Escribe: Luis Alen.
La madre de todas las batallas está sacudiendo al “cogobierno” abdo-cartista. Es la que se libra contra la narcopolítica en nuestro país, con el aval de Estados Unidos y los vecinos, Argentina y Brasil.
Marito declaró “intocables” a los exfiscales que apuntalan su gobierno, poniendo en aprietos el “abrazo” republicano con Horacio Cartes, quien está molesto con Carlos Arregui, titular de la Seprelad y porque el presidente no ha cambiado casi a nadie de su gabinete, pese a los pedidos cartistas para despedir, por ejemplo, al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que ahora será interpelado por el Senado.
Pese a estar considerado un rehén de HC, con la guerra para desterrar el Narco-Estado el presidente Abdo Benítez trata de demostrar que está dispuesto a superar el actual vacío de poder, pero preanunciando desde ya una dura interna en la ANR a partir de los primeros meses del año 2020.
Las reiteradas órdenes desde el “quincho” de HC no producen el efecto esperado sobre los exfiscales en tareas estratégicas del Gobierno como anticorrupción, la lucha contra el lavado de dinero, el combate al narcotráfico y el financiamiento al terrorismo. Esto quedó definido por el propio Marito, pero cuando ya el vicepresidente Hugo Velázquez recibía las instrucciones en Washington de cómo continuar el proceso de poner freno al creciente poder del frustrado “hombre fuerte” o “el patrón del quincho”.
Desvío de la atención pública
El pintoresco episodio del caso Lamborghini fue posiblemente hasta exagerado por ciertos exponentes de la estrategia comunicacional cartista, con tal de desviar deliberadamente el foco de la atención pública sobre un hecho político muy significativo, como fue la confirmación del presidente Abdo del carácter de “intocables” de los exfiscales que le secundan en el Gobierno. Es el caso de Carlos Arregui, en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), tenido como el funcionario más resistido por HC y sobre cuya cabeza pesa la orden de despido proveniente del “quincho” de la avenida España.
El mismo Arregui acompañó al vicepresidente a EE.UU., con lo cual se ha patentizado su rol principal en la estrategia tendiente a poner un freno al Narco-Estado. Es que sobran las evidencias que la protección política azuzada desde el quincho, quiso incorporarse como parte indisoluble del pacto de impunidad de la ANR, lo cual desde un primer momento no ha sido del agrado de la embajada de la avenida Mariscal López.
También en coincidencia con la reunión en la capital norteamericana, el ministro de la Senad (Secretaría Antinarco), el también exfiscal Arnaldo Guizzio, realizaba un operativo conjunto con la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, en los montes de la serranía San Rafael, en Itapúa, para desmantelar extensos cultivos de marihuana y evitar así el ingreso de la droga al país vecino, que ya es masivo en la frontera a través del río Paraná.
Pero la batalla decisiva se comienza a librar contra la narcopolítica, con el fin de reducir el poder de las logias de la protección política para los mafiosos traficantes, que ya prácticamente tienen copadas las estructuras financieras del Estado paraguayo. Un ejemplo es lo que saltó la semana pasada, a través del propio Giuzzio, de las revelaciones acerca de la “osadía” de los narcos de utilizar incluso ¡cuentas del Fonacide de las municipalidades! con el fin de lavar el dinero sucio procedente del tráfico de drogas, como el caso específico del intendente de Jesús de Tavarangue, en Itapúa, Hernán Schlender (ANR- Cartista), quien ya soporta orden de prisión.
La comprobación del uso de los canales financieros gubernamentales por parte del narcotráfico no hace otra cosa que resaltar en su máxima expresión el resultado práctico de la protección política a los narcos, al contrabando de armas y otros productos como los cigarrillos, que conducen al lavado de dinero, lo que a la vez confirma la conversión del Paraguay en un virtual Narco-Estado, ya configurado durante los cinco años de gestión de Horacio Cartes, lo cual no es ninguna buena noticia para la potencia norteamericana y para los poderosos vecinos Argentina y Brasil.
Precisamente, el gobernador del estado de Rio de Janerio, Wilson Witzel, acaba de solicitar al presidente Jair Bolsonaro en Brasilia, que el Paraguay sea sancionado, junto a Bolivia y Colombia, por ser los países que facilitan el contrabando de armas hacia las violentas favelas de la capital carioca. Hace poco también la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, encabezó un megaoperativo de incautación en su territorio de miles de armas de guerra con sus municiones, que estaban dirigidas al Paraguay, para su posterior remisión a las bandas delictivas brasileñas.
No es ninguna novedad que las bandas del crimen organizado transfronterizo tienen como pivot de los tráficos al contrabando de armas de guerra, que son utilizadas en la guerra que actualmente llevan adelante los grupos criminales por el control de las rutas del comercio ilícito.
Vacío de poder
La coordinación multinacional contra el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de armas y el financiamiento al terrorismo, es una realidad a la que ya no escapa el Paraguay, pese a estar sumido en una grave crisis de vacío de poder del cual no puede sacudirse el presidente Mario Abdo Benítez.
A raíz de la decisión de HC de no sumar los votos cartistas para el juicio político por el acta de Itaipú, Marito es una especie de rehén del expresidente, no faltando una semana en que algún vocero del cartismo profetice la pronta “caída” del actual mandatario. Hasta se aventuran fechas a partir de marzo del año próximo, ante un cada vez más esquivo “abrazo” republicano, lo que presagia una dura interna en la ANR, con el aditamento de un necesario toque de timón del abdismo, que en alianza con la oposición podría optar por otro nombre no vinculado al cartismo para la presidencia del Senado.
Los países vecinos y Estados Unidos monitorean con suma atención la compleja situación política paraguaya, reconociendo los riesgos de que una confirmación de la impunidad para los políticos metidos en la protección a los narcos y el lavado de dinero, podría conducir a días difíciles en la lucha interna contra estos flagelos, que alimentan, como se puede apreciar, a los grupos mafiosos, tanto de las favelas cariocas como del conurbano bonaerense.
Poco a poco, los fiscales del Ministerio Público, a cuya cabeza se encuentra la “ungida” por HC, Sandra Quiñónez, están comenzando a ponerse duros con los políticos protectores de las mafias. Habrá que ver hasta dónde llegan con este ímpetu, porque la gente sólo creerá en ellos cuando empiecen a caer los comandos de las mafias, y no ya solamente sus brazos ejecutores de menor cuantía, como las decenas de policías del Norte implicados con los traficantes, que empezaron a ir a prisión uno a uno la semana pasada, después de develarse la detestable trama de sumisión de los uniformados a las órdenes de los narcos, para hacer pasar la “merca” sin complicaciones por los puestos de control.
También corresponde observar con atención los movimientos que realicen jueces y miembros de tribunales de apelación, e incluso ministros de la Corte, en la lucha contra las mafias, para ver hasta qué punto el Poder Judicial se halla a la altura del reclamo de la sociedad de desactivar el poder del Narco-Estado.
Uno de los políticos que aún cuentan con gran protección en el Poder Judicial, el “líder” esteño Javier Zacarías Irún, todavía no ha rendido cuentas a la Justicia, por lo que la gran pregunta es saber hasta cuándo soportará la población honesta del país la burla de sus autoridades acusadas de todas clases de corrupciones, y que se pasean a sus anchas por el territorio nacional sin ser molestadas, pese a la gravedad de las denuncias en su contra.
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