Marito y HC quieren tomar más deuda para asegurar impunidad

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El pacto de impunidad entre Mario Abdo y Horacio Cartes sólo puede seguir si hay recursos, no importa si provienen de un aumento escandaloso de la deuda externa.

Escribe: Luis Alen.

 

Con el pretexto del agotamiento de los recursos para Salud, el acuerdo cicatrizante Marito-HC sondea en el Congreso la posibilidad de captar más deuda con la cual financiar el déficit público y la corrupción imperante. El pacto de impunidad amenaza llevar al país a un barril sin fondo, más aún ahora en que se le hace complicado al cartismo capturar el Senado.

 

El pacto de impunidad abdo-cartista es un monstruo con dos cabezas bien definidas. Por un lado aparece la cara visible de la crisis sanitaria cuyo agravamiento ya es atribuido a una deficiente gestión gubernamental; pero la otra cara de la moneda está representada por la necesidad de financiar la crisis, utilizando el mismo sistema de corrupción montado ya antes de la pandemia para mantener en el poder a la camarilla dirigente actual.

En vano la oposición se posiciona en pedir cuentas detalladas del uso del financiamiento de US$ 1.600 millones otorgado a Marito al inicio de la seguidas cuarentenas contra el virus, hace más de un año, porque se nota claramente que la ejecución de los gastos se realizó a través del esquema corrupto de las contrataciones estatales, sin mencionar desde luego las comisiones que se pagan a los “brokers” para colocar los bonos soberanos, con el agregado del “puente” que está “basado” en el eje corporativo asunceno.

Para los analistas económicos, no cabe duda que cualquier nuevo pedido de ensanchar aún más el endeudamiento público resulta inmoral, a la vista de su desmesurado incremento en cinco años, al pasar del 17 por ciento del PIB en 2016 al 34 por ciento en 2021. Pero lo cierto es que ya el Ministerio de Salud anunció que se encuentra con saldo rojo a mitad de ejercicio y Hacienda promueve una ley de estabilidad macroeconómica pospandémica, con el apoyo de una inyección de US$ 250 millones como respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que es requisito sine qua non para pactar nuevos préstamos con los acreedores de Wall Street, en Nueva York.

En cualquier caso, no sólo se debe reclamar la condición innegociable de la estricta rendición de cuentas, sino que los opositores deberán volcarse totalmente del lado de la ciudadanía honesta, para solicitar un cambio radical en el gobierno de Marito, que debe romper con toda corrupción priorizando el fin de la impunidad junto a la independencia judicial, además de impedir a como dé lugar que Horacio Cartes continúe acumulando poder, como sería el caso de que gane la presidencia del Senado a través de algún senador que le sea afín.

Pero la financiación de la pospandemia involucra más que la contratación de nuevos empréstitos externos e internos, como pretende el gobierno de la cicatriz abdo-cartista, o el impuesto a los ricos como proyecta la izquierda del Frente Guasu luguista. Se requiere antes que todo de una investigación profunda sobre las grietas del sistema público por donde se escurren ingentes recursos en los fétidos sumideros de la corrupción en las compras estatales. Asimismo, se tiene que atacar la fuga de fondos fiscales por las vías de la evasión tributaria, como medida adicional, lo que va a posibilitar con seguridad que no sea necesario recurrir a más deuda ni a crear nuevos impuestos.

 

La reforma política

Mucho se ha elucubrado sobre la imperiosa reforma del Estado, pero está visto que en el caso paraguayo no habrá cambios en el sistema corrupto estatal sin antes acometer la reforma política, pues la pretensión de reconvertir el aparato estatal para hacerlo más eficiente, evidentemente choca con la esencia misma del sistema como es la política prebendaria y clientelista.

Podría decirse que la forma corrupta de la gobernanza en el Paraguay permea a todo el arco partidario -ANR, PLRA, Frente Guasu,etc.- por lo que no menos cierto es que la crisis actual ya no resulta sólo sanitaria o social y económica, sino la manifestación de una enfermedad terminal de la maquinaria de hacer política, que está en la raíz de la ineficiencia estatal, caracterizada por la herencia de décadas de déficit en los campos claves de la salud, la educación y la infraestructura básica.

De allí que se imponga como obligación previa a la implementación de un plan de impulso económico pospandémico, la reestructuración del gobierno para que al frente de la administración estatal estén hombres no contaminados con la corrupción y por ello no condicionados por las mafias presentes en el poder. Esto quiere decir que el presidente Abdo debe asumir este tipo de liderazgo, o de lo contrario tendría que dar un paso al costado para que otros encaren un proceso de readecuación del aparato estatal a los nuevos tiempos que impone la grave crisis actual.

De que Marito apunta a seguir hasta 2023 con el mismo modo de gobernar lo indica el rótulo del proyecto de ley de “consolidación económica y contención social”, para un total de nueva deuda del orden de US$ 365 millones con el respaldo del FMI, que está actualmente a consideración del Congreso. Para disipar dudas, el cartismo ya ha dado a entender por parte de algunos diputados que están abiertos a “dialogar” para apoyar eventualmente el vital balón de oxígeno que solicita Hacienda.

