistema democrático nacional. 

Por este motivo, en las próximas reuniones que se llevarán a cabo en el Congreso entre los partidos y la Justicia Electoral, se deberá exigir por sobre todo el cumplimiento a rajatabla de lo dispuesto en el cronograma electoral, así como en mantener las internas simultáneas.

 

Sabotaje a la democracia

El fantasma del fraude empezó a flotar con fuerza en el ambiente político cuando aún salía mucho humo del tribunal “quemado”, a través del globo sonda lanzado por el propio ministro titular de la Justicia electoral, el colorado cartista Jaime Bestard, quien sugirió sin ruborizarse la solución del “desdoblamiento” de las internas. Es decir, su realización en dos domingos diferentes del próximo diciembre como alternativa a la carencia de suficientes máquinas, en un orden a precisar para no hacer simultáneos los comicios de la ANR y de la Concertación opositora.

Hasta el momento, todas las corrientes políticas involucradas en el proceso electoral han rechazado la propuesta de Bestard, incluido aparentemente el cartismo, pero a la vista del golpe que implica la súbita desaparición de más de la tercera parte de la existencia de urnas electrónicas, así como del no menos grave episodio de la inutilización del sistema de transmisión rápida de resultados basado en el conteo acelerado de los votos que posibilita la tecnología, no queda la menor duda de que si no fue intencional el incendio, el sonado episodio puede desembocar de todos modos en un alevoso atropello a la transparencia y credibilidad del proceso electoral, en el caso que se decida finalmente por “desdoblar” las internas. Allí sí que la democracia misma es la que saldrá perdiendo.

Uno de los “objetivos” del posible sabotaje ya está claro, porque al partido Colorado, y más aún al cartismo, no le conviene la interna simultánea con los demás partidos, por el simple hecho que no podrá constituirse en el árbitro de la Concertación, al eliminarse la posibilidad del doble voto, atendiendo además a la vigencia del padrón nacional en la pulseada interna opositora concertacionista para la elección de la chapa presidencial-vicepresidencial y para los cargos unipersonales. 

En una elección “desdoblada”, es una verdad de perogrullo que no importa si será el primer domingo el de la ANR o el de la Concertación, porque de igual forma los colorados tendrán la sartén por el mango por ser la mayoría del padrón electoral nacional. En el primer caso, con la interna colorada en el primer domingo, el resultado incidirá en forma significativa en el de la Concertación, pero también en la segunda posibilidad de que se realice primero la elección opositora, las dos corrientes de los republicanos podrían inclinar la balanza de la oposición según las preferencias de los liderazgos colorados enfrentados al todo o nada.

Se puede afirmar que el siniestro de la Justicia Electoral, independientemente de si fue intencional o no, llevó a la democracia al callejón sin salida de los hechos consumados, para beneficio de quienes no desean un cambio en el país. Esto es así porque todo el escenario político construido antes para fortalecer el edificio electoral ha sido también afectado por el incendio, ya que la voluntad popular tenía una garantía de respeto con el uso de las máquinas electrónicas de votación y la transparencia del proceso con la intermediación tecnológica para la transmisión rápida de resultados, además de prevalecer las mínimas condiciones para el fraude o el voto doble y hasta triple.

Pero la nueva situación implica volver a remar en aguas turbulentas que están en manos de la mafia política y de su financiamiento oscuro, ya que alguien que habría deseado mantener su hegemonía debió pensar que el ataque al corazón central del sistema democrático se debía dirigir al bloque G del Tribunal Superior Electoral. Tal como efectivamente ocurrió.

Ya sea por casualidad accidental o por causalidad no precisamente como fruto de una conspiración sino ya por negligencia, en esta última línea de investigación es obvio que se le puede achacar también a los directivos electorales que no hayan establecido un esquema de protección a las urnas electrónicas, que sea mucho más sofisticado contra incendios, en un ámbito tan clave para la realización sin contratiempos de la mayor prueba de respeto al pronunciamiento popular en las elecciones, tanto internas como generales.

 

Una Fiscalía desacreditada

Al recaer en manos de la Fiscalía de Sandra Quiñónez la dirección de las pericias para conocer las causas del incendio en la Justicia electoral, de inmediato aparecieron lógicas dudas sobre el curso de las investigaciones, más aún al anunciarse que también habrían desaparecido las grabaciones del circuito cerrado de las cámaras de vigilancia instaladas en el edificio siniestrado.

Sobran antecedentes para desconfiar de una fiscalía totalmente sometida al poder fáctico del Patrón HC, en momentos en que éste ya soporta otras investigaciones que van desde el avión iraní con las facturas clonadas de su tabacalera Tabesa, hasta el proceso embarrado al máximo de las ligazones de Horacio Cartes con su “hermano del alma” Darío Messer preso en Brasil.

Lo que sí debería preocupar a los mismos fiscales encargados de aclarar el incendio en el tribunal electoral resulta la trascendencia del hecho de garantizar ante la sociedad, a la cual representan, un trabajo imparcial y efectivo, como una máxima prioridad con el fin de precautelar la calidad institucional de la democracia paraguaya, actualmente en la mira internacional y especialmente de los Estados Unidos, tras las últimas designaciones de “corruptos” provenientes desde Washington, que tienen como finalidad dar por terminado el reinado de la impunidad judicial que es la madre de las organizaciones criminales ahora también bajo sospecha de tramas conspirativas contra la voluntad popular.

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