En ente rural acusa que las tierras no cumplen un fin social, por lo que el organismo de aplicación intenta recuperar desde hace dos años. Son 16 casos contra Hugo González y su familia, que tienen unas 250 hectáreas en Punta Pistola, norte de Alto Paraná.
Un serie de maniobras jurídicas presentadas por la familia González y otros ocupantes de unas 250 hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria, impiden el cumplimiento de las órdenes judiciales y fiscales que disponen la entrada de los técnicos y los campesinos adjudicados por el instituto Nacional de Desarrollo rural y de la tierra (INDERT) en Punta Pistola, Alto Paraná.
Las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Itaipú, así como los abogados y técnicos del ente rural, permanecen acampados frente a las tierras desde el jueves pasado, esperando que la fiscalía y los policías hagan efectivas las órdenes judiciales que autorizan al INDERT a reubicar en el lugar a unas 50 familias de la colonia Santa Lucía, de Itakyry.
Sin embargo, los González impiden esa tarea, recusando a cada fiscal que toma el caso. El INDERT impulsa unos 16 casos contra Hugo González y su familia, que tienen unas 250 hectáreas en Punta Pistola, en transgresión a la ley que establece la reforma agraria en el país.
Esas tierras no cumplen un fin social, por lo que el organismo de aplicación del Estatuto Agrario intenta recuperar desde hace dos años dichos lotes.
El titular del Indert, Lic. Justo Cárdenas, urgió a la justicia a expedirse con mayor rapidez y dé una respuesta definitiva a los pobladores que esperan acceder a lotes agrícolas para la producción.
Las chicanerías causan retrasos en la recuperación del patrimonio del Estado y obliga al INDERT a encarar la adquisición de tierras vecinas a Santa Lucía para completar la entrega de lotes para la producción agrícola.
El Indert está en una guerra jurídica con el señor Hugo González y otros, que poseen una importante cantidad de hectáreas en Punta Pistola, sin ser sujetos de la reforma agraria, señaló Cárdenas.
El ente rural espera que la próxima semana se pueda hacer cumplir las órdenes judiciales y fiscales para recuperar las tierras de Punta Pistola.
Para el Indert, González y su familia encarnan la antítesis de la reforma agraria, porque sin ser sujetos de la Ley, usurpan tierras públicas destinadas al cumplimiento de un fin social. “Esta persona tiene la caradurez de instigar demandas y enfrenta al propio Estado Paraguayo, manipulando las necesidades de los campesinos más vulnerables, ante quienes se presenta luciendo costosos trajes”, refiere Cardenas.
Facebook Comentarios