Escribe: Luis Alen.
Muchos se preguntan por qué razón HC sigue sin bajarle el pulgar a Javier Zacarías Irún, a pesar de la mala imagen que significa para el país su presencia en las instancias de poder. Una explicación podrían ser los fluidos canales de comunicación que el cuestionado senador esteño mantiene aún con exponentes del Poder Judicial desde hace años, por lo que Horacio Cartes no puede darse el lujo de perder un molesto pero necesario aliado para su propia impunidad.
Horacio se mantiene atento a la evolución de las decisiones en el Poder Judicial con respecto a ZI, porque de alguna manera también tarde o temprano podría estar sometido a procesos parecidos que le pueden significar la diferencia entre mantener el poder y la caída, con su resultante más dura que sería la extradición al Brasil.
En última instancia, la verdadera lucha en la sombra se da entre el hombre fuerte paraguayo y los intereses más estratégicos del poderoso vecino, que se resumen en quién manda en Itaipú, así como en el oscuro mundo de la mafia y en el control sobre el comercio ilícito de frontera.
A pesar de los incendios, la pandemia y la crisis económica, no pasa desapercibido a los analistas más informados de la actualidad nacional que HC defiende a ZI no porque lo considere una especie de trofeo de épocas gloriosas, o en agradecimiento a sus servicios prestados para la llegada al poder, sino por ser parte de un plan destinado a consolidar su dominio de la escena política paraguaya, con el complemento de buscar el control absoluto del Poder Judicial, con miras a defenderse ante la amenaza latente de la fiscalía brasileña.
La operación “Cicatriz” tiene esa connotación, además de sellar la entrega del poder de Marito Abdo, confirmando de paso el reinado de la impunidad en plena crisis sanitaria y social. A cualquier reacción del presidente para ir recuperando terreno, HC le responde con otro movimiento tendiente a recordarle quién es el que ordena a la lapicera para que proceda.
Una parte de la oposición ha planteado la pérdida de investidura de ZI, pero tal es la debilidad de Marito y de su equipo de Añetete, que no se tendrían los votos para el efecto, por lo que se prefirió dar largas al asunto con el pretexto de la reglamentación del artículo 201 de la Constitución, que dice claramente que con sólo una mayoría simple de los presentes en la sesión se puede expulsar a un senador, como ya se ha practicado en varios casos, en vez de los 30 votos que ahora se buscan, con el agregado de un dudoso dictamen judicial que no está previsto en el texto constitucional.
Mientras se acumulan las acusaciones fiscales contra el clan ZI, especialmente los magistrados de CDE al servicio de la mafia se han esmerado por complacer a sus mandantes, sin siquiera sonrojarse, mientras la misma Corte Suprema o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados han mirado hacia otro lado.
Tal es el grado de impunidad a que ha llegado el país, que la salida del Senado de ZI se ha convertido en la medida por la cual se debe calibrar el grado de sometimiento o no de la Justicia a los dictados de HC y su claque de dóciles escuderos, sean éstos políticos, funcionarios públicos o magistrados.
El garrote judicial
No es ningún secreto para nadie que Cartes utiliza al Poder Judicial y a la Fiscalía para sus fines de concentración del mayor poder posible, como una suerte de “garrote” contra sus oponentes. Por eso hay que observar la orientación que van teniendo los casos judiciales del clan ZI, como primera indicación de hacia dónde van los vientos de los pactos políticos de impunidad o de reacción contra la suma del poder de HC.
En tal sentido, no sería del agrado de Cartes que la Corte Suprema vaya tomando medidas que afectan a los intereses del clan esteño que al fin de cuentas resultan por ahora también como si fueran contra él mismo. Así, se conoció por ejemplo la semana pasada el rechazo de la Sala Penal de la máxima instancia judicial a la recusación de la ex-intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, que confirmó al camarista Raúl Insaurralde en la causa por supuesta exacción y otros delitos contra la administración municipal. La esposa de Javier había alegado que supuestamente el magistrado “no es imparcial en su actuar”. Es decir, no era muy proclive a escuchar los “consejos” del clan, o algo por el estilo.
