Escribe: Luis Alen.
El presidente Marito Abdo inscribió su candidatura para disputarle al también candidato Horacio Cartes la titularidad de la junta de gobierno de la ANR, en lo que se perfila como la lucha por el control del poder fáctico real. Mientras que por el lado de la competencia por el poder “legal”, es decir por la presidencia de la República, la Concertación Nacional tiende a conformar un solo bloque aglutinante de todas las fuerzas opositoras, con el anuncio de la adhesión a última hora del izquierdista Frente Guasu luguista.
Las internas del 18 de diciembre se perfilan muy determinantes para el escenario posterior a ser plebiscitado en las generales del 30 de abril de 2023, por el hecho de que el plato fuerte no estará tanto en la pugna por la candidatura a la presidencia de la República, sino por la confirmación de la competencia entre Marito Abdo y Horacio Cartes por la titularidad del Partido Colorado.
Nunca antes se había presentado una pugna simultánea de esta envergadura y de alto vuelo en la lucha por el poder real y el legal, pero al Patrón HC no se le ocurrió mejor camino para consolidar su poder fáctico que intentar controlar la conducción directa de la junta de gobierno colorada, en una jugada destinada a consagrarlo en su papel de árbitro de la política, si es que gana lógicamente, ya que así no sólo influirá sobre las decisiones de un eventual colorado que ocupe el palacio de López, más aún si éste resulta un hombre puesto por él como el caso de Santiago Peña, sino incluso para influir sobre Hugo Velázquez si éste gana tanto la interna y la general, o también para liderar la oposición si vence el candidato de la Concertación.
En el riesgo está la ganancia, de acuerdo con el cálculo de Horacio, pero la casi seguridad de su victoria en la interna radica en el dato de la impopularidad del presidente Abdo, confirmada por encuestas de rango internacional, así como por el hecho de que algunas encuestas “a la carta” serían unánimes acerca de un triunfo cartista en la carrera por la candidatura a la presidencia de la República, y ni qué decir por la titularidad de la ANR.
En esta perspectiva, la pregunta de los analistas es si HC, siempre que supere el escollo de Abdo Benítez, de qué manera afrontará una eventual derrota de su delfín Santi Peña a manos del candidato de la Concertación opositora, ya que en última instancia lo que está en juego en las elecciones generales alcanza también al poder fáctico del Patrón del Quincho de la calle España.
En el caso que sea Velázquez el presidente de la República, gracias al previo “abrazo republicano” tras la interna, puede que haya un acuerdo con Horacio para compartir el control de los “negocios”, aunque tampoco se debe descartar una confrontación que se dirima en el Congreso mediante una mayoría anticartista con el aporte de votos de la oposición.
Una posible victoria de la Concertación no escapa a las previsiones de HC, evidentemente, por lo que tendrá que buscar dividir de algún modo a la oposición, lo que no está consiguiendo en estos momentos tras la adhesión del Frente Guasu de Fernando Lugo a la coalición opositora, y de otros exponentes del PLRA que dejaron prácticamente aislado al procartista Blas Llano, al comprobarse que comparten el escenario concertacionista con Efraín Alegre otros candidatos liberales como Hugo Fleitas y Martín Burt.
Lo que está en juego
HC pone toda la carne en el asador de las elecciones porque sólo uniendo el poder fáctico con el poder legal le posibilitaría sortear el riesgo que suponen, para su futuro personal y el de sus negocios, las investigaciones sobre el mecanismo de lavado de dinero relacionado al submundo turbio del crimen organizado, según las evidencias que dejan entrever tanto el pormenorizado informe oficial de la Seprelad como las operaciones en curso anticontrabando y los allanamientos contra los escondites de sicarios en el Amambay que son la mano de obra privilegiada de las mafias.
Sólo a la Fiscalía de Sandra Quiñónez no le llaman la atención las graves denuncias que van saltando y que confirman lo dicho en el documento filtrado sobre lavado, así como la aparición de drogas junto a las cargas de tabaco decomisadas por la Armada en el lago de Itaipú en los últimos días, a lo que se agrega el revuelo originado por el avión venezolano tripulado por casi una veintena de iraníes de la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha sido detenido ahora en Buenos Aires y que el 13 de mayo aterrizó en el Aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este para llevar tres días después una carga de cigarrillos de Tabesa, de HC, con destino al paraíso fiscal de Aruba, por valor de 800 mil dólares.
