Marito prefiere “statu quo” en Itaipú porque no tiene un plan

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Marito Abdo opta por mantener la tarifa actual de Itaipú, en vez de escuchar una respuesta de Jair Bolsonaro a una propuesta de negociación en base a un plan nacional de desarrollo.

Escribe: Luis Alen.

 

Marito Abdo ya pidió a Brasil que la tarifa de Itaipú Binacional quede igual a la que rige ahora, hasta tanto se negocie el Anexo C en 2023 entre los nuevos gobiernos que surgirán en ambas márgenes. Lamentablemente, el próximo Ejecutivo paraguayo carecerá de un plan económico de reforma estatal y de desarrollo nacional que impulse a negociar mejor con los brasileños. En forma llamativa, Horacio Cartes respalda a Marito en ponerse a disposición del Brasil. 

 

Las candidaturas presidenciales comienzan a ser lanzadas, pero nadie hasta ahora toma como consigna básica la necesidad de aplicar la reforma del Estado y de la economía, como el paso previo para utilizar toda la energía de Itaipú con fines de desarrollo nacional. Parece que se mantiene el concepto meramente rentista en el uso de la electricidad, lo que favorece la pretensión brasileña de continuar con la cesión “barata”.

Está prácticamente confirmado que la renegociación de Itaipú con el Brasil le tocará al próximo Gobierno que surja en 2023, pero queda la duda planteada sobre la mejor estrategia energética, porque ya a partir de ahora se tendría que esbozar un plan de desarrollo nacional con la mira puesta en reformar el Estado, en función a la necesidad de realizar las grandes inversiones necesarias con el fin de impulsar una economía mucho más competitiva, acorde a la era digital en la que entra el mundo y utilizar así toda la energía que le corresponde al Paraguay en vez de cederla a precio irrisorio a los vecinos.

El Gobierno de Marito Abdo aparece ya como resignado a ponerse en las manos de Brasil, al plantear nada más que el mantenimiento de la actual tarifa de la usina binacional, sin modificarla hasta la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Es la posición más cómoda, pero por no haber llevado a cabo el trabajo previo fundamental, como era poner al país en condiciones de recibir masivas inversiones industriales para utilizar al máximo la energía que nos corresponde en la hidroeléctrica, como forma de asegurar el crecimiento económico, la creación de riqueza, la oferta aumentada de empleos con la consiguiente reducción de los elevados índices actuales de pobreza.

Es cierto que la pandemia vino a descalabrar las finanzas públicas con niveles de endeudamiento público exagerados y nunca acontecidos, pero por ello mismo se imponía la prometida reforma del Estado que fue prácticamente olvidada por el Ejecutivo, incluyendo al candidato presidencial oficialista, el vicepresidente Hugo Velázquez, a quien precisamente, al inicio de la emergencia sanitaria el año pasado, se le había encomendado presidir una comisión nacional al respecto, y que a la postre no tuvo las agallas para embarcarse en un cometido que debe realizarse con un fuerte compromiso de recortar gastos superfluos en el presupuesto, lo que evidentemente no figura en el “chip” de nuestras autoridades al dejar rezagado este plan “sine die”, priorizando el cortoplacismo electoralista y sin siquiera insinuar una mirada al horizonte de largo plazo del desarrollo nacional.

 

Brasil necesita la energía paraguaya

Es un hecho que una estrategia de mantener las cosas como están ahora, le hace el juego al Brasil, pues a la industria del país vecino le conviene contar con una usina eléctrica segura y barata, como es la de Itaipú con el aditamento de la “cesión” paraguaya a precio irrisorio.

Ya en los últimos días se notó como secuela de la reciente crisis hídrica, que el Brasil utilizó en algunas horas de gran consumo más energía paraguaya de 50Hz, en comparación a la cantidad menor retirada en el segmento de 60Hz de su propiedad. Esto da la pauta que los vecinos son al extremo “itaipu-dependientes”, lo que lleva a preguntar por qué no se negocia la venta directa de nuestro excedente a precios del mercado mayorista eléctrico del Mercosur, como caballito de batalla para la revisión del Anexo C, en vista de la creciente demanda de electricidad en el sistema brasileño.

