Manual de impunidad de ZI ya se usa para “blanquear” a todos

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Javier Zacarías Irún habla a sus seguidores y anuncia que su movimiento sigue vivo, gracias a la “manito” que recibió de un vergonzoso esquema de protección judicial.

Con la decisión de la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, de nombrar al fiscal adjunto Edgar Moreno, a cargo de la Fiscalía de Luque, para investigar a magistrados judiciales y agentes del Ministerio Público en el sonado caso de los “aprietes” y extorsiones del clan González Daher, se confirma la plena vigencia del mecanismo de blanqueo utilizado por el clan ZI para burlar a las leyes penales y quedar así impunes.

 

Es la devolución de “favores” entre los políticos y los funcionarios de la Justicia, siendo la copia fiel del manual de impunidad de Javier Zacarías Irún, su familia y los allegados al clan, que se valieron de jueces y fiscales “amigos” de Ciudad del Este para conseguir escapar de la cárcel, a pesar de las graves acusaciones que pesaban sobre ellos de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, lo que les permite ahora volver orondos a dirigirse a los afiliados de la ANR con el propósito de competir en las elecciones internas de este año y hasta en las generales del 2023.

El manual de impunidad de los ZI no sólo incluye las clásicas “chicanas” para que procesos judiciales que afectan a políticos duren años y luego se extingan con el sobreseimiento de la misma autoridad máxima del Poder Judicial, sino que se llega incluso al direccionamiento de los procesos de investigación a manos de fiscales y magistrados amigos, como ocurre ahora en el caso del clan luqueño.

Esta situación demuestra claramente el procaz contubernio existente entre una clase política dispuesta a seguir robando al pueblo, a pesar de todas las pruebas de malversaciones y atracos al erario estatal, y el estamento de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público encargados de evitar que ello ocurra, consumando el quiebre de las instituciones establecidas en la Constitución para velar por los intereses públicos.

El clásico dicho de “hoy por mí, mañana por tí” parecería que se cumple matemáticamente con el nombramiento de agentes fiscales pertenecientes a la unidad del Ministerio Público situada en Luque, después que también a regañadientes se decidiera iniciar el procedimiento previsto en las leyes, para esclarecer las graves acusaciones de que todo un esquema fiscal-judicial estaba al servicio del fallecido Óscar González Daher y de su hermano Ramón, ambos condenados, como una especie de “oficina de cobranzas” al servicio de una usura ahora descubierta y desbaratada, con condena de 15 años para el último nombrado que incluye la sanción por lavado de dinero.

El problema es que la misma “oficina de cobranzas” ligada a los negocios del clan GD será la encargada de investigarse a sí misma, con lo cual se puede dudar de la imparcialidad de los fiscales y jueces, que es la condición ineludible para que caiga también el blindaje judicial operado por el clan político devenido en usurero, y reciban los funcionarios la respectiva sanción penal como cómplices y encubridores.

No es ninguna novedad que en el Poder Judicial y la Fiscalía se mire para otro lado cuando se trata de investigar a los miembros de la clase política, más aún si se trata de aliados políticos del Patrón HC, pero que se use en forma indiscriminada el manual de impunidad de los ZI llama la atención, más aún porque Javier y su clan ya no están protegidos por el cartismo, sino que pasaron a ser comodines ahora al servicio del oficialismo abdista-velazquista.

Ya en 2016 se había dicho en Primera Plana que las chicanas y la “amistad” de ZI con magistrados y fiscales nombrados por él mismo, llevarían las numerosas denuncias en su contra a un “oparei”, usándose como peligroso precedente para otros casos judiciales de investigación a políticos pillados “con las manos en la lata”.

Y es lo que ocurrió desgraciadamente para el país, quedando sólo el recurso a las urnas para desterrar a esta clase de políticos impresentables.

Pero es el momento en que también se reivindique la independencia del Poder Judicial a través de la Corte Suprema, que debería disponer la investigación exhaustiva sobre los magistrados participantes en el esquema financiero de los González Daher y se llegue a sancionar a los cómplices del famoso “apriete”. Es lo que corresponde hacer para acompañar la investigación de la Fiscalía, cuya titular, como se sabe, responde más bien a las órdenes de HC.

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