A las agencias de seguridad norteamericanas no le habrá causado mucha gracia que un Jumbo 747 supuestamente venezolano esté sobrevolando Sudamérica con numerosa tripulación iraní, embarcando cigarrillos que bien se sabe financian tanto a las bandas de narcotráfico y a terroristas, como el caso del libanés Hezbollah, que a su vez está muy relacionado con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Tampoco pasó desapercibido para los agentes de Estados Unidos que el avión venezolano-iraní haya llegado a Paraguay apagando su “transponder” (el identificador electrónico) poco antes de aterrizar, pero contando previamente con la autorización de la Dinac, en un episodio muy sospechoso que no destapó las alarmas inmediatas en el Gobierno paraguayo, pese a que tres días antes en Barú, Colombia, era asesinado el fiscal antimafia Marcelo Pecci, por una banda criminal trasnacional de narcos, que contrató a sicarios entre los cuales se hallaba un venezolano.
Con este problemático escenario de un país sometido al crimen organizado internacional, se complica realmente cualquier gestión de Gobierno y más aún cuando el cartismo ofrece estabilidad política y progreso económico-social, pero exigiendo que su líder HC siga en el ejercicio del poder fáctico, como una especie de condicionamiento en el que se niega la existencia de la gran lavandería de dinero sucio y se menciona que los tráficos de drogas o de cigarrillos son un problema interno del Brasil, tal como lo señaló en una entrevista el candidato a presidente Santi Peña.
Después de quedar en flagrante evidencia que el futuro del país apeligra quedar en manos de la mafia, dentro del partido Colorado y de la oposición se tiene el convencimiento que las elecciones internas y generales determinarán el curso de la lucha contra el lavado de dinero, que es el caldo de cultivo de los diferentes tráficos y del terrorismo.
Con el fin de precautelar mejores días para la nación, el objetivo ineludible es consolidar una estabilidad política que sea la base para el desarrollo económico y social. Pero el futuro gobierno que surja debe partir del hecho de que sólo limpiando el país de corrupción e impunidad, especialmente en el Poder Judicial y la Fiscalía, se podrá salir adelante y combatir eficazmente la criminalidad organizada, por lo que la lucha contra el poder fáctico de HC adquiere singular relieve, tanto para colorados como para opositores.
La propuesta opositora
En este contexto, no cabe duda que un hipotético triunfo de la coalición opositora reunida en la Concertación 2023, aparece como el mejor escenario, más aún porque su programa de gobierno consensuado con diferentes fuerzas representativas de gran parte de la sociedad, tanto urbana como rural, puede conducir a los cambios muy necesarios en las instituciones de la República, todo lo cual favorecerá la venida de inversiones muy necesarias para la creación de empleos.
Es cierto que la unidad opositora sobrevendrá sólo para ganar la presidencia y vicepresidencia de la República, aunque también resulta posible esperar el surgimiento de nuevas opciones para mejorar la composición del Parlamento, donde las diferentes fuerzas políticas tendrán que negociar y ponerse de acuerdo para sustentar los planes del Poder Ejecutivo.
Para un HC triunfante en la junta de gobierno de la ANR, lo mejor sería lógicamente el triunfo de la candidatura presidencial de Peña, con lo que su poder fáctico no sería para nada devaluado, sino que estaría cada vez más solidificado.
Si es que gobierna la Concertación, será un escenario totalmente distinto, para lo cual resultará fundamental la capacidad de armar una mayoría parlamentaria, como el modelo vigente en la actual legislatura del aporte de algunos opositores a satisfacción de las posiciones cartistas u oficialistas.
Experiencia hay de cómo torcer conciencias políticas con incentivos crematísticos, por lo que un Gobierno concertacionista no debería dejarse maniatar o intimidar por el poder de HC. Para ello tendrá que buscar de entrada pactos en el conjunto de la sociedad con fuerzas sociales representativas, de tal forma a obligar la adhesión pública de los parlamentarios a las medidas que deberán ser tomadas para la defensa de las instituciones, de tal forma a que éstas no sean nuevamente cooptadas por el poder fáctico de Cartes.
Hay reformas urgentes que deben ser llevadas a cabo una vez que asuma el nuevo gobierno de la Concertación, porque son la única vía posible para el desarrollo, como la plena independencia judicial y fiscal, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que permitirá enviar más recursos para obras de infraestructura y para la atención a la salud, la educación y las urgencias habitacionales.
Asimismo, será de suma importancia el ejercicio de la soberanía energética a partir de las binacionales, con la vigencia del mercado eléctrico regulado por el Estado pero con amplia participación privada en la generación y distribución eléctrica, con los beneficios para el pueblo de la integración con los países vecinos en base a igualdad y eficiencia en el uso de la energía.
Atención prioritaria requerirá del nuevo poder “legal” de la República, el combate al crimen organizado, a las bandas delictivas que asolan el territorio nacional, así como el lavado de dinero y sus fuentes de alimentación que son los distintos tráficos. En este terreno es donde el poder formal tendrá que vencer al poder fáctico, cuyos personeros tratan por todos los medios a su alcance de que los organismos de control y la Justicia no actúen como deberían hacerlo, lo que facilita el florecimiento de la criminalidad, entorpeciendo así la lucha frontal y exitosa contra las mafias.
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