Por lo menos fueron sinceros los técnicos del gobierno al rotular así la ley, en vez de uno más recomendable de “reactivación económica e inclusión social”, porque sin previa reforma política profunda será muy difícil una verdadera reestructuración estatal que promueva a la vez lo que la sociedad necesita en términos de mejorar las prestaciones sanitarias, educativas y de los demás servicios básicos en general.

Así, ya sería un hecho la continuidad de un proceso de endeudamiento que hipoteca a varias generaciones de paraguayos, pero que también podría profundizar la misma crisis, ya que el desgobierno hará valer sus prioridades políticas prebendarias de supervivencia en detrimento de las verdaderas urgencias de los sectores sociales más pobres y marginados en el reparto de la torta económica.

Haciendo cortejo a la consigna de más poder para HC, los legisladores de Añetete con el apoyo de ciertos liberales aprovecharon la ocasión para presionar al presidente con el fin de poner en vigencia la mayoría absoluta para echarle a un senador o diputado por pérdida de investidura, prevista en la Constitución, pero violando el texto de la Carta magna, que sólo prevé para este caso la mayoría simple. Es el resultado del laberinto en que se metió Marito para salvarse a sí mismo, porque ahora tendría que borrar con el codo lo que ya escribió con la mano, al firmar hace dos años el veto al blindaje de los legisladores, que desean así escapar a toda clase de investigación sobre hechos de corrupción.

De que continúa viento en popa la búsqueda de impunidad total con el sojuzgamiento del Poder Judicial, lo indica el hecho de que los diputados volvieron a destituir a un colega miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Eusebio Alvarenga, del PLRA, en una decisión que reñiría con la ley, para reemplazarlo por su suplente Rodrigo Blanco, también liberal, e hijo del exministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco. La destitución sigue a otra similar, hace algunos meses, cuando también fue sacado del JEM otro legislador, el colorado Ramón Romero Roa, quien acudió a la Corte para ser repuesto en vista que según la legislación vigente gozaría de estabilidad en su cargo hasta el final del período parlamentario.

 

HC y el Senado

No es ningún secreto que Horacio trata de llegar al poder total en la República, y lo que le falta ya es sólo controlar el Senado, que a más tardar a fin de mes deberá elegir a una nueva mesa directiva. Poner a la cabeza de la Cámara Alta a un senador que siga su orientación, responde a la intención de tener la sartén por el mango en el proceso que lleve a una posible sustitución  de Marito alegando su incompetencia para afrontar la crisis.

Pero no es un proceso fácil, más todavía cuando no aparece claro que el cartismo tenga la mayoría para imponer un candidato, como sería el caso de algún senador liberal del sector llanista. También el propio presidente Abdo mueve sus fichas para evitar alguna deserción más en las filas de Colorado Añetete hacia el cartollanismo, de tal forma que la división colorada paradójicamente pueda finalmente nutrir a los opositores para que éstos opten por uno de los suyos que no sean procartistas o eventualmente tengan los votos para que el actual titular Óscar “Cachito” Salomón siga en la silla presidencial senatorial, en una solución con la cual el jefe de Estado estaría más tranquilo.

Las internas del 20 de junio son tenidas como un barómetro para medir el humor o malhumor de los electores con respecto al gobierno, por lo que se prefiere en última instancia postergar la elección de la directiva del Senado para después de dicha fecha, porque también hay que tener en cuenta que están en juego en los comicios la presidencia y el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico.

Es lo que ya insinuaba el posible candidato de HC a la presidencia de la República, Santiago Peña, en declaraciones a la televisión, al traslucir el estado de ánimo en el cartismo sobre los “errores” de Marito en el gobierno que agravaron la crisis de la pandemia, y que costarán eludir cuando se rinda cuentas al electorado por parte de la chapa de la ANR en la campaña 2022-2023.

Según Peña, el mandatario “no toma decisiones” y allí estaría el motivo de su mala gestión. Sin embargo, se sabe que el presidente Abdo toma o no toma decisiones en función a lo que le impone HC como precio para su misma continuidad en el Palacio de López, teniendo como finalidad última tanto su propia impunidad como la de Cartes. A esto se reduce finalmente el objetivo de la ANR en el poder, y es el motivo por el cual se ha llegado a una crisis sin precedentes en el país.

La nueva administración que surja del voto popular en 2023 tendrá que enfrentar las consecuencias de la crisis pandémica con el firme propósito de pedir cuentas a la actual gestión de Añetete y al sector cartista que le sirve de sustento, a pesar que exponentes como Santi Peña tratan de ser al mismo tiempo oposición y gobierno, lo que resulta una jugarreta que ya no es digerida por una sociedad que ha sufrido en exceso durante la crisis con miles de muertos y afectados por el covid, ante la falta de adecuada asistencia sanitaria, medicamentos y vacunas.

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