La Alianza Público-Privada (APP) va camino a un rotundo fracaso

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Escribe: Luis Alen.

 

El Gobierno de Horacio Cartes había anunciado como su principal as de espada la Alianza Público-Privada (APP) con el fin de encarar las grandes obras públicas, en las que se asociarían el Estado y el sector privado, ahorrando de paso millones de dólares al Tesoro público.

El Gobierno acaba de anunciar la primera APP concretada, la del ensanchamiento a cuatro carriles de las rutas 2 y 7, desde Ypacaraí hasta Caaguazú, el cual muestra costos con serios indicios de que los números que se manejan rayan en una tomadura de pelo a los gobernantes, o al menos a quienes no están metidos en algún “enjuague”, pero para el pueblo paraguayo resulta un golpe tremendo por los sobrecostos inicuos que se avecinan en las obras, que deberán ser pagadas por generaciones.

Por ejemplo, en el proyecto insignia que maneja el Gobierno como demostración de la viabilidad práctica de las APP, el del ensanchamiento de las rutas 2 y 7, el costo por kilómetro planteado por la única empresa oferente es de nada menos US$ 2,8 millones, mientras que la misma ampliación prevista por Tape Porâ, entre Caaguazú y Minga Guazú, también en la ruta 7, costará poco más de un millón de dólares, según las estimaciones de los técnicos de la empresa concesionaria, cuyo contrato con el MOPC fue renovado hace poco por ley del Congreso por 30 años más.

La diferencia es muy sugerente y llamativa, pues en el tramo de APP el ensanche costará casi el triple que en el de Tape Porâ, lo que conduce a concluir acerca de la falta de parámetros objetivos que lleven a fijar números adecuados que eviten inflar las cifras del proyecto, a fin de no arribar a sobrecostos que se cargarán sobre las espaldas de los usuarios de la ruta y del mismo Estado, es decir de los contribuyentes.

Mientras el costo de Tape Porâ está dentro de lo razonable, el de la oferta del consorcio Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay) se encuentra muy por encima de lo estimado para esta clase de emprendimientos, que sólo implica la construcción de dos carriles más para ser agregados a los dos ya existentes, con el agregado de otras obras como desagües, puentes, rotondas y viaductos, que también prevé realizar Tape Porâ.

Un solo oferente

Lo que igualmente llama la atención es la forma en que será adjudicado este consorcio, que después de la presentación de una docena de interesados a la licitación, finalmente sólo la empresa citada entregó su sobre oferta, que fue abierto en un acto prácticamente “secreto” en el MOPC.

La empresa portuguesa también estaría detrás de la presentación como “único oferente” de la reconstrucción de la ruta Transchaco, entre Puente Remanso y Mariscal Estigarribia, con un costo estimado de US$ 2.300.000 por kilómetro, incluyendo la financiación privada por 15 años, en el marco de la Ley 5.074, a través de la modalidad “llave en mano” y financiación propia de la empresa concesionaria.

Lo llamativo es que el MOPC volvió a presentar a un solo oferente, después que hubiera anunciado la existencia de varias ofertas, para un valor de obra de US$ 596 millones.

Para más datos, la empresa portuguesa Mota Engil también es la adjudicada para la obra del Metrobús en Asunción, pero que sorpresivamente subcontrató a Ocho A, su socia en el ensanchamiento de las rutas 2 y 7.

Hay algo que no funciona en los procesos de APP y de concesiones del Gobierno, para las grandes obras públicas que demandarán ingentes recursos que deberán ser cubiertos a lo largo de los años. Porque si bien es cierto que el sector privado aporta su financiamiento e ingeniería, resulta inevitable el repago de estos fondos a lo largo de las décadas siguientes, comprometiendo el bienestar y el futuro de generaciones de paraguayos.

 

En vista de que las licitaciones no están funcionando para que pugnen las empresas y en esa competencia surja un precio menor por kilómetro construido, especialmente en el caso de las rutas, surge la pregunta de si no sería mejor tomar como parámetro el costo de una empresa privada como Tape Porâ, en la construcción y administración de la ruta 7, que mantiene desde hace casi 20 años.

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