El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) investiga a la jueza en lo civil Claudia Domínguez, que intentó favorecer en un juicio sucesorio al estudio jurídico del cual es miembro el senador Enrique Riera Escudero, para una posible maniobra de evasión y lavado de dinero con una firma “offshore” de Panamá, propietaria de la estancia Laguna General Díaz, de 22.500 hectáreas, ubicada en el Alto Paraguay.
De que los políticos utilizan a la Justicia para blanquear sus tramas ocultas no es ninguna novedad, pero en un juicio sucesorio quedó en evidencia la mecánica que usan algunos estudios jurídicos, como el de Enrique Riera, para permitir a sus clientes eludir, por ejemplo, los pagos de impuestos al Estado paraguayo, a través de las famosas firmas “offshore”, con sede en el exterior.
Primera Plana había informado a comienzos de julio que, coincidente con el “apriete” que realizó Riera a la Justicia Electoral a fines de junio, con el objetivo frustrado de jurar como senador en reemplazo de Horacio Cartes, su estudio jurídico también tuvo un revés cuando la jueza del 19° turno, Claudia Jacqueline Domínguez Florentín, se apartó por una recusación de seguir atendiendo un juicio sucesorio en el que fue denunciada por parcialidad manifiesta hacia los escritos del político y de su hermano Manuel Riera, el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP)
Es que los Riera son abogados de la sucesión de la empresaria ganadera fallecida el año pasado, Hetty Rita Malpas Vda. de Abadie, quien era propietaria de las 22.500 hectáreas de la estancia Laguna General Díaz, ubicada en la zona de Toro Pampa, en el Alto Paraguay.
Sin embargo, en los registros y en el catastro nacional la firma ganadera que aparece como dueña de las tierras es Coparis S.A., una “offshore” creada expresamente por la señora Abadie en 2014 con el asesoramiento de los hermanos Riera, siendo uno de sus objetivos sacar a la estancia de la sucesión y sus costos, entre ellos los tributos debidos al Estado.
La jueza Domínguez fue recusada y denunciada ante la superintendencia de la Corte Suprema, instancia que envió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que decidió iniciar una investigación a la magistrada, con el fin de aclarar las graves acusaciones, en las que también estarían involucrados el senador Enrique Riera y su hermano Manuel, vicepresidente de la ARP (Asociación Rural del Paraguay)
Protegida de políticos
En 2014, Enrique Riera era titular del Consejo de la Magistratura antes de asumir en el ministerio de Educación y Ciencias en 2015. Precisamente, a fines de 2014, el político colorado cartista catapultó a la recusada jueza Claudia Domínguez a la terna para competir por la magistratura civil, a pesar de tener sólo una calificación general de 2,14 puntos en la facultad de Derecho, muy por debajo de otros postulantes para ejercer dicha alta función en el Poder Judicial. Para colmo, la jueza se había aplazado como 14 veces a lo largo de sus estudios en la facultad.
La Corte Suprema completó el trabajo a favor de Domínguez, escogiéndola en diciembre de 2014 para el cargo del juzgado 19, a pesar de la mayor calificación del resto de los integrantes de la terna. Contaba por lo visto con el fuerte padrinazgo político que resulta indispensable para acceder a la judicatura en el Paraguay, sin importar los quilates académicos o profesionales.
Pero el principio del apadrinamiento se debe buscar en el Consejo de la Magistratura, que elabora la terna para jueces y fiscales. Y aquí entró a tallar Riera, representante del Ejecutivo en el CM, quien incluso sacó de la terna a un abogado con funciones de asesoría en la misma Corte Suprema, para incluir como candidata a Domínguez, con el claro propósito, se vio después, de contar con una dócil ejecutora de sus más que sinuosos atajos para ayudar a los propietarios de grandes extensiones de tierra a superar sus obligaciones con el fisco paraguayo.
Casualmente, el juicio de la herencia Abadie cayó en el juzgado de Domínguez, en abril pasado, iniciado por un acreedor, ante la inacción de los herederos, que por lo visto esperaban del estudio Riera una orientación para saber qué hacer con las acciones de la finada en Coparis S.A., una firma que no figura como contribuyente en el Ministerio de Hacienda, pero que es administrada por Wildex S.R.L., según consta en los registros de la Secretaría del Ambiente, donde esta firma cuenta con certificados ambientales y que ya realizara cobros por dicho motivo ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aún en vida de la propietaria de la estancia Laguna General Díaz.
