Escribe: Luis Alen.
En ningún momento se le creyó a Horacio Cartes cuando negaba toda intención reeleccionista, y ahora se confirma que realmente su plan fue siempre el “rekutú”, al preparar una convención de la ANR para que “el pueblo lo pida”, al más puro estilo del stronismo.
A pesar de la impopularidad creciente del Gobierno cartista, HC cree que podrá imponer finalmente su voluntad. La disidencia colorada no tiene mayoría como para torcer la maniobra de HC, por lo que la orden será implacable, en el sentido de que habrá un mandato a los congresistas de votar por la enmienda constitucional. Y aquellos que no lo hagan, ya correrán la misma suerte de los diputados liberales que fueron suspendidos en el PLRA y no podrán ser reelectos en el próximo período. Así de simple.
Es que Cartes no permitió ni permitirá que surja una figura de relieve en el Partido Colorado para discutirle la candidatura presidencial. Esto se ve claramente desde al menos dos años atrás, cuando desechó algunos liderazgos potables en la vacancia de la silla del general Bernardino Caballero y HC eligió como su doble en la junta de gobierno a un desconocido diputado colorado, Pedro Alliana, que en Ñeembucú incluso había pertenecido antes a un partido opositor. Era evidente la intención de evitar que le haga sombra algún ambicioso político en la cúpula de la agrupación política oficialista.
El turno de “Calé”
Juan Carlos “Calé” Galaverna, como en toda la transición, siempre estuvo entre bambalinas armando el entramado que permitiera el acceso al poder de algún grupo que respondiera a los intereses de la clase política y de los sectores dominantes de la sociedad paraguaya.
Así, fue uno de los dirigentes más entusiastas para entronizar a Horacio Cartes en el sillón de López, preparando su candidatura en la ANR allá por 2009, cuando Fernando Lugo ya amagaba con profundizar su opción izquierdista al conjuro de los aires bolivarianos prevalecientes en una Sudamérica bajo la sombra del líder venezolano Hugo Chávez.
HC ya contaba también con la bendición norteamericana, se supo después en 2011, pese a que aún en 2010 se lo investigaba en una reunión convocada en Panamá para descartar las sospechas que pesaban sobre él por lavado de dinero procedente del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos, según los famosos cables secretos del Departamento de Estado de USA develados por las filtraciones de WikiLeaks.
Estos antecedentes no hicieron mella para que finalmente Cartes se alzara con la afiliación en la ANR, cambiando incluso los estatutos del partido Colorado en 2011, y un año después con la candidatura presidencial, en diciembre de 2012, para luego ganar la presidencia en las elecciones de abril de 2013, ante un candidato liberal, Efraín Alegre, que poco pudo hacer frente al poderío económico cartista.
“Calé” ya había sido desplazado por HC de la lista senatorial oficialista, pero de igual modo ingresó al Legislativo a través de su propio movimiento interno colorado, constituyéndose después en el puntal de la disidencia encabezada por Marito Abdo Benítez.
Llegó el momento para que HC le pase la factura a Galaverna por el rechazo a la enmienda pro reelección en el Senado, del pasado 25 de agosto. Los cartistas le tienen a “Calé” como el ideólogo de la maniobra, y no están tan lejos de la verdad, pues resulta conocida la habilidad maquiavélica del legislador, que en más de una oportunidad lo ha demostrado, especialmente en la época en que desplazó al oviedismo del poder.
El rompimiento entre HC y “Calé” se creyó que podía ser superado a mediados de este año, cuando el propio senador dio a entender que promovería contactos con Cartes para limar asperezas entre la disidencia y el oficialismo. Pero, finalmente, todo quedó en mera expresión de deseos, porque Horacio ya optó por el camino lleno de obstáculos de la reelección, apoyándose en los dirigentes de la junta de gobierno Darío Filártiga y Javier Zacarías Irún, el primero su asesor político en la presidencia y el segundo jefe del clan esteño que domina en el Alto Paraná.