De mantenerse el presente esquema tarifario, se buscaría a partir de la mentalidad “rentista”, y en detrimento de la “desarrollista”, lanzar al Brasil el caramelo del prorrateo de US$ 1.000 millones anuales para cada Estado, una vez que haya desaparecido el componente de la deuda en el costo de la binacional. Se sabe ya que la intención primaria de los políticos es la repartija de prebendas a sus clientes con tal de mantenerse en el poder, por lo que estos mil millones de dólares caídos del cielo tendrían sólo el fin de pagar el gran endeudamiento a que da lugar actualmente un presupuesto cuyo déficit bordea el 5 por ciento del PIB y que por lo visto está desbocado con un endeudamiento feroz a ser pagado con los ingresos extras desde Itaipú.

Hablando corto y crudo, el Gobierno va endeudando al país en forma totalmente irresponsable, porque sólo podrá pagar la deuda si aumenta los impuestos. Pero subir la carga impositiva sin los recortes del gasto y un plan económico, no resulta viable, y entonces queda jugar a la lotería del posible zarpazo a los fondos adicionales que podrían provenir de Itaipú toda vez que el Brasil acepte continuar con el carnaval del dinero burlado a los paraguayos a cambio de mantener la cesión barata de la energía para la industria del estado de São Paulo.

 

Falta de compromiso

La ausencia de un compromiso del Gobierno abdista y de los políticos en general con el devenir desarrollista del país se puede notar en varios casos, desde los increíbles recortes presupuestarios a la educación hasta el reciente veto presidencial al artículo 103 del proyecto de ley de servicios de confianza en las transacciones financieras electrónicas.

Este artículo clave establecería el más alto nivel de seguridad para la identificación de las personas en el mundo de las billeteras digitales, pero fue rechazado por Marito Abdo porque supuestamente se pondría en peligro la inclusión financiera de más de 2 millones de paraguayos que utilizan los teléfonos móviles para no mover dinero efectivo, por el supuesto costo adicional que significaría poner al día las identidades de los clientes de las compañías telefónicas, entre ellas Tigo, una empresa que prácticamente ha monopolizado el sistema de pagos por celulares desde hace 10 años.

Lo que se quiere preservar es la continuidad del actual sistema endeble de identificación que en realidad facilita hasta el uso de identidades falsas en las transacciones, de la mano del interés de quienes manejan el submundo del dinero negro y del crimen organizado.

El presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay, Beltrán Macchi, manifestó que de aceptarse en el Congreso el veto presidencial, el país quedará rezagado en la región latinoamericana en materia de seguridad en la era del dinero digital, además de estar condenado al atraso y sujeto a los intereses de quienes comandan el mercado negro, es decir los capos del crimen organizado.

Al revés de lo afirmado por Marito en su rechazo al artículo 103 de la citada ley, Macchi adujo que un nivel alto de seguridad en la identificación de las personas en sus transacciones financieras va a ser bueno y beneficioso para todos, especialmente para los mismos usuarios de las billeteras de las telefónicas. 

En el caso de las entidades del sistema financiero nacional, ya fue adoptado en sus movimientos electrónicos el nivel alto de seguridad equivalente al que establece el artículo 103, con o sin ley. Pero en el caso de una de las telefónicas, deberá decidir si sigue exponiendo a sus usuarios a la delincuencia o se suma a un mundo digital más seguro que es fundamental para el desarrollo nacional.

Con la no implementación del sistema alto de seguridad en la identificación de las personas para las transacciones digitales, nuestro país quedará sumido en la imposibilidad de operar con plataformas o redes locales, y mucho menos con las de otros países. Asimismo, el Banco Central difícilmente pueda avanzar en su proyecto de “Guaraní digital”, porque se necesita de una norma de este tipo para ponerlo en vigencia, quedando así el país rezagado en materia de finanzas electrónicas en un mundo que acelera la digitalización del dinero. El veto de Marito nos condena al atraso, remarcó el titular de la asociación bancaria.

