Nuevo Gobierno definirá si baja tarifa de ANDE al usuario final

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La infraestructura eléctrica debe ser expandida para consumir toda la energía de Itaipú, pero los clientes de la ANDE pueden recibir también el beneficio directo de la rebaja producida en la tarifa de la usina binacional.

Escribe: Luis Alen.

 

Después de la decisión del consejo de administración de Itaipú Binacional de optar por una solución intermedia en el debatido tema de la tarifa de la energía eléctrica vendida por el ente a la ENBPar de Brasil y a la ANDE de Paraguay, corresponderá al nuevo Gobierno que surja de las elecciones decidir si destina el beneficio del descenso tarifario a los clientes finales, entre ellos las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que en nuestro país representan el 70 por ciento del empleo y el 90 por ciento de los negocios, en vez de destinarlo a los famosos “gastos sociales”, que son fuente de oscuros manejos que sólo engordan las faltriqueras de los paniaguados del poder de turno.

 

Paraguay y Brasil acordaron una salida salomónica al tema del controvertido asunto de la tarifa de Itaipú, después que en Brasil los consumidores finales ya se beneficiaron desde principios de año con la reducción en sus facturas mensuales, porque los vecinos en forma unilateral ya habían propuesto en diciembre de 2022 la factibilidad de bajar el costo tarifario en 2023 hasta US$ 12,67 kW/mes, con motivo de la culminación de los pagos por la deuda del ente binacional, muy por debajo de los US$ 22,60 kW/mes que regían desde 2019, lo que representaba una baja del 43,9 por ciento.

Sin embargo, el Gobierno paraguayo de Marito Abdo proponía mantener la tarifa en US$ 20,75 kW/mes, que era el nivel alcanzado en 2022, lo que suponía prácticamente desistir de cualquier ventaja para el Paraguay, debido a que una reducción del precio de la energía resulta clave en el caso que nuestro país decidiera adquirir más electricidad para su consumo, la industria y sus empresas en general, apuntando incluso a una compra de su 50 por ciento en el total de la producción de la hidroeléctrica, con fines de aprovechar mejor la energía en vez de ceder el excedente a Brasil con un valor irrisorio.

Finalmente se llegó a una tarifa “intermedia” de US$ 16,71 kW/mes, un valor promedio entre las propuestas planteadas inicialmente por ambas márgenes del emprendimiento paraguayo-brasileño. De esta forma, los dos países accederán a más de US$ 400 millones cada uno para implementar proyectos y continuar con obras y programas, según informó la binacional.

Desde ya, con regocijo se hizo el anuncio de una duplicación de los “gastos sociales”. Es que en lo que respecta a Paraguay, en 2022 Itaipú destinó US$ 220 millones a dichos egresos, por lo que para el presente ejercicio esta cifra casi se multiplicará por dos. 

 

ANDE no apoyó baja

El titular de la Administración Nacional de Electricidad, Ing. Félix Sosa, contrariamente al interés de las empresas grandes, medianas y pequeñas del país, no estaría conforme con la baja de la tarifa de la empresa estatal, así como tampoco aceptaba la reducción tarifaria de Itaipú, a pesar que no sólo le convenía a la entidad, sino también a los consumidores finales de la energía,  en su gran mayoría residenciales que son los sacrificados usuarios de la ANDE, que mes a mes deben erogar ingentes sumas que afectan de manera superlativa el exiguo presupuesto de la mayoría de las familias paraguayas.

Sosa ya anunció que una decisión sobre una eventual reducción tarifaria de la ANDE se adoptará “después de las elecciones”, pero adelantó que el ente estatal requiere de fondos para invertir en la infraestructura de redes destinadas precisamente a abastecer casi todo el territorio a través del SIN (Sistema Interconectado Nacional), que ya mantiene una interconexión de las tres centrales hidroeléctricas de Itaipú, Yacyretá y Acaray.

A pesar de que se prevé que la ANDE reciba en total US$ 354 millones por la reducción de la tarifa de Itaipú, sumando a los US$ 104 millones por el “ahorro” en la compra de potencia, los US$ 250 millones previstos que percibirá del ente binacional para las obras de infraestructura, no será fácil una inmediata rebaja en las facturas de luz de los usuarios finales del ente estatal, a estar por la necesidad que tiene la empresa de recursos para la inversión.

Pero todo quedará supeditado a lo que decida el nuevo Gobierno que asume el 15 de agosto, por lo que se estima que el presidente Abdo ya dejaría el asunto para una resolución posterior de las nuevas autoridades electas en los comicios del 30 de abril, depositando por ahora en la ANDE los recursos necesarios para sus inversiones.

En simultáneo, el Senado tiene en agenda para antes de las elecciones la aprobación de un nuevo préstamo externo para la ANDE, de US$ 145 millones, procedente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), también para la expansión de las redes eléctricas y demás acciones de eficiencia energética, pensando ya en la negociación referente al Anexo C de Itaipú, donde se requerirá la preparación del país para poder consumir toda la energía que le corresponde en la producción de la binacional.

