Escribe: Luis Alen.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se incorpora al debate, al igual que otros empresarios y economistas del mundo desarrollado, de lo que se podría considerar como la última frontera del capitalismo: la Renta Básica Universal (RBU), destinada a compensar la desigualdad social creciente del modelo de producción sin pleno empleo, que es el común denominador de las economías más avanzadas del planeta.
El organismo internacional plantea en su informe Monitor Fiscal, conocido la semana pasada, la posibilidad de implementación de la RBU, entendida como una transferencia en efectivo de una cantidad igual para todos los individuos de un país.
Según explica, esta idea no para de cobrar impulso debido al posible impacto de la inteligencia artificial y de la automatización sobre los puestos de trabajo en el futuro. Así, señala que se debe evaluar la conveniencia de una RBU, ya que debido a su universalidad tiene un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza, aunque también es fiscalmente costoso.
El FMI también propone a la RBU como posible fórmula a seguir para reducir a su vez drásticamente la pobreza y la exclusión social vigentes en los países en desarrollo como el Paraguay, donde precisamente se hallan instaladas las máximas contradicciones de un sistema que por un lado es gran productor de alimentos, pero que cuenta con una población básicamente subalimentada, debido a las grandes diferencias de ingresos entre una minoría rica y la mayoría pobre de los habitantes del país.
Para concretar la propuesta, el FMI plantea como instrumento clave la política fiscal, a través de una planificación tributaria centrada en la progresividad impositiva del impuesto sobre la renta y en la reformulación del gasto público, que implique una redistribución de las partidas presupuestarias con el fin de reunir los fondos necesarios para hacer realidad la RBU.
Cómo cubrir el costo fiscal
La Renta Básica Universal tendrá un costo a determinar según cada país, pero para el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, el ex ministro de Finanzas de Portugal Vítor Gaspar, el sistema propuesto «tiene el potencial de tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza».
Para el FMI el costo de aplicar un salario universal varía según el nivel fijado. Como ejemplo, la institución estima que un sueldo básico universal de un 25 por ciento del ingreso per cápita medio, tendría un costo fiscal que rondaría el 6 por ciento y el 7 por ciento del PIB en las economías avanzadas y entre el 3 por ciento y el 4 por ciento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
Además, su implantación debería estar precedida de un cuidadoso análisis por parte de los gobiernos en cuestión. En el Monitor Fiscal del FMI, en su edición de octubre de este año, se recomienda que la implantación de un salario básico universal sirva como una opción para reemplazar el gasto social ineficiente. Al respecto se habla por ejemplo de una alternativa a los subsidios sobre los combustibles.
En otros casos, en países con una baja capacidad tributaria o donde un salario básico universal restase recursos al gasto de alta prioridad, como la inversión, la salud o la educación, este tipo de iniciativas no son recomendables, según el Fondo. Sería el caso lógicamente del Paraguay, pero si se lo introduce con una “neutralidad” presupuestaria en los comienzos, sin afectar los gastos prioritarios y acudiendo a fuentes extras como los mayores ingresos por Itaipú o Yacyretá, la cuestión cambia y se daría una experiencia sumamente innovadora con el objetivo de erradicar la pobreza extrema.
El FMI señala que los resultados empíricos sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria mientras se preserve el crecimiento, al menos para escenarios en los que los niveles de progresividad no sean excesivos. En el caso de los países en desarrollo, la capacidad tributaria es un factor «crítico» para poder aumentar el papel distributivo de la política fiscal al tiempo que se asegura la sostenibilidad fiscal.
La progresividad del impuesto sobre la renta, por ejemplo, descendió fuertemente entre 1980 y 1990, y desde entonces ha permanecido prácticamente estable. Asimismo, los sistemas tributarios son menos progresivos de lo que los datos muestran debido a que los ricos tienen un mayor acceso al alivio tributario.
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