Escribe: Luis Alen.
El presidente Marito Abdo reconoció la derrota de su Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, tras el episodio de la masiva fuga de 76 soldados del PCC brasileño de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Este lamentable desenlace pudo haber sido evitado, si es que el abdismo hubiera hecho los “deberes” en forma, pero ahora ya es tarde, porque la ley que impera en el país es la de la mafia.
Para empezar, siempre se advirtió al jefe de Estado que su discurso de lucha frontal contra los mafiosos no se compaginaba con la deriva del Ministerio Fiscal, totalmente controlado por el “gobierno en la sombra” del cartismo, ya que la fiscala general Sandra Quiñonez responde sin lugar a dudas a las ordenes provenientes de Horacio Cartes y de los intereses que maneja èste en coordinación con el submundo fronterizo.
Los avisos provenientes de la fiscalía y la policía de Brasil, acerca de las peligrosas relaciones del capo del Primer Comando da Capital (PCC), alias “Minotauro”, a través de su esposa abogada, con exponentes destacados de la investigación fiscal paraguaya, fueron prácticamente ignorados por la fiscalía general, igual que el alerta de la ministra de Justicia Cecilia Perez, acerca del inminente escape o rescate de los delincuentes en la penitenciaria regional del Amambay.
Los reiterados mensajes y advertencias se dieron en momentos en que por via judicial se intentaba dar la “prisión domiciliaria” a presuntos seis sicarios del grupo operativo del PCC, sospechados incluso del sonado crimen de la Dra. Laura Casuso, la abogada de Jarvis Ximenes Pavâo, ocurrido en noviembre de 2018. Fiscales y jueces de esmeraban por propiciar la “fuga” judicial, pero finalmente se tuvo la “huida” del túnel como fachada, porque lo cierto es que salieron del penal por la puerta principal, como “Pepes por su casa”, al decir del ministro del Interior, Euclides Acevedo.
El Estado “fallido”
Por donde se escarba aparece la mano de HC, ya sea como hacedor de los entuertos que ponen en ridículo las acciones de Marito contra la mafia, o como el gran componedor para salvarlo del juicio político. Lo cierto es que, según la policía federal brasileña (¡otra vez!) la esposa de alias “Minotauro” es nada menos que la letrada que asiste legalmente también al equipo del “rei dos doleiros” Dario Messer, a su vez “hermano del alma” de Horacio.
Al “unir con flechas” se llega siempre al mismo esquema del mecanismo bien aceitado de los traficos, el lavado de dinero, el financiamiento al crimen organizado, las bandas como el PCC y el terrorismo internacional.
La “pesada” del PCC hace rato tiene en mente el control de los aparatos judiciales y de seguridad, o por lo menos ya lo estaría logrando en altas esferas del Estado, como sería el caso de la fiscalía y algunos miembros de la clase política, sin distinción de partidos, pasando por las fuerzas policiales y presidios.
Esto indica que nos estamos acercando peligrosamente a un Estado “fallido”, donde impera la ley del “mbarete” y de la mafia, quedando subordinadas las demás leyes y las instituciones de la Republica a lo que ordenen los jefes mafiosos.
Hace rato también le reclamábamos a Marito un accionar menos dubitativo y màs enérgico para un cambio en la fiscalía general del Estado, por la complicidad manifiesta de su titular con quienes quieren llevar al fracaso la institucionalidad del Paraguay.
El “abrazo” republicano que se avizora entre el abdismo y el cartismo para las elecciones internas de la ANR y las municipales de noviembre, se va concretando para confirmar que poco es lo que Marito podrá llevar a cabo en la dirección correcta para derrotar a la mafia.
Es el momento de pensar si esta situación endeble de poder se mantendrá hasta 2023 o podrá llegar un cambio para evitar el derrumbe del Estado de derecho en el país, en vísperas de las cruciales negociaciones con Brasil sobre el Tratado de Itaipu.
La fiscalía no acompaña
El trabajo de la fiscalía general del Estado definitivamente no ha acompañado la ímproba tarea de limpiar la política de la plata sucia de los narcos y de otros traficantes. Ahora que se duda tanto en implementar la trazabilidad del dinero en las campañas electorales, tampoco ha sorprendido la noticia del cajoneo en los despachos fiscales de las investigaciones sobre las innumerables denuncias en el torcido manejo de recursos de los políticos encaramados a la función pública.
Daba mucha pena ver a un Arnaldo Giuzzio, de la Senad, muy compungido en la conferencia de prensa convocada con posterioridad a la “fuga” del PCC, con la ministra de Justicia exponiendo futuras acciones que no se corresponden con la realidad, que ya se sabe para donde se encamina, en vista de las advertencias no tenidas en cuenta por la cúpula fiscal, procedentes principalmente de la policía brasileña, donde también se le tiene en la mira a HC por el caso Messer.
Al parecer, a Marito solo le resta convivir con la fiscalía actual, a falta de una decisión política para cambiar el coqueteo feroz de los políticos con la delincuencia organizada, y a la espera que por lo menos el cartismo le deje terminar su mandato, que puede pasar a la historia, lamentablemente, como el período durante el cual la mafia del PCC impuso su ley en el país, emulando a sus antepasados bandeirantes contra los indios guaranies y la población colonial paraguaya de los siglos XVII y XVIII.
El poder compartido con Horacio por lo menos le dio una satisfacción a Marito, tras la contratación de un nuevo préstamo de US$ 450 millones en el mercado de bonos, con condiciones favorables en tasa de interés y de largo plazo, pero consolidando el proceso de duplicación de la deuda externa en una década. Para Hacienda es una buena noticia, con el fin de cubrir el déficit fiscal, y mantener las expectativas de una recuperación económica en 2020.
Ahora el déficit a cubrir es en el área de seguridad pública, en la fiscalía y en la Justicia, donde la corrupción por lo visto hace estragos y amenaza con llevar de nuevo al gobierno actual al borde del precipicio.
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