La justicia corrupta esteña, esta vez, de la mano de la magistrada Nélida Alvarenga, fue accionada para que un grupo de “empresarios” y políticos inmorales continúen disponiendo a su antojo de la ´terminal de ómnibus de la capital del Alto Paraná y así seguir desangrando y apoderándose de los recursos genuinos de la municipalidad local.
Sin embargo, el intendente paranaense Miguel Prieto se puso firme en no entregar el patrimonio comunal a los facinerosos, que no dan el brazo a torcer para continuar robando los recursos de la municipalidad, que en 33 años de administración de la empresa Itá Paraná, ya dejaron de ingresar a las arcas de la institución alrededor de 33 millones de dólares.
A pesar de la mañosa resolución judicial de la jueza, el intendente Prieto fue tajante en afirmar que no permitirá que la firma Itá Paraná continúe quedándose con el dinero de la municipalidad y de toda la ciudadanía. Hay que poner fin a más de tres décadas de saqueo de los recursos de la institución, que van a parar en poder de un grupo de aprovechadores y sinvergüenzas, como los Villasanti y los Zacarías.
La mafia judicial continúa haciéndose de la suya en esta comarca fronteriza y respondiendo a su jefe político, Javier Zacarías Irún, un sujeto que soporta varias denuncias de presunta corrupción, además de otros hechos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia y lesión de confianza.
La apertura de la investigación por parte del Ministerio Público ya lleva más de 8 meses, y a pesar de surgir elementos contundentes, aun no fue privado de su libertad, Zacarías Irún, tampoco su esposa, Sandra McLeod (ex intendenta de CDE), y otros miembros del clan esteño.
Prieto es claro al afirmar, que por defender los intereses ciudadanos tenga que ir preso, lo hará con gusto, y que no permitirá que ningún ciudadano pague por su capricho, al contradecir o al incumplir una resolución judicial, emanada por la jueza Alvarenga, siendo una representante más de la justicia de esta región, que se somete al poder político de un grupo de facinerosos, que hace años maneja a su antojo la capital del décimo departamento.
La postura firme tomada por el jefe comunal local, en atrincherarse frente a la terminal ómnibus cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía, que ha declarado la guerra a la corrupción en esta zona fronteriza de la República. La magistrada Nélida Alvarenga, quien priorizó los intereses de amigos, por encima de los intereses del pueblo tiene que ser denunciada ante el JEM, y sancionada por “mal desempeño de funciones”. Una representante de la justicia que se presta a los corruptos no merece seguir en el cargo.
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