Escribe: Luis Alen.
A medida que se prolonga la cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, se va poniendo en evidencia el alto costo de la política corrupta y prebendaria, que deberá ser liquidada en el corto plazo reformando el Estado, con el fin de evitar que el pueblo cargue en solitario sobre sus espaldas la pesada carga de solventar los planes previstos de recuperación de la economía.
Ya se habla que la prolongación del parón económico provocará que se quede corta la financiación de la Ley de Emergencia de US$ 1.600 millones, lo que obligará a una mayor expansión monetaria y del gasto público, además de impulsar aún más para arriba la deuda estatal.
Aparece un escenario en el que el Gobierno de Marito Abdo no tiene otra alternativa que recortar gastos superfluos y requerir descuentos en los altos salarios, pero donde más tendría que poner la mira es en el alto costo de la política prebendaria, que ha sido uno de los pilares de siempre para solventar campañas políticas y sirve además de soporte a miles de lealtades partidarias, no sólo en la ANR sino también en la oposición.
Ya de por sí el pueblo más pobre está cargando con increíbles sacrificios en la actual emergencia sanitaria, para obligarle después a continuar financiando un aparato estatal que succiona recursos para mantener el alto costo de la forma de hacer política en nuestro país. Y los datos sobran.
Es cierto que los funcionarios públicos tienen “derechos adquiridos” o conquistas laborales que siempre exhiben sus dirigentes sindicales, pero no se puede negar que los 300 mil empleados estatales se van perfilando ya como una casta privilegiada en la medida en que el resto de la población activa dependiente del sector privado resulta afectada por la crisis del coronavirus con el fantasma del desempleo y la falta de un sistema amplio de protección social.
El lado “oculto” de la corrupción
Será de justicia y de fundamento moral que el esfuerzo por financiar la asistencia a los más perjudicados por la parálisis económica, así como para volver a mover la maquinaria productiva en el sector privado, se realice atacando no tanto los logros laborales de los funcionarios públicos, sino a los costos “ocultos” de la corrupción que ahora el virus está poniendo al descubierto.
Al anunciar la reforma del Estado, Marito Abdo y su entorno político se abocan casi automáticamente a realizar recortes en el gasto estatal de cara a financiar el elevado costo de la crisis, pero posiblemente no dimensionaron en su justa medida dos aspectos que más habría que atacar: 1) los sobrecostos elevados e irracionales en las adquisiciones estatales, contratos de obras y en las exenciones tributarias, sin dejar de considerar la evasión impositiva; y 2) la anárquica distribución de los recursos, con el doble o triple esfuerzo que realizan el gobierno central, las gobernaciones y los municipios, principalmente en los rubros claves de salud y educación, por la falta de planificación y de control adecuado sobre los gastos.
Y la relevancia de estas dos realidades no tardó en amenazar con estallar en la cara de Marito, incluso de mayor gravedad que la emergencia misma, con la aparición de los conocidos “negociados” en las licitaciones, como el caso tragicómico de los elevados precios de las mascarillas de la Dinac, y el reclamo de los intendentes de manejar “a piacere”, sin los controles del gobierno central a través de la ley actual en revisión en el Congreso, el 50 por ciento de los royalties destinados principalmente a salud, educación u obras de infraestructura física y social.
El lado amigable de la pandemia, por encontrar alguna forma de consuelo para el sufrido pueblo que sufre las consecuencias del paro productivo y la búsqueda desesperada del pan diario, viene a ser así la obligación de que la reforma del Estado no se concentre tanto en cortar solamente los beneficios sociales del funcionariado o los altos salarios de algunos de entre ellos, sino en desmontar el aparato de corrupción alrededor de los manejos oscuros en las compras de bienes y servicios, así como en el despilfarro de fondos públicos a que da lugar la falta de una planificación clara en el uso de los recursos en los programas económicos y de acción social en todo el territorio de la República.
Así, la reforma del Estado podría ocasionar un “ahorro” en los gastos superfluos ocasionados por la corrupción y el despilfarro por la carencia de planificación adecuada, que sería de unos 2.500 millones de dólares, es decir un monto incluso superior a los fondos actualmente previstos, y que podrían aumentar, para financiar la emergencia sanitaria y económica. Este cálculo se basa en los datos proveídos por un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Mejor gasto, para mejores vidas”, publicado a fines del año pasado, y en el cual el organismo internacional sentenció que el Paraguay desperdicia de entre 4 y 5 por ciento de su PIB en los egresos del Estado que no contribuyen para nada en su desarrollo económico y social.
Compensar al sufrido pueblo
Los gastos estatales aumentados por la crisis sanitaria deberán ser objeto de un control cruzado entre las instituciones pertinentes encargadas de dicho cometido, pero más aún habría que poner en marcha un plan de reactivación económica y de inclusión social con medidas destinadas a recompensar con creces al sufrido pueblo humilde que ha cargado con el mayor peso de la emergencia, asumiendo el costo de años de desperdicio de los recursos estatales en la politiquería, en vez de utilizarlos en la infraestructura sanitaria y educativa.
La reforma estatal igualmente debe contemplar la permanencia en el tiempo de un bono especial básico para la población en general, de tal forma a retribuir de alguna forma, por parte del Estado, el gran sacrificio de la emergencia, como ya se está previendo en otros países del mundo, sean países ricos o pobres, sin distinción, porque el virus esta vez no discriminó entre pudientes e insolventes.
A su vez, no hace falta entrar a discutir ninguna reforma constitucional, porque la misma Constitución establece el derecho humano básico a tener una justa compensación por la riqueza que se produce en la economía en cada año, lo que implica la creación de una renta básica universal, que aunque sea pequeña en monto, será un buen comienzo para empezar a desterrar del país la pobreza extrema, que ahora con la pandemia se incrementará todavía más y será más que notoria en las calles y asentamientos alrededor de las ciudades.
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