El abogado Mario Aguayo Rodríguez, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de la VI circunscripción judicial del Alto Paraná, emitió el oficio No. 1.426, de fecha 6 de noviembre, dirigida al intendente municipal Alberto Rodríguez, en el que solicita informes sobre el cumplimiento de compromisos pendientes con un grupo de ex funcionarios despedidos en forma ilegal por Javier Zacarías Irún, cuando éste se desempeñaba como jefe comunal.
“Se dirige Ud., en los autos caratulados Luis Aníbal Páez Marzal y otros contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre ejecución de sentencia, expediente 822, de año 2007, secretaría 4, a fin de reiterar se sirva informar a este juzgado, si la obligación pendiente de pago en los citados autos se halla presupuestada e incluida en la ordenanza que establece el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio del año 2016”.
Añade: “En caso afirmativo, sírvase remitir constancia de su presentación pertinente a la Honorable Junta Municipal, bajo apercibimiento de incurrirse en desacato, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 374 y 375 del Código Procesal Paraguayo”.
Antecedentes
Este mismo juez había ordenado en septiembre incluir dentro del presupuesto general de gastos del 2016, el pago de indemnización. El monto asciende a 3.754.546.872 de guaraníes. Se trata de un juicio que lleva 14 años, con sentencia a favor de los demandantes, pero que a la fecha están sin poder ser resarcidos por el daño causado a consecuencia de una acción al margen de ley de las autoridades de la Comuna esteña, según refieren los recurrentes.
El pedido es conforme a la liquidación aprobada en el marco del juicio, por el Auto Interlocutorio número (AI) 134 de fecha 07 de mayo del 2014, y su aclaratoria el AI número 205, de fecha 3 de julio de 2014, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de esta circunscripción judicial.
Multa
En principio la Comuna debió pagar la suma de G. 2.754.546.872, pero al desentenderse de la orden judicial, se le aplicó una multa de G. 1.000 millones. Es un juicio laboral que se inició a raíz del despedido injustificado de unos 400 obreros municipales por parte del entonces intendente Javier Zacarías Irún. De este grupo, en este juicio, están involucrados 23 personas.
La Comuna perdió el juicio en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego se realizó la liquidación en concepto de indemnización, salarios caídos, más intereses, que fueron apelados por la Municipalidad. Es un juicio de 14 años.
En el 2012, el pago ya debía ser incluido en el presupuesto de la institución, por lo que el monto se incrementa con los intereses. El capital es 2.754.546.872 millones, más 12 meses de intereses de 3 por ciento mensual por un año, que tiene que pagar la Municipalidad. Como no incluyeron dentro del presupuesto, eso le genera intereses cada mes.
En el 2008, la CSJ ordenó que los recurrentes sean readmitidos o en todo caso se proceda al pago de sus liquidaciones, pero no fue cumplido por la Municipalidad, entonces, en el 2012 ya se había ordenado a la Comuna incluir el monto de la indemnización, en el presupuesto 2013, pero no se cumplió, por eso la multa de G. 1.000 millones.
Varios juicios
Este no es el único juicio laboral que tiene la Comuna por despido injustificado, existen otros dos juicios grandes. Se estima que lo que la Municipalidad debe pagar en concepto de salarios caídos e indemnizaciones ronda los G. 95.000 millones.
Está el juicio caratulado “Chistian Vera y otros contra la Municipalidad de Ciudad del Este, sobre nulidad de despidos y reposición laboral”, donde están afectados unos 300 funcionarios que fueron desvinculados en el 2000, durante la administración de Eduardo Ramón Morales.
Se trata de ex funcionarios agremiados al Sitramucde. En el 2006, la CSJ ordenó la reposición y el cobro de haberes caídos. Entonces, el intendente Carlos Núñez logró un acuerdo con los afectados y convinieron que la reinclusión se haría de manera progresiva. Cuando fue reelecto Javier Zacarías, el mismo, mediante una resolución, anuló el acuerdo y volvió a despedirlos.
En un tercer caso, la jueza Máxima Meza dispuso el 10 de julio del año pasado, la intimación de pago en concepto de liquidación de salarios de unos 40 funcionarios, por un valor de G. 268.181.233.
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