Según el mismo Ing. Sosa, la ANDE requiere de cuantioso financiamiento hasta el 2030, del orden de los US$ 6.500 millones, para poner en marcha sus planes destinados a invertir no sólo en la distribución de energía sino en la generación de electricidad con nuevas hidroeléctricas, incluida la ampliación y modernización de la actual usina Acaray y la maquinización de su embalse alimentador Yguazú, avanzando en las energías renovables con plantas solares o eólicas (viento), todo esto debido a que a partir de la próxima década se acabará el excedente energético de las binacionales Itaipú y Yacyretá, dado el constante incremento de la demanda del mercado paraguayo.

Pero la necesidad de inversiones de la ANDE choca con la intención de derivar la baja de la tarifa de Itaipú en beneficio de los consumidores, especialmente de las empresas Mipymes y de los clientes de renta baja, por lo que también se debería encarar el plan de expansión en generación, transmisión y distribución eléctrica con el aporte de empresas privadas del sector energético.

De hecho, uno de los candidatos con más posibilidades de ser electo, Efraín Alegre, ya indicó que su primer decreto de gobierno será la reducción de la tarifa eléctrica, beneficiando en primer lugar a las Mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas), además de los usuarios residenciales de bajos ingresos.

Las Mipymes tendrán así la atención prioritaria en las medidas destinadas a fortalecer y formalizar la producción y el empleo, partiendo del hecho de su gran aportación a la economía nacional, ya que constituyen el 90 por ciento de las empresas del país y ocupan al 70 por ciento de la PEA (Población Económicamente Activa). 

Se promoverá así un mayor acceso al crédito de las Mipymes y el incremento de su presencia como proveedoras del Estado, con el incentivo de la prioridad otorgada en la rebaja de la tarifa de su consumo de electricidad.

 

Mayor control sobre “gastos sociales”

A partir de un estricto control sobre los denominados “gastos sociales” de las binacionales, el nuevo Gobierno debería direccionarlos hacia el financiamiento de programas del sector social en el Presupuesto nacional.

Los recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá se constituyen en una especie de “dólar-ducto” por donde se cuelan los fondos que se manejan en forma discrecional, sin ningún control, que son los denominados “gastos sociales” y se constituyen indudablemente en la principal fuente de corrupción de la politiquería criolla.

Ya el Fonacide, un fondo usado supuestamente para construir escuelas y fortalecer la educación, ha impulsado en cambio la prosperidad de algunos políticos en los municipios, sin que hayan sido molestados por los fiscales después de graves denuncias realizadas por auditores de la Contraloría General de la República. Lo mismo ocurre con los jugosos royalties, además de los fondos manejados en forma directa por las binacionales en regiones de su área de influencia, sin ningún control del Congreso nacional, ya que no están previstos ni controlados por el Presupuesto de Hacienda.

Los entes binacionales son reacios a informar en forma detallada a la ciudadanía sobre sus movimientos de gastos sociales y ambientales, y menos aún aceptan que auditores de la Contraloría tomen cartas en el asunto, o se avengan a proveer los guarismos de sus desembolsos “sociales” cuando se los requiere incluso por la vía judicial, amparándose en el supuesto ropaje jurídico de la binacionalidad, que no está previsto en la Constitución.

Lo apuntado ocurre pese a que la ciudadanía tiene el derecho de recibir una información detallada, actualizada y bien presentada gráficamente, de la lucha anticorrupción y contra la impunidad, porque de ello depende el futuro mismo de la sociedad paraguaya. Para este fin, no debería funcionar el blindaje de la binacionalidad porque no tendría que existir un Estado dentro del propio Estado, como ocurre actualmente con los entes binacionales Itaipú y Yacyretá, manejados discrecionalmente por los políticos del poder de turno. 

Si se realiza un mapa de la corrupción que abarque todo el país, se podrá observar los municipios que reciben fondos de las binacionales, donde en gran medida han sido enjuiciadas sus autoridades por malversaciones de fondos y otros delitos que han dejado multimillonarios perjuicios a sus comunidades, y que por este motivo no recibieron servicios esenciales en materia de educación, salud y saneamiento ambiental, según los diferentes casos denunciados por la Contraloría a la Fiscalía, como un profeta bíblico en el desierto, y muchos de ellos con recursos procedentes del Fonacide, los royalties o de los “gastos sociales”.

Por lo menos una parte de estos recursos tendrían que ser reorientados hacia los consumidores finales, para permitir la rebaja de la tarifa eléctrica de la ANDE a los usuarios de menores recursos económicos, en un acto de justicia histórica después que tantos fondos de las hidroeléctricas fueron a parar a Brasil y Argentina, o a manos de los políticos ligados al poder local de turno, sin que la mayoría de los paraguayos hayan podido recibir los beneficios directos de estas grandes represas que fueron pagadas también con el aporte de todos los habitantes de la República.

 

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