Escribe: Luis Alen.
Mientras los escraches se suceden en forma incontenible contra la impunidad, la corrupción y la narcopolítica, arrecia al mismo tiempo la lucha por el poder entre el presidente Mario Abdo y el ex presidente Horacio Cartes. Mientras el primero no termina aún de afirmarse en el sillón de López, HC ya se propone armar un contrapoder a través de su influencia comprobada en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
Así, la prueba de fuego que se viene es hasta qué punto Marito tiene la posibilidad de influir para que finalmente el compañero de ruta de Horacio, Javier Zacarías Irún, sea procesado junto a los integrantes de su clan familiar por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos, después de una nueva denuncia presentada la semana pasada en esos términos, por abogados del foro de Ciudad del Este.
Hasta hoy ha funcionado a “full” el blindaje de ZI en el Ministerio Público y en los estrados judiciales, siendo prácticamente inmune a los pedidos de procesamiento derivados de las múltiples denuncias por los manejos irregulares administrativos en CDE y en el Alto Paraná, así como por las sospechas de un galopante progreso económico a base de dinero negro en la función pública en los últimos 17 años de gestión de su clan familiar en la intendencia y en la gobernación, siendo prácticamente el factótum de todos los negociados habidos y por haber en la zona Este del país, además de los datos que manejan las agencias norteamericanas acerca de la protección política a todo tipo de tráficos y lavado de dinero en la Triple Frontera.
La rapidez con la que actuó la fiscalía en el caso del diputado Ulises Quintana, ex integrante del equipo político de ZI y emigrado a las carpas abdistas en el tramo decisivo de la campaña electoral pasada, contrasta con la pesadez en los movimientos del Ministerio Público cuando se trata de investigar el notorio enriquecimiento del ahora senador Javier y de su esposa la actual intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod. Las denuncias se acumulan, pero la investigación a fondo no llega, a pesar del listado ahora conocido de la gran cantidad de bienes y empresas de la familia ZI, que no condice con sus ingresos oficiales y con el trabajo legal que realizan.
Era impensable, desde luego, que en la era cartista algún fiscal se animara a investigar a los “popes” del cartismo, tanto HC como ZI, cuyo maridaje para la protección a los tráficos, el contrabando y el lavado de dinero, resultaba fundamental para el florecimiento de estas actividades en CDE, que han salido a la luz del día tras la operación “Berilo” de la Senad y la Fiscalía.
Ahora que Marito está en el ejercicio del poder, habrá que ver si el brazo largo de la Justicia le llega también a estos pájaros de cuenta, incluidos los González Daher, los Bogado y los Oviedo Matto, ya que la mera acumulación de denuncias en los anaqueles del Ministerio Público sólo lleva a una sensación en la opinión ciudadana de la mayor consolidación del poder del dúo HC-ZI.
¿Una trama oculta?
No escapó al círculo áulico de Marito la intención de HC y ZI de utilizar el “affaire Cucho” para asestar un golpe bajo al abdismo, con el sonado caso del diputado Quintana. Inmediatamente recordaron los referentes abdistas que la fiscalía y la Justicia todavía están en su mayor parte cooptadas por el cartismo, aunque es cierto también que, de aquí en adelante, todo depende de un contraataque frontal de Mario Abdo, en coordinación con los sectores opositores del Congreso que también le ven a HC como el enemigo común a neutralizar.
La ventaja de Marito es que todavía tiene el apoyo popular y los escraches van en la dirección de exigir la salida de los impresentables del Parlamento y su castigo en la Justicia, alcanzando la reprimenda ciudadana principalmente a exponentes cartistas. También está la advertencia presidencial del “caiga quien caiga”, lo que alcanza indudablemente a los propios integrantes de la carpaabdista, pero que sirve como motor de impulso necesario para las investigaciones fiscales.
Aunque hace falta algo más y es la necesidad de una presión sobre la fiscalía que tendría que venir de la misma clase política y del propio Marito, como sería el expediente de la implementación efectiva de una comisión parlamentaria de investigación que busque aclarar las múltiples denuncias de enriquecimiento, lavado y protección a los tráficos, que afecta a la mayor parte de la clase política.
Esta comisión no deberá tener límites ni cortapisas en su esfera de investigación, abarcando sin distinción de banderías y especialmente a los exponentes más sospechados de corrupción en los partidos tradicionales, con el fin de deslindar responsabilidades y neutralizar el resurgimiento del poder cartista cimentado en la narcopolítica, que con su poderío económico es capaz de comprar conciencias a diestra y siniestra del arco parlamentario.
El efecto que tendrá esta acción coordinada con la opinión pública impulsará evidentemente a la fiscalía a tomar las medidas del caso, así como permitirá que la oposición también aporte lo suyo para apuntalar las acciones de gobierno contra la impunidad y la corrupción en todos los estamentos estatales, obligando así a la Justicia a no prestarse más a las presiones de los políticos de turno o del extra poder representado ahora por HC.
El objetivo final es HC
Es precisamente el pedido que volvió a realizar en la sesión pasada del Senado, el senador Rodolfo Firedmann, quien no se cansa de señalar que en última instancia a quien se lo debe investigar a fondo es a HC, tanto por su relación con el lavado de dinero de Darío Messer o de los Zacarías Irún, como por la misma circunstancia en que durante el gobierno cartista se escondieron los datos del gran tráfico de drogas y otros productos como armas y cigarrillos, que servían de alimentadores del portentoso esquema de lavado de dinero que ahora va saliendo a la luz en CDE.
Sin el apoyo político difícilmente hubieran ganado tanto predicamento los traficantes, ya que realizaban sus actividades “sociales” con gran exposición pública y buscaban afanosamente limpiar su dinero sucio en empresas de fachada, utilizando toda la estructura económica y financiera con la bendición de un aparato estatal cómplice, como se vio ahora en el sonado caso de Javier “Cucho” Cabaña.
El poder del presidente Mario Abdo difícilmente se consolidará si es que no arremete con todo contra la estructura montada para el tráfico y el lavado, ya que es la base del poder económico detentado por el cartismo, que ahora se está constituyendo en el verdadero enemigo a combatir, incluso acudiendo a los votos en el Parlamento del arco opositor a la ANR, cuyo potencial desestabilizador del gobierno se acaba de ver con la votación del Senado, para que con 24 votos favorables de la mayoría opositora anticolorada pueda jurar el suplente liberal Abel González, proveniente del Amambay.
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