La Corte también deberá rechazar o aceptar los pedidos de reintegro de algunos senadores expulsados de la Cámara Alta, y entre ellos se encuentran algunos connotados cartistas que habían sufrido la pérdida de investidura. Para declarar un empate técnico, tampoco la Justicia ha sido muy condescendiente para el reintegro a la Cámara de Diputados del ahora beneficiado con la prisión domiciliaria, el abdista Miguel Cuevas, así como tampoco fue liberado de la cárcel el diputado Ulises Quintana, quien se quejó amargamente de que Marito le había abandonado.
En la Cámara Baja el dominio cartista es total, ya que va engullendo a varios abdistas para conformar la bancada colorada mayoritaria en detrimento de Añetete. Hasta se puede decir que un proyecto de juicio político a Marito prosperaría fácilmente si es que se lo propone HC con el apoyo de algunos opositores dispuestos a agachar cabeza. Como contrapartida, el plan de juicio político a la fiscala general, Sandra Quiñónez, podría dormir el sueño eterno.
Lo que no debería permitir el abdismo en el Senado, ya sea a través de su menguada bancada o por medio del veto presidencial eventualmente, es la arremetida del nuevo operativo blindaje, con senadores que pretenden una seudo enmienda sui generis al margen del texto constitucional, o sea ilegal, para evitar nuevas expulsiones de senadores y de paso beneficiar a Javier Zacarías Irún. Pero esta iniciativa perversa le convendría también a otros legisladores impugnados como el amigo de Abdo, Rodolfo Friedmann, lo que ya colisionaría con los designios de HC, que no le quiere ver al ex-gobernador guaireño “ni en caja de fósforos”.
Se debe recordar que tanto HC, cuando era presidente, como el propio Mario Abdo, habían vetado sendas leyes de autoblindaje de los senadores, atendiendo al hecho de la inconstitucionalidad de las mismas al ir por encima de lo dispuesto en la Carta Magna.
La inversión en la mira
El Gobierno de Marito desea mantener en su nivel más alto posible, pese a la actual crisis de recaudaciones tributarias y del endeudamiento por la pandemia, las inversiones públicas destinadas a la infraestructura física, como es la construcción de rutas y viviendas sociales con el fin de reactivar la economía.
Pero no se está fijando mucho en el otro componente esencial del panorama económico como es la inversión privada, que necesita tratamiento privilegiado en materia de financiamiento, fundamentalmente del sistema bancario, el cual ha sido muy esquivo en los últimos meses a pesar de la importancia de los fondos públicos de garantía que existen para incrementar el crédito al sector comercial y de servicios.
Otra señal que debe dar el Gobierno de Abdo es la continuidad con su compromiso de luchar contra la gran lavandería de dinero sucio, el contrabando y los tráficos ilegales, cuyo reinado en el país se ha acentuado con la pandemia. Por ello no tiene que transigir, incluso en plena operación “Cicatriz” de impunidad, con lo que se está pretendiendo en el Senado de blindar a los legisladores impresentables como ZI, o con cuantos políticos se hallan bajo sospecha de proteger a los grandes narcos y lavadores de dinero negro.
Es la ocasión de cambiar el libreto de la excesiva impunidad, que pone en peligro las metas más importantes para la ciudadanía como resulta la reconversión económica del país, por medio de inversiones privadas que traigan más empleo y dinámica productiva.
El viejo modelo de desarrollo de agricultura extensiva y sobreexplotadora de los recursos naturales debe dar paso a una nueva producción industrial basada en los estímulos a inversores que apuesten a la economía “verde”, con base en la energía eléctrica abundante que posee el Paraguay.
Pero, para ello, se necesita una Justicia independiente y no sometida a los poderes fácticos y menos aún a las maniobras de la politiquería criolla. Y la superación del “abrazo” cicatrizador pro-impunidad de los políticos es el primer paso en tal dirección.
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