 

Apoyo de HC

El titular cartista de la junta de gobierno de la ANR, Pedro Alliana, otorgó su aprobación a la postura del Gobierno de Abdo Benítez de mantener la actual tarifa de Itaipú, lo que da una impresión de unidad en el poder para convencer a los brasileños de seguir en el “statu quo” hasta 2023, sabiendo que la política de los hechos consumados es lo que más le conviene a los vecinos.

La posición del cartismo llama la atención, por cuanto además de indicar que el Patrón del Quincho tiene la última palabra en la negociación clave de Itaipú, denotará para el Brasil el derrotero a seguir para mantener el control de la usina con un hipotético nuevo Anexo C que le sea favorable a sus intereses. 

No hay que olvidar que HC quiere demostrar que tiene la sartén por el mango en Paraguay, y no sólo ahora sino eventualmente más allá de 2023 si es que triunfa en las elecciones su títere Santi Peña. Y porque la fiscalía y la justicia del país vecino lo tienen en la mira a Horacio en el “affaire” Messer del Lava Jato, es que siempre se ha alertado que poner la negociación de Itaipú bajo la férula de HC sería muy peligroso para el país, debido a que los brasileños podrían apretar por ese lado al Patrón y conseguir un acuerdo a medida de sus intereses.

De afirmarse el cartismo en el poder en 2023, el Brasil ya sabe que podrá hacer una copia casi perfecta del entreguista acuerdo Cartes- Macri de 2017 en Yacyretá, y que casualmente sigue a la espera de su ratificación por el Congreso argentino.

Pero finalmente todo quedará supeditado al resultado de las elecciones generales de 2023, en el Paraguay, y en Brasil a las elecciones del año próximo, donde hasta ahora las encuestas adelantan un triunfo categórico del expresidente Lula Da Silva sobre el actual presidente Jair Bolsonaro. Por las dudas, y ante la posibilidad de negociar con el referente de la izquierda moderada brasileña y latinoamericana, Efraín Alegre, uno de los precandidatos opositores, ya se adelantó a los demás y conversó hace unos días en Foz de Yguazú con la dirigente del PT (Partido de los Trabajadores), la senadora Gleisi Hoffmann, muy allegada a Lula, acerca de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Pero para que el cartismo pueda tomar el poder nacional, deberá pasar primero por la prueba del control partidario en las internas de la ANR, en donde la “concordia” ya es cosa del pasado, aunque siempre con la posibilidad de “cicatrizar” en aras de los negocios, santos y no tan santos.

Cartes tendrá que vérselas con Hugo Velázquez, quien ya tuvo sus antecedentes en el tema Itaipú cuando estuvo muy relacionado supuestamente al acta secreta de 2019 que casi le costó el cargo a Marito. En aquella ocasión, el vicepresidente habría hecho “lobby” para concretar la venta directa de energía de la ANDE al Brasil, y posiblemente electricidad de la misma usina paraguayo-brasileña, pero a precios de mercado con la intermediación de la empresa brasileña “Leros” vinculada al poder en Brasilia.

Por todo esto, el tema de la negociación con Brasil por Itaipú sólo tendrá plena vigencia tras las elecciones en nuestro país, que de hecho estarán muy condicionadas por el nuevo gobierno que ya asumiría en el país vecino con el inicio de 2023. Si es Lula el ganador en Brasil, un gran frente opositor liderado por Efraín podría tener fuerte andadura en el apoyo popular paraguayo, mientras que si resulta reelegido Bolsonaro, éste tal vez se contente más con la fórmula cartista de sumisión a los dictados brasileños, aunque también podría revivir un nuevo acuerdo tipo “Leros” en el caso que sea Velázquez quien logre tumbar a Peña en la interna de finales de 2022, poniendo fin así eventualmente a la era de influencia del Patrón.

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