Escribe: Luis Alen.
Por priorizar intereses de la clase política, y al subalternizar los verdaderos intereses populares, el poder de la República se ha convertido en una gran corporación mafiosa en la que mandatarios y funcionarios se protegen mutuamente de las investigaciones que puedan conducir después a imputaciones y condenas judiciales.
Para muestra sólo un botón: miembros de la oposición al gobierno de HC se han pronunciado en contra de la fiscala de J. Augusto Saldívar, Brígida Aguilar, por haber osado imputar por el delito de apropiación de fondos públicos al intendente de Ypané, Horacio Ortiz, perteneciente al PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico), aduciendo “persecución política”, en vez de dejar a la Justicia investigar los hechos denunciados y que ésta pueda con total libertad declarar la culpabilidad o no del acusado.
En vista de lo apuntado, ¿con qué autoridad los mismos políticos liberales podrán denunciar hechos similares en la administración del Fonacide o de otros recursos, cometidos por miembros del otro partido tradicional, si es que apañan las irregularidades de sus propios correligionarios?
Lo que le ocurrió a la ex diputada del P-MAS Karina Rodríguez, quien fue descubierta firmando la asistencia de un planillero español amigo suyo, debería servir de escarmiento a muchos otros políticos, ya que después que ella misma desaprobara esta clase de conductas en otros casos, se metió en el laberinto de una imputación fiscal y no tuvo otro remedio que someterse a la Justicia y renunciar a un alto cargo en la administración de Asunción en la que su partido tiene mucha relevancia en el ejecutivo municipal.
La conducta de Rodríguez resalta frente a la de muchos otros políticos imputados, especialmente legisladores, que no renuncian a sus cargos pese a las gruesas acusaciones de corrupción, mostrando de paso la cara de cemento que ostentan.
En un escenario así, en que la impunidad es la voz de orden, a la sociedad civil no le cabe otro recurso que acudir a las movilizaciones callejeras o a los famosos escraches en lugares públicos contra los personajes más objetados por el enojo ciudadano.
Ya ocurrió con el Clan Zacarías de Ciudad del Este, cuyo blindaje parece por fin caer para dar paso a las medidas conducentes a aclarar múltiples irregularidades, no sólo en el uso del Fonacide sino también de todos los recursos manejados por el grupo político-familiar desde 2001, en una tarea que hace un buen tiempo debió iniciar la Contraloría, para que después la Fiscalía y el Poder Judicial establezcan las responsabilidades del caso. Pero ninguna de estas instituciones hasta ahora osó meter sus narices en la administración esteña.
La responsabilidad de HC
Se debe reconocer que uno de los logros del actual Gobierno es el apoyo dado por el presidente Cartes al proceso de transparentar las planillas de funcionarios que cobran del Estado, lo que permitió descubrir desde el año pasado a una frondosa nómina de gente que cobraba en las instituciones públicas sin ir a su lugar de trabajo, a menos que sea para cobrar religiosamente.
Pero la conquista de la transparencia quedó a medio camino con el escaso interés del jefe de Estado de arremeter contra los corruptos gobernadores e intendentes, especialmente en el uso de los recursos puestos a su disposición, como en el caso del Fonacide.
En este sentido, resulta evidente que existe un pacto de no agresión entre el presidente y los políticos, porque si HC exige a la Contraloría y la Fiscalía que indaguen y recuperen los fondos perdidos por la corrupción, quizás podría acabar enemistándose no sólo con liberales e izquierdistas que eventualmente apoyen su reelección, sino también con sus correligionarios colorados, entre ellos quienes lo apoyan para la tentativa reeleccionista, como ocurre con el líder esteño Javier Zacarías Irún.
Pero HC debería entender que, a la larga, le resultará mucho más rentable políticamente estar bien con el pueblo, que apañar las groseras irregularidades del clan Zacarías o de otros jefes comunales con tal de conseguir su objetivo de obtener la reelección.
Es cierto que, como él mismo lo dijera en varias oportunidades, su mejor apoyo es su propia billetera, pero no debe olvidarse de un detalle que surgiera a plenitud el año pasado, cuando los jóvenes salieron de sus aulas para llevar a cabo una mini revolución con el silencioso apoyo de la ciudadanía, en la que se puso de manifiesto el hastío de la gente con su clase política sumida en el barro sucio de las corruptelas.
En estos días, Zacarías Irún hace todo lo posible por demostrar su lealtad a Cartes, con tal de que éste siga teniendo la gestión de su esposa Sandra McLeod a resguardo de las auditorías de la Contraloría General o de las imputaciones de la Fiscalía. Ya no le es suficiente tener la cobertura de jueces que los blindaron con las famosas resoluciones que establecieron que sólo una inspección del Tribunal de Cuentas –por supuesto también disciplinadamente obediente a las órdenes de arriba- es válida para luego iniciar un procedimiento de destitución en Ciudad del Este.
La impunidad del Clan
Habrá que ver entonces si, en el hipotético caso de una intervención dispuesta por la junta municipal de CDE, no se mueven nuevamente las piezas que le garantizan la impunidad al clan Zacarías, tanto en la CGR como en el Ministerio Público, a través de una resolución favorable en la Justicia, a menos que interceda en forma decisiva en su contra alguna orden de HC.
Pero el presidente ha renunciado, al parecer definitivamente, a sus intenciones del inicio de su mandato de luchar contra las corruptelas de los políticos, para embanderarse también con ellos en detener las movilizaciones populares, como las estudiantiles del año pasado, que llegaron a asustar al mismo jefe de Estado.
De allí que el blindaje para el Clan sigue firme, y hasta podría aguantar un tiro del arma letal que significa una bajada de pulgar por parte de HC, dado que la tarea más difícil será desmontar el aparato de protección judicial. Sin embargo, todo dependerá finalmente de la arremetida popular de las movilizaciones y la valentía política de los concejales.
Por ahora, por lo menos ya es una buena noticia que el pueblo se ha levantado, pidiendo la renuncia de Sandra y el fin de los desmanes del Clan sobre los fondos comunales.
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