Escribe: Luis Alen.
Durante la campaña electoral previa a las internas de los partidos, casi ninguno de los candidatos habla de empoderar al pueblo, es decir, para que éste sea protagonista de su propio destino, a través del pleno aprovechamiento personal y familiar de las riquezas, tanto agroganadera como energética, con que cuenta nuestro país.
Casi como una obligación se refieren a los temas clásicos de la inseguridad ciudadana, la pobreza de grandes segmentos de la población, la marginalidad o la necesidad de viviendas, así como al problema de la tierra en el campo, pero todos soslayan referirse a las soluciones auténticas para estos flagelos, que pasan por el pleno ejercicio de las soberanías: alimentaria, energética y económica.
La inseguridad física, jurídica y económica, que sufren los habitantes del Paraguay todos los días, puede ser revertida con la aplicación de políticas que lleven a la posesión de la seguridad a través del ejercicio de la soberanía popular, en los temas de alimentación, energía y economía.
La soberanía viene a ser así el poder, la capacidad o la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas para una producción económica y energética sustentable, en términos ambientales y sociales, con el fin de alcanzar en primer lugar la seguridad alimentaria, así como un uso adecuado de la energía, llegando así a un desarrollo económico con inclusión social.
Comenzar por el problema campesino
Lo más urgente para cualquier político que se precie de atender las necesidades de su pueblo, es el problema campesino, con el fin de evitar que siga migrando gente a las ciudades o al exterior. El primer gran objetivo debe ser la elevación del nivel de vida del productor-consumidor campesino, por medio de un sistema alimentario sostenible, basado en el autoconsumo, el incremento de la productividad y del ingreso del pequeño productor, así como la alimentación y nutrición adecuada durante todo el año para el núcleo familiar, eliminando la desnutrición de los niños.
Para cumplir con este objetivo, la tierra debe servir para vivir y producir en ella, con la imposición de tributos progresivos para gravar más a los que poseen mayores superficies. Asimismo, con inversiones del Estado tendientes a revalorizar las pequeñas ciudades del interior del país, con obras urbanísticas, transportes e infraestructura vial y energética. Debe ser clave la instalación de industrias y cadenas productivas para dar valor a la producción del campesino.
En el plano energético, se impone la recuperación plena de los recursos de las binacionales hidroeléctricas, con el fin de financiar las obras de desarrollo con el capital adicional que dispondrá el país a partir del excedente obtenido por la venta a precio justo y de mercado de la energía.
Al mismo tiempo, se debe planificar una nueva matriz energética nacional basada en las energías renovables, como la solar, dejando de priorizar la biomasa o los combustibles fósiles.
A su vez, la soberanía económica es la capacidad de un Estado de determinar por sí mismo las medidas que regulen las actividades productivas y de ingresos mirando el bienestar general y el bien común.
Aquí entra a tallar el uso eficiente de los recursos del Estado, por medio de una amplia reforma del gasto público y un redireccionamiento de la inversión estatal, dando prioridad a la provisión de los recursos para que la población supere la pobreza extrema.
En este contexto, será fundamental la reforma tributaria, que establezca la progresividad de los impuestos directos como el de la Renta personal. Así como ampliar la seguridad social, tanto la contributiva como la no contributiva, poniendo énfasis en salud y saneamiento básico urbano y rural.
Por supuesto, sin olvidar la inversión prioritaria en educación, porque la inversión esencial es la que se realiza en los recursos humanos, atendiendo a que la transferencia monetaria a la población tendrá el condicionamiento de la capacitación laboral, la práctica de deportes y la realización de actividades comunitarias solidarias.
Los recursos para aplicar estas políticas se basarán en el aumento de la recaudación tributaria, con saldo neto a favor que beneficie a quienes están por debajo del umbral de pobreza o de la media del ingreso per cápita. También a través de la reducción a cero del costo de la corrupción y de la política, tomando por caso las compras del Estado a precios sólo de mercado, evitando a las empresas el pago de las famosas “coimisiones” a los proveedores.
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