Padrón nacional en Concertación es amenaza para la ANR cartista

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La oposición realizó una vigilia permanente frente a la Justicia Electoral en los últimos días para exigir el uso del padrón nacional en la interna de la Concertación, lo que finalmente fue otorgado por el TSJE.

Escribe: Luis Alen.

 

El reconocimiento de la Justicia Electoral a la Concertación Nacional opositora, incluido el uso del padrón nacional en su interna, constituye sin lugar a dudas una seria amenaza para la ANR controlada hasta el momento por el cartismo, tanto por la posibilidad de arrebatar al partido dominante del país la hegemonía política que mantiene por 80 años en las próximas elecciones generales, como por el hecho de que Horacio Cartes corre el riesgo de perder su poder fáctico y su control sobre la Fiscalía y el Poder Judicial.

 

En un histórico fallo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral legalizó la Concertación Nacional opositora admitiendo el uso del padrón nacional en su interna, utilizando argumentaciones irrebatibles que se ajustan a la legislación vigente en materia de elecciones y al Derecho político. Atendiendo al peligro que le supone a la ANR dominada por el cartismo una derrota en los comicios generales, los apoderados colorados podrían recurrir a la Corte Suprema para tratar de revertir la incómoda situación planteada con el uso del padrón nacional.

Así, sería finalmente la Corte la que convalide la constitucionalidad de la sentencia, pero resulta incuestionable que los argumentos del primer voto del ministro Jorge Bogarín González (independiente), al que se adhirió el otro nuevo ministro César Emilio Rossel (de extracción liberal) son prácticamente irrefutables, dejando en minoría al ministro Jaime Bestard, que responde a la ANR, y quien defendió la postura colorada de no permitir que los afiliados republicanos voten en la interna opositora.

En la misma resolución no se dio lugar a la recusación planteada por los apoderados del Partido Colorado contra el ministro Bogarín González, quien entre otros conceptos fundamentó la legalidad plena del uso del padrón abierto en la interna de la Concertación. Es decir, que pueden participar en sus comicios para elegir los candidatos a cargos electivos nacionales, todos los ciudadanos mayores de 18 años inscriptos en el registro cívico nacional, sean afiliados o no a los partidos políticos, incluida la ANR.

Por ejemplo, Bogarín fue contundente al afirmar en los considerandos de la sentencia, que los partidos políticos “no pueden obligar ni prohibir a sus afiliados participar de elecciones, ni en sus propias elecciones internas, menos aún en una a padrón abierto, tampoco lo hace la Constitución ni las leyes y por ende, el juez no puede ni debe hacerlo”.

 

La democracia en jaque

Así como está en la cornisa el poder fáctico de HC, también se halla en peligro la democracia misma por la posible disposición colorada de acudir a solicitar un fallo de la Corte Suprema que sea contrario a lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Superior Electoral, poniendo en aprietos la institucionalidad de la nación, dado que a éste órgano jurisdiccional le corresponde juzgar el sufragio según la Constitución y dar directivas sobre cómo se deben realizar las elecciones. 

Y es un hecho relevante que la Justicia Electoral haya sentado jurisprudencia sin precedentes para un devenir auspicioso de la democracia en el país, dando la posibilidad de una mayor participación de la ciudadanía en la elección de sus representantes. 

Un parecer contrario de la Corte Suprema a lo dispuesto por la Justicia Electoral podría llevar a un quiebre institucional muy peligroso para el país, y es lo que aparentemente se buscaría en última instancia para la “salvación” del cartismo, utilizando a una eventual mayoría procartista en la máxima instancia tribunalicia.

Llevar a cabo el “golpe constitucional” en la Corte, desautorizando al Tribunal Superior Electoral, tiene todas las características de proseguir hasta las últimas consecuencias el copamiento institucional que ya denunció en su mensaje anual al Congreso el propio presidente de la República Marito Abdo, cuando acusó a HC, sin nombrarlo, que estaba preparando el escenario para poner a su servicio total las instituciones nacionales, en una tarea que se cumpliría a plenitud en el caso de una posición adversa de la Corte a la postura bien fundamentada y constitucional, por mayoría de dos miembros contra uno, de la Justicia Electoral.

 

La Corte tiene la palabra

Por el contrario, una convalidación de la Corte a la plena constitucionalidad de la sentencia del Tribunal Superior Electoral implicará lógicamente un golpe mayúsculo al cartismo, que le estará indicando al Patrón HC que su control sobre la Fiscalía tiene cada vez más adelantada la fecha de vencimiento, y que se acercan aceleradamente las investigaciones en torno a las acusaciones que van creciendo sobre las supuestas vinculaciones del principal negocio de Horacio, el tabaco, con el crimen organizado y hasta con el financiamiento al terrorismo.

Esto, de acuerdo con los informes que maneja el Ministerio Público y se están conociendo en la Comisión Bicameral de Investigación del Lavado de Dinero, como se puede ir viendo en el internacionalizado caso del avión iraní que llevó cigarrillos de Tabesa al paraíso fiscal caribeño de Aruba.

En la última semana fue posible observar que la balanza política se va inclinando en contra de Cartes, por una seguidilla de decisiones adversas que minan su poder fáctico, como ocurrió en el Congreso con la ratificación del protocolo internacional contra el tráfico ilícito de tabaco, por parte de una mayoría en la Cámara de Diputados donde unieron votos los colorados oficialistas abdovelazquistas y los opositores, en contra de los cartistas y sus aliados liberales llanistas (de Blas Llano) y dionisistas (de Dionisio Amarilla). 

También fue aceptado ya anteriormente el veto de Marito a la despenalización de las declaraciones juradas, además del avance que va teniendo el proyecto de un control más directo de la Seprelad sobre las tabacaleras y los clubes de fútbol, todo lo cual muestra que puede ser una realidad embretar aún más los negocios del Patrón, por las sospechas de lavado de dinero y las supuestas conexiones con el submundo del hampa.

Es cierto que aún está pendiente el veredicto de la gente en las urnas, que eventualmente le podría ser favorable al cartismo, tanto en la interna de la ANR como en las generales, pero no hay que olvidar una vía fundamental que ahora se abre con el reconocimiento a la Concertación y el uso del padrón nacional en la interna opositora, lo que le dará una especial legitimidad a los representantes electos al Parlamento, con efectos indudables sobre la institucionalidad e incluso la independencia del Poder Judicial.

La interrogación obligada va por cuenta del real compromiso del oficialismo colorado abdovelazquista, en las próximas semanas o en los meses previos a los comicios tanto internos como generales, para una urgente renovación de la Fiscalía, especialmente en el cometido de programar la salida de la actual fiscal general Sandra Quiñónez sometida a los dictados cartistas, con el fin de reemplazarla por un fiscal general que esté al servicio de la sociedad y no de una determinada nucleación política.

Sólo con el cambio en la fiscalía general podrán tener lugar las investigaciones sobre el mecanismo de lavado de dinero en el Paraguay, que se consolidó en los últimos tiempos para apuntalar la mafia narco y los demás tráficos que están detrás de los resonantes magnicidios del fiscal Marcelo Pecci y del intendente José Carlos Acevedo, salvo demostración contraria en los procesos judiciales en curso con una tremenda lentitud.

Los sicarios ya aparecieron pero no así los mandantes, autores intelectuales que desembolsaron mucha plata producto de las complicidades que encuentran en un Estado prácticamente copado por los delincuentes, quienes se mueven a sus anchas en un mercado financiero totalmente permeado por el dinero negro.

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