Escribe: Luis Alen.
La desaceleración económica se ha agravado en el último mes, incentivada por la inestabilidad política. Por esta razón, surge la necesidad urgente de poner término a la incertidumbre institucional generada en el país como secuela de los desatinos gubernamentales en un tema tan delicado como la negociación con Brasil sobre la contratación de potencia en Itaipú.
Pero hay un factor que se debe considerar más allá de cualquier insinuación sobre el “efecto del escándalo Itaipú”, analizando lo que ya se venía observando en el primer semestre de 2019, respecto a la excesiva lentitud en las inversiones públicas, pese a que eran las medidas indicadas para enfrentar y neutralizar eventualmente el ciclo recesivo que ya se iba profundizando.
Precisamente, se achacó desde el inicio de su mandato al Gobierno de Marito su falta de gestión, a tal punto que el responsable del Ejecutivo tuvo que salir a culpar a las grandes lluvias más que a la lenta burocracia estatal, con el fin de encontrar alguna explicación de fuerza mayor como responsable del fracaso en el primer año de conducción del país del nuevo presidente.
Otro argumento de peso esbozado por el Jefe de Estado fue la menor dinámica económica provocada por la lucha contra el crimen organizado, los narcos, contrabandistas y, en general, el difícil proceso de formalización económica al que obligatoriamente se debía tender, en vista de la lucha por la mayor institucionalidad del país, de cara a compromisos internacionales insalvables como el obligatorio freno a la circulación de capitales que provengan del lavado de activos sucios o del financiamiento al terrorismo.
Problema es el modelo-país
El Paraguay hace tiempo debió elegir un modelo-país menos dependiente de la economía ligada a los capitales negros o grises, venidos de los negocios turbios de los diferentes tráficos ilegales, que se basan en la permeabilidad exagerada de nuestras fronteras.
Quizás el Gobierno de Marito estuvo bien encaminado, pero su lentitud en la adopción de las medidas decisivas desembocó en la imposibilidad del descabezamiento de la protección política a las mafias y del liderazgo de éstas, haciendo que se produjera un “retorno de los brujos” tras el acuerdo por evitar el juicio político por el tema Itaipú.
El gran problema ahora para el Gobierno abdista es la continuidad de la formalización e institucionalización de la economía, sin tener que necesariamente tender a una recesión, que se encuentra ya a la vuelta de la esquina, más aún cuando también en todo el mundo se habla de una asonada recesiva en la economía global.
Como medida interna antirecesiva, la única salida recomendable es plantear una inyección monetaria y de capitales en la economía a través de las obras públicas, así como un estímulo al consumo interno, en lo posible a través de medidas impositivas e incentivos a la radicación de capitales extranjeros en el país.
Pero no por ello se deberán relajar los controles sobre el lavado de dinero y los fondos provenientes de los tráficos ilícitos o los delitos contra el patrimonio del Estado. Por el contrario, se tendrá que dar un mensaje claro que la estabilidad política no implica impunidad para nadie, y menos aún para los que están expectantes de sacar ventajas de una economía volcada a los negocios turbios, en detrimento de la formalización e institucionalización del país.
Ya se había hablado de recursos en el orden de US$ 1.500 millones para financiar proyectos de reactivación económica, que podrían tener impactos para una recuperación en el segundo semestre de este año. Pero, desafortunadamente, el alto costo del apoyo político al gobierno le podría significar a éste un tiempo más de espera hasta que los agentes económicos estén convencidos que la estabilidad declamada es una realidad y no un mero discurso coyuntural.
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