Escribe: Luis Alen.
La fuerte reacción de Horacio Cartes contra la repartija de dinero a los campesinos de la intersectorial, adoptada por una sorpresiva alianza entre abdistas y opositores, se magnifica por la indisposición del Patrón al ver a Marito blindado por Brasil después de su rechazo al control del Congreso sobre los “gastos sociales” de las binacionales.
Se enojó HC con Marito Abdo por el tema del descontrol en el manejo de la “caja negra” del Estado en 2021, que es vital porque será un año netamente electoral. Pero con ello se demuestra que la operación Cicatriz es sólo de impunidad judicial para ambos protagonistas del “abrazo republicano”, pero no sirve para promover una gobernanza que favorezca al país.
Entre los coletazos de la crisis por la pandemia y con el agravante de la agudización de los casos de coronavirus, se lanzó el calendario político-electoral que no parará hasta el 2023. Y como era de prever, empezó el forcejeo por los recursos financieros del financiamiento de la campaña, tanto en las municipales como para las generales.
Está visto por el desenvolvimiento actual del gobierno y la oposición, que su objetivo real no se sitúa en las políticas que favorezcan un cambio en la forma de orientar los fondos estatales, con miras a la redistribución de la riqueza y la consiguiente reducción o eliminación de la pobreza, sino en conservar a toda costa el actual estado de cosas, con el agregado ya conocido de la más absoluta impunidad para los amigos del poder.
Cuando el presidente Marito Abdo despotricaba contra cierto sector de la oposición que busca aplicar impuestos a la soja o a incrementar la tributación de las tabacaleras, en realidad estaba buscando atraer a otros opositores para la vieja costumbre de abrir la canilla monetaria a los “campesinos” movilizados en el centro de Asunción, pero que en realidad finalmente dará lugar a la inveterada succión de las tetas del Estado por parte de los punteros políticos del proceso electoral que se viene.
También Marito vio oportuno hablar en el mismo tono antiprogresista y antiizquierdista que le gusta escuchar a Horacio Cartes, pero éste no tardó en darse cuenta del puñal bajo el poncho del líder de Añetete, quien bajó línea a sus legisladores en acuerdo con la oposición, para la apertura del grifo de dinero sin control para los manifestantes de la “coordinadora intersectorial”, que se dieron por satisfechos y se retiraron rápidamente de las calles tras la misión cumplida de la ajustada mayoría en el Senado que daría lugar a la canilla libre monetaria.
Pero más que nunca quedó en evidencia, con pandemia incluida, que a los políticos no les interesa la cuenta a pagar después, ya que con el pretexto de la asistencia social por la crisis sanitaria, económica y social, el endeudamiento del país se fue a las nubes, con un presupuesto nacional desbordado por un déficit fiscal del 4 por ciento del Producto Interno Bruto, y sin que se sepa de dónde saldrán los recursos para pagar estos excesos en el corto y mediano plazo.
Brasil, el gran elector
Marito ubicó exactamente los límites a la operación Cicatriz con Cartes, que confluyen en la frontera con Brasil y Argentina en coincidencia con el manejo de los famosos “fondos sociales” de las binacionales Itaipú y Yacyretá. Por un lado, le asegura siempre a Horacio la impunidad en sus negocios, pero también Abdo se guarda lo mismo para sí, en la eventualidad que al cartismo se le ocurra revivir la amenaza del juicio político, porque ahora se ve nítidamente que HC está atado de pies y manos por la “ingeniería” armada desde hace años por el coloradismo con los poderosos vecinos.
No ha sido una casualidad el encuentro del 1 de diciembre en Foz, entre Jair Bolsonaro y Marito, para “observar el avance” de las obras del segundo puente de integración, porque además se acerca el momento de la renegociación del Anexo C de Itaipú. Por las dudas, Marito llevó a Bolsonaro la seguridad de que no se pondrá bajo la lupa el manejo discrecional de los “gastos sociales” de la binacional, lo que augura igualmente que en forma solapada se seguirá el libreto brasileño post-2023, es decir la aplicación de una tarifa baja a la electricidad y con los excedentes de la usina hidroeléctrica bajo el control de los vecinos.
Los “gastos sociales” siempre fueron como una chequera en blanco para los políticos, como pago a su sujeción a las pretensiones tanto de Brasil como de Argentina, para fijar un precio ridículamente ínfimo por la energía de propiedad del Paraguay, en directo beneficio de las industrias ubicadas alrededor de Sao Paulo y Buenos Aires.
Estos fondos de “regalo” no debían ser aceptados bajo ningún sentido, a cambio de renunciar al precio justo por la exportación de la mayor riqueza nacional originada en el agua abundante del Paraná. Por el bien de todos los paraguayos, tendrían que ser suprimidos y adoptar de una vez por todas la decisión de la venta del excedente eléctrico tratándose de un bien a facturar como cualquier otro de exportación, a un valor de mercado libre mayorista.
Es sólo cuestión de realizar un ejercicio aritmético, entre la compensación irrisoria que percibe el país por la “cesión” de la electricidad a Brasil y Argentina, con precio por megavatio/hora que rondan los 10 dólares según la actual redacción de los convenios, con los 100 o más dólares que tiene actualmente el megavatio/hora en el mercado libre regional mayorista eléctrico del Cono Sur.
Con estos recursos adicionales se podría financiar un plan de desarrollo nacional, dejando de lado las migajas que se perciben por los “gastos sociales” y que más bien benefician a los políticos de turno. Además, son caldos de corrupción y compran votos en las elecciones.
Carencia de plan
El opositor que quiera desplazar a la ANR del Palacio de López, en 2023, tendrá que hacerlo munido de un plan nacional de salvación económica y social, porque la superación de la crisis pandémica no sólo deberá hacerse pagando la pesada carga de la deuda que va a dejar el Gobierno colorado, sino también porque tendrá que servir de una hoja de ruta para que el nuevo gobierno no vuelva por los caminos del clientelismo político y la venta del interés nacional a vil precio, como ocurre en las hidroeléctricas.
Lamentablemente la oposición no cuenta aún con dicho plan, pero tampoco tiene la unidad como máxima meta, a pesar de los intentos que ya se están realizando en reuniones para pulsar posiciones de los distintos partidos.
Para comenzar, el problema de la división en el Partido Liberal plantea todo un desafío a la hora de llegar a acuerdos no ya por candidaturas de consenso dentro del PLRA sino incluso en el tema de un programa mínimo con el resto de la oposición, así como, por supuesto, el escollo mayúsculo que significa la nunca desmentida acusación de la funcionalidad del llanismo hacia el cartismo.
Las votaciones en el Congreso sobre el veto presidencial al control de los “gastos sociales” de las binacionales, además del tema de la canilla libre a los “campesinos”, pusieron sobre el tapete la falta de una línea definida de la oposición sobre las prioridades para salvar a la nación de la crisis pandémica.
Pero por lo menos sirvieron para demostrar que la operación Cicatriz no tiene otro fin que la impunidad pura y dura, además de indicar que el límite del poder de HC se llama Brasil, que tiene siempre en su poder el “chake” de un eventual pedido de extradición para el Patrón, en el marco del juicio al rey de los doleiros, Darío Messer, su hermano del alma.
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