Según el mismo documento de la SEAM sobre las firmas con certificados ambientales, en la firma Wildex S.R.L. aparece también como socia participacionista de capital la citada señora Abadie, cuyos herederos ahora deberán esperar que la Justicia finiquite un juicio sucesorio que se presenta litigioso, para poder llevar a cabo los negocios que se realizan alrededor de la finca del Alto Paraguay.
Es uno de los acreedores de Wildex S.R.L. quien figura como apertor en la sucesión, según disposición emanada de la propia jueza Claudia Jacqueline Domínguez, que en fecha 16 de abril de 2018 inició el juicio sucesorio, en el nuevo formato electrónico, con todas las de la ley, cumpliendo lo estipulado en el Código Procesal Civil.
Los herederos se presentaron al juicio sin objetar la calidad de apertor del acreedor, por lo que continuaron los trámites sucesoriales, según lo disponen las normas en vigencia.
Pero con la presentación de los Riera en el juicio, en nombre de los herederos, el 11 de mayo, y a partir de otra nota de los mismos del 18 de mayo, la jueza cambia abruptamente el rumbo del procedimiento, para disponer el 8 de junio, complaciendo lo pedido exactamente por los abogados políticos, nada menos que la cancelación de la personería del apertor y de su abogado patrocinante, en forma totalmente arbitraria, sin mediar previamente ningún incidente, así como un expreso pedido de nulidad del juicio sucesorio por parte de los herederos, que se habían presentado en la sucesión aceptando lo dispuesto inicialmente por la jueza el 16 de abril con la apertura del juicio.
Como era lógico esperar, tanto el acreedor apertor como su abogado, el doctor Alfredo Wagener, denunciaron a la jueza -por su medida de “nulidad de oficio”-ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, obligando a la magistrada a apartarse del juicio, que recaló en la secretaría 40° del juzgado que le sigue al de Claudia Domínguez, a cargo de Juan Martín Palacios Fantilli.
El objetivo de “offshore”
El objetivo de los Riera al querer apartar al acreedor del juicio sucesorio de los Abadie, se nota claramente y es que no deben dejar en evidencia que la propiedad del Alto Paraguay, que abarca la estancia General Díaz, a pesar de ser indudablemente de la Sra. Hetty Abadie, sin embargo aparece en los registros públicos como de la firma “offshore” Coparis S.A., que inscribió las tierras en 2014, con el objetivo notorio de evitar en una sucesión el pago de impuestos muy elevados, tratándose de un acervo hereditario que podría llegar a varias decenas de millones de dólares, en el caso que figure la estancia directamente a nombre de la finada, como ocurría anteriormente.
La asesoría de los Riera para la formación de firmas “offshore” ya se había puesto en evidencia con la publicación de los “Panamá Papers” en la prensa mundial, y el mecanismo resulta siempre igual, como en el caso de Coparis S.A., con registros en la ciudad de Panamá, y que es administrada localmente por la empresa Wildex S.R.L., pero en ambas firmas la principal accionista es la Sra. Abadie.
Los Riera no niegan que el acreedor lo sea de Wildex S.R.L., pero solicitaron a la jueza directamente que cancele la personería del mismo como apertor, a pesar de haber sido ya aceptado como tal en el juicio, incluso por parte de los herederos.
La jueza incurrió así en una notoria arbitrariedad, según lo denunciado a la Corte Suprema por los afectados, ya que “borró con el codo lo que escribió con las manos”, con tal de congraciarse con el político Enrique Riera y con el dirigente ruralista Manuel Riera, ambos miembros del Estudio Jurídico del mismo nombre.
En el juicio sucesorio, lo indicado es conocer la cantidad de acciones en Coparis S.A. y la participación de capital en Wildex S.R.L., de la Sra. Abadie, con el fin de cuantificar el acervo hereditario, por ser de interés también del Estado Paraguayo a los fines impositivos y como forma de combatir el lavado de dinero que se realiza a través de las firmas “offshore” que son la especialidad, por lo visto, de los hermanos Riera.
Mientras que la jueza Domínguez deberá ser investigada ahora por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ante la denuncia presentada por su manifiesta parcialidad en favor de los abogados Riera, quienes desean apartar del juicio sucesorio al abogado apertor, no sólo con fines de mayor participación en los honorarios de la sucesión, sino también para no quedar en evidencia como defensores de una “offshore” con el fin de eludir el pago de millones de dólares al Estado paraguayo.
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