“Principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”, es uno de los conceptos de la palabra justicia, pero que aquí en Ciudad del Este y en casi todo el territorio nacional (con honrosas excepciones) no se cumple, y mucho menos se respeta.
Los pobladores de esta zona fronteriza de la república son testigos de la lacerante realidad del absurdo sometimiento de la justicia al servicio de los intereses de un grupo político, que maneja a su antojo a varios jueces y fiscales de esta circunscripción judicial.
El clan Zacarías, bajo la batuta de su líder, Ernesto Javier Zacarías Irún, desde hace años pasó a reinar en la capital del Alto Paraná, sin que las instituciones pertinentes tomen intervención en el accionar arbitrario y tramposo de esta cofradía de políticos, que ha hecho añico con el sueño y la ilusión de una mayoría de compatriotas de esta región del Paraguay.
Nadie nunca se interesó de la suerte de los habitantes de este municipio, segundo en importancia del país. Este plus poco importa a los sucesivos gobiernos y al actual, donde un clan perverso hace lo que quiere, declarando como si fuera suyo este sector del territorio nacional.
En Ciudad del Este no impera el estado de derecho. La ley y la Constitución son letras muertas. Lo que manda en esta comarca fronteriza es el clan Zacarías, que desde el 2001 viene saqueando las arcas públicas, sin que ningún organismo de control del país pueda tomar intervención.
La justicia se arrodilla a los pies del “jefe”, Javier Zacarías Irún, quien sin ocupar cargos alguno en el Gobierno, puede cambiar jueces, fiscales, jefe de policía, funcionarios del Estado, mientras las autoridades y el propio presidente de la República asienten con la cabeza, como muestra de respaldo a un hombre que ya ha causado innumerables perjuicios al pueblo esteño y altoparanaense, gozando de una inusitada impunidad, pocas veces vista en esta nación guaraní, en las últimas dos décadas.
La ciudadanía ha perdido respeto y confianza en sus instituciones. A los cuatro vientos se difunden que se vive en un país democrático, con libertad de expresión, respeto al órgano jurídico y político. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, porque no se pasa del discurso a la acción. Las autoridades practican un desvencijado populismo, con el que ya no se compra al pueblo.
El paraguayo ya dejó de ser sumiso y tonto. Esto ya llegó al límite, ya no existe espacio para seguir tolerando las grandes arbitrariedades e injusticias que comete cada gobierno de turno. Ya se cansó el pueblo, donde la reacción de insatisfacción es continua y permanente, porque la corrupción y el robo ha llegado al pico más alto, donde la vergüenza ha quedado atrás, para que nuestros políticos y autoridades sin el menor desparpajo (con ciertas excepciones) sigan apoderándose de los recursos públicos.
Con ese discurso panegírico, “gobierno transparente” que se pasa diciendo el presidente Horacio Cartes a lo largo y ancho del país, lejos de que la ciudadanía lo crea, constituye la mayor afrenta para una población con una pobre cobertura en la salud pública, un ínfimo desembolso al área educativa, nula fuente laboral, inseguridad galopante, entre otros graves problemas, convierte al actual titular del ejecutivo nacional en un mentiroso y que apaña a los ladrones, corruptos y facinerosos. Seguiremos padeciendo de estos males, mientras exista una justicia alquilada.
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