Escribe: Luis Alen.
El rechazo de la ciudadanía y de los analistas económicos a los cambios en el impuesto a la renta personal vuelven a poner sobre el tapete los temas pendientes de la reforma del Estado y de una lucha contra la pobreza que sea sostenida por el crecimiento económico, una justa estructura tributaria y una política de redistribución equitativa de los frutos de la productividad.
Pretender, como se quiso hacer desde el ministerio de Hacienda, un atisbo de rediseño en la vetusta e injusta escala tributaria en un impuesto directo como el IRP, al solo efecto de recaudar más y afectando principalmente a la masa de asalariados privados o estatales, evidentemente no era la solución a la vista de que esta medida requiere de un conjunto de decisiones que abarca el funcionamiento de toda la economía.
El presidente Horacio Cartes explicó que dejaba sin efecto cualquier aumento de impuestos pensando antes en la necesidad de impulsar la economía como un medio más idóneo para la finalidad de una mayor recaudación tributaria, sin necesidad de forzar los bolsillos de la ciudadanía honesta que se aviene a cumplir sus obligaciones con el Estado.
Pero es este mismo Estado el que debe buscar también ser más eficiente y generador de condiciones para la dinámica productiva en la economía, a través de un presupuesto en el cual se privilegien las inversiones y no los gastos superfluos de mantenimiento de una burocracia excesiva cargada de planilleros.
Algo no funciona
Los impuestos directos como el IRP o el que grava las ganancias de las empresas, son válidos para alimentar un sistema de redistribución de la renta, que es muy importante para la reducción de la pobreza, ya que los datos están indicando que el crecimiento económico de por sí y en forma automática no incentiva la reducción de la pobreza.
Según datos del Banco Mundial, en el Paraguay el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita aumentó en 33 por ciento en la última década, mientras que la franja de pobreza siguió afectando a casi 35 por ciento de la población, habiendo bajado apenas del 40 por ciento en que se encontraba hace 10 años.
La permanencia de este nivel elevado de pobreza tiene su explicación en lo que el mismo Banco Mundial llama la “economía volátil” basada en la agricultura y en las exportaciones de materias primas, pero el dato más elocuente viene por el lado en que precisamente el incremento del PIB del orden de 5 por ciento anual entre 2004 y 2015 se basó en actividades agropecuarias como las plantaciones de soja y cereales o la ganadería que poco impacto tienen en el ámbito del campesinado más pobre, que sólo tiene la opción de emigrar a las ciudades ante el avance de la agricultura empresarial.
Lo más lógico en este caso es aplicar una profunda reforma tributaria en la que los que ganan más en el producto económico, paguen más impuestos, como llegó a sugerir el ministro de Hacienda Santiago Peña. Sólo que el secretario de Estado no se dio cuenta que en estos momentos los políticos están en otra cosa, más atentos a las tendencias electorales que a las medidas que se orienten a redistribuir la renta en el país.
En este escenario, se puede deducir entonces que vale más encarar una limpieza en el presupuesto nacional, comenzando por cortar los gastos superfluos que son muchos, pero privilegiando las inversiones que son fuente de empleo e incentivo para que la inversión privada también se dinamice.
Como materia pendiente sigue así la redistribución de la riqueza a través de los impuestos directos, pero esto es harina de otro costal, ya que en primer lugar hay que crear las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento de la economía generen más empleo a través de las inversiones.
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