El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) no investiga a fiscales de la región penal X, pese a que fueron denunciados en varias oportunidades por los supuestos hechos de corrupción e enriquecimiento ilícito. La denuncia fue promovida por el Colegio de Abogados del Alto Paraná. Mauro Barreto, presidente de dicho gremio, presentó la semana pasada al JEM una carpeta con denuncias concretas, incluyendo fotografías de las mansiones y lujosos vehículos, con que cuentan jueces y fiscales de la zona, que llamativamente lograron acumular su caudal económico en tiempo récord, que no coincide con el salario que perciben y, según la denuncia, todo indica que sería fruto de las coimas y los negociados.
La corrupción que impera en la “Justicia” de esta parte del país raya en lo absurdo, pues tanto jueces como fiscales ostentan riquezas inimaginables.
Los mismos viven como reyes en mansiones localizadas en barrios cerrados, como el Paraná Country Club o zonas residenciales, poseen lujosos vehículos y abultadas cuentas bancarias, según las fuentes.
De acuerdo a los datos, a través de los controles de alcotest los fiscales de la zona descubrieron cómo acumular mucho dinero en poco tiempo, ya que cada fin de semana, centenares de conductores ebrios que caían en las barreras, eran obligados a pagar una coima de entre uno a dos millones de guaraníes, para que eviten ser imputados por exposición al peligro en el tránsito terrestre.
El hoy fiscal de Yguazú, el cuestionado Edgar Modesto Torales, había iniciado dichos controles y en su momento fue blanco de innumerables denuncias de extorsión por parte de los conductores. Hoy, Torales se convirtió en un poderoso millonario que goza de una mansión ubicada en el barrio Carolina de Ciudad del Este, además de poseer una lujosa camioneta, que de acuerdo a los datos no lograría todo lo que tiene apenas con el salario que percibe del Ministerio Público.
Las fiscales Arminda Rivas, Juliana Giménez, Fátima Burro, Natalia Montanía, Carolina Rosa Gadea, Liz Carolina Alfonso y Vilma González al parecer siguieron los pasos de Torales, pues los representantes de la sociedad citados más arriba llamativamente se enriquecieron rápidamente y eso se refleja en las mansiones que construyeron y los lujosos vehículos en que se movilizan.
Fiscales de marcas
Los fiscales marcarios tampoco escapan de las denuncias de corrupción, pues de acuerdo a algunos abogados, los mismos serían responsables de amedrentar y mantener en jaque a comerciantes e importadores, a través de sus constantes procedimientos con fines extorsivos. De acuerdo a los datos, los fiscales Juan Marcelo García de Zúñiga, y Carlos Antonio Giménez serían los más mimados por el fiscal adjunto Alejo Vera, ya que serían los que más recaudan, realizando allanamientos extorsivos a depósitos de extranjeros.
Asistentes fiscales
Los asistentes fiscales del Ministerio Público de Ciudad del Este, no se quedan atrás, pues los mismos serían parte del esquema de coimas que reina en la fiscalía.
Los mismos son los responsables de negociar, acordar el precio y recibir el dinero, de esa manera los fiscales ni aparecen y los asistentes fiscales son los encargados de hacer el trabajo sucio.
En poco tiempo los asistentes que empiezan a trabajar en la fiscalía ya son dueños de costosos automóviles, pues la recaudación está a la orden del día en el Ministerio Público de Ciudad del Este.
Natalia Montanía, una de las más cuestionadas, pero nunca investigada
Es sumamente llamativo como la fiscal de la unidad Nº 8 del Ministerio Público de Ciudad del Este, Natalia Montanía continúa en el puesto desde hace varios años, pese a las denuncias de extorsión y corrupción que la salpican. El caso más sonado ocurrió en noviembre del 2010 cuando el ciudadano español, José Zamora Linares, había denunciado ante el Ministerio Público que fue “pelado” por la fiscal Natalia Montanía, un grupo de funcionarios fiscales y agentes policiales, poco antes de abordar un avión con destino a su país.
Los antecedentes indican que el 8 de noviembre de 2010, el extranjero fue interceptado en el aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú por los policías, que en ese entonces se desempeñaban como guardaespaldas en la Fiscalía local, cuando éste se disponía a abordar un avión con destino a España. El español fue retenido y trasladado hasta el despacho de la fiscal Natalia Montanía, sin motivo alguno. Fue ahí que, según la denuncia, la “representante de la sociedad” ordenó al hombre que le entregue todo el dinero que traía consigo. El extranjero había sindicado que luego de que la fiscal cuente los 300 mil euros que tenía en su maleta, unos 105 mil euros (G. 650 millones) habían desaparecido como arte de magia del despacho fiscal.
Luego de lo ocurrido, Linares había denunciado a la fiscal y a su comitiva, responsabilizándolos directamente de la desaparición de su dinero.
Varios son los puntos llamativos que envuelven a este caso, como ser que la fiscala María Adelaida Vázquez García, quien había sido asignada por Ever Ovelar, fiscal adjunto de ese entonces, no pudo investigar el caso porque fue recusada en dos ocasiones, por los sospechosos, primeramente por el suboficial Manuel Benítez y luego por su concubina Romina Benítez. Pero no hay que descartar que Vázquez García tiene mucha afinidad con los uniformados, por su trabajo anterior en la Unidad de Marcas.
El caso entonces cayó en manos del ahora ex fiscal Miguel Ángel Kunzle (destituido por coimero del Ministerio Público), quien en vez de investigar a su colega, imputó al español por lavado de dinero, asociación criminal y violación a la ley 1015/96 que previene y reprime este tipo de crimen.
En aquel entonces el ahora ex fiscal Kunzle había afirmado que no se pudo probar la versión del extranjero con relación a su acusación contra su colega Natalia Montanía, los funcionarios Luis Trinidad, Romina Benítez, Teresa Báez y los suboficiales Manuel Benítez, alias “Pato”, Juan Coronel y Francisco Reyes.
También, en su momento, la pareja de Montanía, el juez Manuel Trinidad y su hermano, Luis, hoy asistente en la Unidad 1, “visitaron” al cuñado del español, en el microcentro de Ciudad del Este, donde el mismo tiene un copetín. El magistrado y su cuñado les advirtieron, que si su cuñado, el español, continuase con la demanda, podría correr riesgo de vida toda la familia, según había afirmado en su momento a Primera Plana y según consta en los archivos de este medio.
Puntos llamativos
Los funcionarios policiales y del Ministerio Público consumaron varias irregularidades en el procedimiento, según la fiscala María Adelaida Vázquez García. Los intervinientes no labraron acta en el lugar donde demoraron a Zamora Linares, no tenían una orden de captura en su contra, además de realizar el procedimiento en el Ministerio Público sin presencia de un defensor del extranjero. Las autoridades del Ministerio Público no explicaron qué hacía en el lugar la asistente fiscal Romina Benítez, quien es de la unidad fiscal a cargo de Federico Torres y el guardaespaldas de este fiscal, el suboficial Manuel Benítez.
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