Hasta los mismos gerentes del Grupo Cartes, que fungen de virtuales hombres de decisión en el gabinete y en varias empresas estatales, dejaron de ejercer mucha influencia sobre el presidente, incluyendo al jefe de gabinete Juan Carlos López Moreira, para dar paso al mayor peso político de Zacarías Irún y Filártiga, que pasaron a ser los fogoneros de la locomotora de la reelección en la ANR.
Por ello, no sorprendió que ZI haya desenterrado el hacha de la guerra contra “Calé”, dándose entre ellos un intercambio de palabras de grueso calibre que recuerda el vocabulario de meretrices en un prostíbulo de mala muerte. Pero por encima de los anecdótico, el encontronazo entre ambos remite a una verdadera lucha por el poder del cartismo con el sector disidente, el que ya está enarbolando banderas democráticas y libertarias como pocas veces se ha escuchado en la transición por parte de grupos colorados, salvo en la época de la lucha por el poder entre el argañismo, el oviedismo y el wasmosismo, especialmente en la interna de 1997, que fueron los prolegómenos del Marzo paraguayo.
Pero el ataque de HC a “Calé” no fue más que el preanuncio de la verdadera batalla que se dará para torcer la voluntad de los parlamentarios a la hora de votar la enmienda. Con seguridad, más que nunca el precio de un voto parlamentario será el más alto y nunca visto en todo el período democrático desde 1989.
Doble discurso
En materia de transparencia y honestidad en la gestión pública, el doble discurso cartista resulta harto notorio, como parte de la estrategia para mantener el poder más allá de 2018. Cuando existe el interés de demostrar atención a los reclamos de la ciudadanía en esta materia, Cartes no ahorra palabras de adhesión a la causa, e incluso adopta medidas que abonan su posición, como el último episodio de la suspensión de las groseras gratificaciones a los funcionarios públicos, establecidas en el mismo presupuesto nacional.
El populismo en su máxima expresión. Pero, curiosamente, a la vez protege a sus correligionarios de gobernaciones y municipalidades que están acusados de mal uso de los recursos del Fonacide, como el caso del clan Zacarías de Ciudad del Este, con tal de que éstos a su vez le apoyen en su plan de reelección. También es el caso de los planilleros de Yacyretá o de las carpetas que a diario llegan a Mburuvicha Roga con algún pedido de los seccionaleros con miras a la venta de los votos de los convencionales, y así asegurar el pedido de reelección, pero a costa de la plata del pueblo.
Al mismo tiempo, se observa el ruin comportamiento de Javier Zacarías Irún, que abiertamente opera para que HC logre el “rekutú”, mientras en su fuero íntimo sabe que Cartes va directo a golpearse la cabeza contra un verdadero murallón de votos contrarios a la hora en que se realice el referéndum para la enmienda constitucional. Allí será el turno de ZI, en que le dará la espalda a Cartes y se autoproclamará como candidato a sucederlo.
Una prueba adicional de que Cartes descarta ser sucedido por alguien de su entorno al que pueda manejar en el período de gobierno siguiente, es lo que sucede con Enrique Riera, el ministro de Educación, que fue señalado como posible delfín de HC. Sin embargo, todo apunta a que no es así, por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, de mayoría cartista, pero que, sin embargo, rehusó por varios meses tratar la ley de emergencia educativa que le daría a Enriquito suficientes recursos como para intentar lanzarse a la arena de la candidatura presidencial.
El poder empresarial
El cartismo ya está en plena competencia electoral, si se atiende a la campaña comunicacional destinada a ensalzar las obras del Ejecutivo, así como la no disimulada expansión del Grupo Cartes, que sigue adquiriendo empresas, a contrapelo del temor de muchos empresarios de un virtual copamiento del presidente del sector privado, como parte a su vez de una estrategia de acumulación de poder empresarial que le permita luego llegar al “unicato” en el plano estatal.
Al hacer alarde de su poder económico y al tener en sus manos gran parte de la prensa, la creciente hegemonía cartista a nivel empresarial bien puede traducirse a la vez en una especie de letargo e inacción de los partidos políticos, lo que ya se está viendo ante los grandes problemas nacionales, como son la inseguridad, el desempleo y la pobreza.
