Escribe: Luis Alen.
En los tres años del Gobierno de Horacio Cartes, quizás el mayoritario déficit se esté configurando en la ausencia casi total de un rumbo definido en la política energética, y como su expresión más lacerante aparece la calamitosa situación de la red eléctrica administrada por la ANDE.
Los reiterados cortes en el servicio, con cualquier ventarrón que sopla, son sólo el síntoma de una deficiencia general proveniente de la carencia de inversiones en líneas de transmisión y distribución, que hace rato debieron ser encomendadas al sector privado, en virtud de la incapacidad estatal para hacer frente al crecimiento del consumo y de la economía.
El Gobierno de Cartes, en vez de crear las condiciones para la inversión privada, a través de por ejemplo la constitución del ente regulador del sector eléctrico, demoró en demasía para adoptar una determinación firme al respecto, dando lugar al agravamiento del mal servicio del sistema regido por el Estado.
HC no fue capaz ni siquiera de abordar el problema energético nacional como un todo, con lo que se evitó una planificacón estratégica de mediano y largo plazo, incorporando en el programa a las binacionales hidroeléctricas, a las importaciones de petróleo y gas, además de la biomasa, así como las energías renovables, como la solar y la eólica.
Sindicalismo retrógrado
Los sindicatos de la ANDE se oponen a lo que denominan como “la privatización”, olvidándose que los mismos dirigentes sindicales del ente estatal son cómplices de la actual situación, que no se origina como ellos dicen en la deliberada falta de inversión estatal para llevar “a la muerte” a la empresa, sino por el grave incumplimiento de la misión de todo Gobierno, como es la planificación y la programación que lleven a cabo las inversiones indicadas en forma racional y estudiada.
Para empezar, la ANDE debe dejar de ser juez y parte en el sistema, para pasar a convertirse en una empresa más entre las varias que pueden constituirse para la explotación del servicio, ya sea de generación, transmisión o distribución. Es el caso ya de la empresa Clyfsa de Villarrica, muy eficiente, y la de las colonias menonitas del Chaco, también un ejemplo en su ámbito de distribución.
La generación eléctrica está a cargo de las empresas binacionales Itaipú y Yacyretá, pudiendo pasar a formar parte del parque generador otras empresas privadas, tanto en el ramo del gas natural como en la producción de electricidad a partir de biomasa, la energía solar o la eólica (el viento). Todo este conjunto de inversiones ya cuenta con un marco legal, faltando sólo la creación del ente regulador de la electricidad, cuyo proyecto de ley sigue pendiente de una decisión política en el Congreso y en el Ejecutivo.
Los sindicatos de ANDE también son sospechosamente condescendientes con las famosas tercerizaciones de servicios para la entidad, que generalmente son tomadas por ingenieros amigos del equipo directivo de la estatal, con jugosos contratos que pagan trabajos de dudosa calidad y necesidad real.
El Gobierno de Cartes debe a la ciudadanía un nuevo sistema eléctrico nacional, con las inversiones privadas que se tengan que realizar, y con un ente regulador que imponga a la ANDE y a todas las empresas las condiciones de calidad y eficiencia en el servicio.
Así como ya se empiezan a concretar las inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria, a través de la Alianza Público-Privada (APP) y el régimen de concesiones, también cabe esperar que el vital sector eléctrico tenga una nueva fisonomía que permita su dinamización y crecimiento acorde con los requerimientos de los agentes económicos.
La creación de riqueza debe ser la prioridad para generar empleos y así disminuir la pobreza en el país. Pero, para ello, debe tomar impulso el sector energético, cuya configuración por medio de un plan estratégico y una adecuada programación adolecen de un retraso injustificable.
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