El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) defiende la legitimidad del proceso de recuperación de unas 300 hectáreas de tierra ubicadas en Punta Pistola, jurisdicción del distrito Itakyry. Esta acción es rechazada por los afectados, que iniciaron una demanda contra el titular del ente rural.
La denuncia penal es por presunta «estafa y lesión de confianza» y afecta al presidente, licenciado Justo Cárdenas, presidente del Indert. La acción fue promovida por afectados por la regularización patrimonial y jurídica de las tierras públicas.
Al respecto Cárdenas señala que es el único gobierno que más esfuerzos realiza para la recuperación de tierras públicas en el Paraguay, para convertir extensas áreas productivas explotadas ilegalmente en el hogar de los agricultores paraguayos más humildes, que legítimamente deben acceder a un pedazo de tierra para trabajar y vivir dignamente.
“Esta inquebrantable decisión molesta sobremanera a los sectores interesados en descalificar la política de recuperación legal de tierras públicas y detener el proceso de desarrollo rural”, refiere.
Explica que la recuperación legal y legítima de unas 300 hectáreas del lugar conocido como Punta Pistola, que el ente rural lleva adelante, encuentra la férrea y mal intencionada oposición de los ocupantes irregulares, principalmente la familia González.
En este caso, el único que estafó las esperanzas del campesinado paraguayo es Hugo González, quien, a través de prestanombres, usurpa el derecho de otras personas de acceder a las tierras públicas, utilizando indebidamente el subsidio estatal por parcelas destinadas a los productores más humildes del país.
Hugo González y su familia encarnan la antítesis de la reforma agraria, porque sin ser sujetos de la Ley, usurpan tierras públicas destinadas al cumplimiento de un fin social. Esta persona tiene la caradurez de instigar demandas y enfrenta al propio Estado Paraguayo, manipulando las necesidades de los campesinos más vulnerables, ante quienes se presenta luciendo costosos trajes.
Esa demanda es para el titular del Indert una honra, ya que constituye la lógica reacción de los inescrupulosos y marginales que por años desangraron al campesinado paraguayo, al impedirles el acceso a la tierra propia. Pese a todo, el instituto no renunciará a su vocación y misión de otorgar tierras a los agricultores paraguayos, verdaderos destinatarios de la reforma agraria.
En la colonia Santa Lucía existe un clima de diálogo maduro con los dirigentes, quienes reconocen los avances y trabajan en conjunto para brindar solución a las dificultades de acceso a la tierra que afectan a un grupo minoritario de familias para la producción.
La acusación de afirmar que el Indert otorgó Certificados de Adjudicación sobre lotes con títulos de propiedad, es una falacia, “pues lo afirmado por los diarios nunca fue implementado por esta administración. Jamás se ha formalizado la situación administrativa de las tierras de Punta Pistola”.
Para el Indert son ocupantes ilegales y litigantes de mala fe, que no cumplieron con los requisitos establecidos en el Estatuto Agrario para acceder a las tierras públicas, por lo cual la institución procedió a la anulación de la proforma de solicitud presentada por los ocupantes irregulares. La desestimación de las pretensiones sobre los lotes mencionados es una atribución legal del organismo de aplicación que corroboró el incumplimiento de la Ley N° 1.863/02 “Estatuto Agrario”, y lo que señala en su Artículo 48.
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