Los liderazgos colorados más que nunca se hallan maniatados por HC, al haberles restado recursos que provenían anteriormente del presupuesto y de los negociados con licitaciones y adquisiciones del Estado. Lo mismo ocurre con la oposición, por lo que difícilmente estarán en condiciones de enfrentar al poderío empresarial cartista, que no basa precisamente su fuente de recursos en el otrora “buen negocio” de succionar al Estado, sino que lo hace en forma más elegante a través del manejo empresarial privado ligado a los grandes emprendimientos estatales.
Lo que le pasa a Riera, al que el mismo cartismo le retacea los necesarios fondos para enfrentar la emergencia educativa con escuelas y colegios que se caen a pedazos, le pasará ahora también al resto de los funcionarios públicos, con el recorte de las gratificaciones y aguinaldos extras. Es de suponer que los miles de empleados estatales pensarán varias veces antes de depositar su voto por Horacio.
Hasta se puede desconfiar de que el alto endeudamiento del Estado con los bonos soberanos, podría ser parte de la estrategia empresarial cartista para hacerse de recursos y así ensanchar el poder económico de su mismo Grupo, con el aditamento de que se aceptará la reelección, no sólo por este mismo poderío, sino porque no habría más remedio que permitir que continúe el Gobierno de HC, toda vez que sería la única forma de que la herencia de la gran deuda sea pagada por el mismo Cartes en sucesivos períodos presidenciales.
Alto costo político
Horacio Cartes será el primer presidente en toda la transición democrática que se anima a forzar el texto constitucional, al recurrir por la vía de la enmienda a la revisión del proceso electoral que actualmente no permite la reelección presidencial. Para ello utilizará al Partido Colorado, que con esta decisión cargará siempre con el estigma de haber dado los pasos para poner de rodillas a la República ante los dictados omnímodos de un solo hombre, replicando el más puro estilo stronista.
Tanto la clase política como la empresarial saben que dar lugar a la aventura cartista significa el fin no sólo de la democracia en el Paraguay sino también el peligro de que sus privilegios estarán ahora supeditados al buen o mal humor de HC.
El presidente ya demostró que no tiene el más mínimo respeto ni a su propia palabra, ya que cambia de opinión o de postura según le convenga más a sus planes políticos absolutistas, como lo demuestra el mismo tema de la reelección, que negaba invocando a Dios sólo hace unas semanas, para luego, la semana pasada en Ciudad del Este, citar al mismo Todopoderoso al decir que “si el pueblo lo pide y los convencionales y parlamentarios….” se pondrá a disposición de la “voluntad popular”.
Lo preocupante en todo esto es que nadie le advierte al presidente que alzarse contra la Constitución conlleva no sólo causales de juicio político, sino también sanciones previstas en el Código Penal, con varios años de cárcel por el delito de sedición.
Pero pisotear todas las normas, con tal de conseguir la suma del poder dictatorial, no parece inquietar la conciencia de HC, y por la forma en que se mueven los integrantes de su mismo entorno, ansiosos por continuar medrando con los sabores del unicato cartista. Se tiene el ejemplo de Darío Filártiga, el asesor número uno de Cartes, quien en 2006 había establecido en un dictamen jurídico contrario al rekutú de Nicanor Duarte Frutos, que la vía de la enmienda estaba vedada por la Constitución. Asimismo, en 2011, varios de los adherentes actuales del “nuevo rumbo” habían dicho lo mismo a través de una resolución de la junta de gobierno de la ANR, con la mira puesta en impedir la reelección de Fernando Lugo.
Pero para HC la prioridad no es ni por asomo dedicarse a gobernar para buscar proteger a una ciudadanía asediada por delincuentes y marginales de todo pelaje. Su meta pasa más bien por llegar al poder total, por el cual pueda neutralizar el poder de parlamentarios, que ya tienen su reelección desde hace años, y de los miembros de la Corte Suprema, que se atornillan a su silla hasta los 75 años.
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