Escribe: Luis Alen.
El presidente Marito Abdo fue honesto al reconocer que su gestión se halla condicionada por los “poderes fácticos”, sin aclarar cuáles son ni en donde actúan, pero el hecho cierto es que, lamentablemente para el país, la aclaración sólo confirmó que el Ejecutivo resulta incapaz de llevar adelante el necesario saneamiento de las cuentas públicas que exige la pospandemia.
La mención del jefe de Estado ocurrió en referencia al proceso de investigación sobre el escandaloso proceso frustrado de compras de insumos sanitarios destinados a la lucha contra el coronavirus, en un intento por defender al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien se halla en el ojo de la tormenta por haber avalado las adquisiciones con su firma.
El encriptado lenguaje presidencial no identificó a la persona o a los grupos detrás de las contundentes denuncias a las criticadas contrataciones de equipos sanitarios, y que moviera ya a la fiscalía a iniciar las imputaciones por ejemplo contra la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, una persona vinculada al entorno cercano del Palacio de López y que intentó groseras compras de agua tónica de gran sobrecosto.
Pero no pasó desapercibido para los analistas políticos avezados que un día después de la presencia de una comitiva fiscal en el ministerio de Salud, la bancada abdista en pleno de la Cámara de Diputados aportaba sus 20 votos para que, en unión con el cartismo y el llanismo liberal, se reunieran los 58 votos, de un total de 80, para rechazar el juicio político contra la fiscala general del Estado, que hasta hoy no puede mandarle a prisión al detestado clan de los Zacarías Irún, acusados con pruebas suficientes de haberse alzado con miles de millones de guaraníes de los fondos municipales de Ciudad del Este.
La mira en el 2023
Lo planteado por Abdo Benítez estaría demostrando que la “unidad” republicana en defensa de Sandra Quiñónez con el acople llanista se enmarca no sólo en la necesidad de declarar un “empate técnico” que lleve al posterior “opa rei” en los procesos de investigación, sino también implican los primeros escarceos para afinar los músculos con miras a la pulseada electoral de 2023.
No se debe olvidar que, no obstante la suspensión de los comicios internos y generales municipales de este año por la pandemia, sin embargo no tienen tregua los subterráneos reacomodos del poder, en los que el oficialismo abdista trata de mantenerse vigente en la escena de la ANR, donde, por ahora, lleva las de ganar el cartismo, como se ha comprobado en la defensa a la fiscala general, sobre todo por la inconmensurable capacidad financiera del “Patrón” HC, que ni siquiera fue afectado por el parón económico general de la cuarentena de casi tres meses.
En el mismo discurso de Marito sobre los “poderes fácticos”, por poco ya no lanzaba la candidatura presidencial de Mazzoleni, como queriendo dar a entender que las críticas a la gestión del ministro de Salud en materia de las compras sobrefacturadas de materiales hospitalarios encima inservibles en su mayor parte, sólo buscarían echar por tierra una imagen que iba ganando estatura política entre la población dado el exitoso abordaje de la crisis del coronavirus por parte del equipo epidemiológico comandado por el ya famoso “capitán” conductor de la lucha anti-Covid19.
Aunque no se podría descartar la intención de algunos enemigos agazapados que ven en Mazzoleni un posible contrincante de cuidado para la interna de la ANR de 2022, lo que aparece de primera intención es otro elemento aún más preocupante, y es la notable declinación que hace el presidente de su imagen al no desenmascarar a los “poderes reales” del país que se hallan detrás de su poder presidencial y que le obligan a seguir el libreto dictado por el cartismo y el llanismo.
Envalentonada por el apoyo político, la fiscala general se dio el gusto de imputar a Efraín Alegre, el titular del liberalismo y ácido crítico de la actual situación liderada por Horacio Cartes, el indudable factótum del poder y que mueve entre bambalinas a todo el andamiaje fiscal y judicial del país.
La imputación contra Alegre proviene de supuestas facturas truchas de la campaña electoral elaboradas por operadores del Alto Paraná y remitidas a la Justicia Electoral como rendición de cuentas de los fondos utilizados en los últimos comicios. Pero la arremetida contra Alegre tiene todas las características de un ajuste de cuentas del cartismo que vienen de la época de la quema del Congreso para evitar la reelección de HC, en 2017.
Este panorama político conduce sólo al progresivo desgaste de la capacidad de Marito de ponerse del lado de la sociedad en una coyuntura muy difícil en todos los sentidos, no sólo en términos de salud, porque el mayor peligro está por el lado de la no identificación de los verdaderos cerebros que se hallan detrás de los grandes números de la pandemia de corrupción e impunidad que agobia al Paraguay.
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