Paraguay se endeuda por petróleo y Brasil abarata su tarifa eléctrica

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Mientras Marito Abdo sigue apostando por mantener sin variación el precio de la energía de Itaipú, Jair Bolsonaro ya confirmó una baja en la tarifa eléctrica a nivel del consumidor brasileño.

Escribe: Luis Alen.

 

El Gobierno no ve otra salida a la crisis de los elevados precios de los combustibles que recurrir a un préstamo internacional de 100 millones de dólares, acudiendo otra vez a una factura costosa que terminará pagando toda la población con el fin de financiar un subsidio al consumo, mientras lo indicado resulta destinar los fondos a reducir la dependencia del petróleo importado. Todo lo contrario al Gobierno brasileño, cuyo presidente Jair Bolsonaro ya confirmó una rebaja sustancial en la factura de la electricidad a nivel del consumidor.

 

Pero lo peor es que se volverá a aprobar el subsidio en el Congreso, a cambio de otorgarle renovado protagonismo al “abrazo republicano” abdo-cartista, que es un recurso constante al cual acude Marito Abdo con el fin de sortear su devaluada capacidad de gestión. 

Con el nuevo pacto en la ANR para la aprobación del préstamo destinado al subsidio, se buscaría librar de la intervención al gobernador cartista del Guairá, Juan Carlos Vera, acosado por un lapidario informe de la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo donde se detallan los manejos irregulares de US$ 2 millones de los recursos destinados a paliar los efectos de la pandemia y a reactivar la economía regional, que fueron a parar a cuentas de Ongs sin ningún control, como ya se notó igualmente en otras gobernaciones, entre ellas la de Central, donde la aplanadora de la impunidad de Diputados logró salvarle de la intervención, en su momento, al gobernador también cartista Hugo Javier González.

Lo malo de todo esto es que temas tan importantes para el país como ver la forma de enfrentar a corto y largo plazo la suba del petróleo en el mercado internacional por la guerra rusa en Ucrania, quedan al arbitrio del caprichoso vaivén de los acuerdos políticos que ya no son coyunturales sino sistémicos, porque alimentan al mecanismo de mantenimiento del sistema de impunidad que a su vez sirve de cimiento a la gran corrupción de nuestra política, ahora incluso sospechada de ser manejada por los narcos.

La crisis de los combustibles es una muestra más de la improvisación en que cayó el país en materia energética, al no haber previsto con anticipación cómo contrarrestar este escenario muy desfavorable de dependencia de la onerosa importación petrolera. Porque pudiendo utilizar más la energía abundante de Itaipú y Yacyretá en una electrificación del transporte público y de cargas, por ejemplo, se perdieron años enteros sin haber concretado una planificación del uso de la energía excedente de las represas que se vende a precio vil a los vecinos.

Tienen razón muchos internautas que se pasan despotricando contra los políticos y legisladores que literalmente sólo “calientan” sus bancas parlamentarias, si es que asisten regularmente a las sesiones, en vez de redactar leyes que permitan desarrollar al país en base a los recursos abundantes que posee en el campo y en el sector energía.

 

Brasil da el golpe

Sin mencionar que en gran parte la ventaja comparativa es producto del precio bajo de la energía excedentaria paraguaya en Itaipú que se lleva a Sao Paulo para subsidiar a las empresas industriales de dicho estado, el presidente Jair Bolsonaro salió eufórico a anunciar la concreción de la reducción en la tarifa eléctrica para el consumidor brasileño, a partir del próximo 16 de abril.

La rebaja de casi 20 por ciento para el consumo será posible, según Bolsonaro, por la reducción de la generación termoeléctrica más costosa, además del incremento en la producción de las hidroeléctricas y de otras fuentes renovables, por lo cual los costos serán menores durante el próximo período seco que va de mayo a noviembre en Brasil, lo que se traducirá en la tarifa menor para los consumidores del país vecino.

El anuncio del jefe de Estado brasileño, cargado de electoralismo a la vista de los comicios presidenciales de octubre próximo, no alude a que también Bolsonaro se atiene a la aplicación de la rebaja en la tarifa de venta de la energía de Itaipú a partir de este año, según lo estipulado en el Anexo C del Tratado de 1973, cuya vigencia fenece en 2023.

Pero la posición paraguaya contradice la tesitura brasileña, ya que el Gobierno de Marito pretende mantener invariable la tarifa actual de Itaipú, con el objetivo de recibir directamente ingresos extras desde Itaipú por efecto de la cancelación de las deudas de la central hidroeléctrica. Esta situación no es contemplada por la parte brasileña, que apuesta directamente a la reducción tarifaria, más aún ahora que ya se anuncia la rebaja a nivel de los consumidores.

Pero la falta de acuerdo no impidió que Bolsonaro dé su golpe propagandístico, que seguramente le ayudará, con otras medidas populistas en el gobierno, a vencer en la segunda vuelta de las elecciones al expresidente Lula da Silva, que arranca como favorito en las encuestas.

Por ahora queda de nuevo en evidencia la falta de una planificación adecuada del uso de la energía para la industrialización o en el transporte, ya que en el caso de no ser pagado el precio de mercado por la electricidad paraguaya excedente, lo indicado hubiera sido su uso total en el territorio con el fin de apuntalar el desarrollo nacional a precios competitivos como los que se tendrán una vez saldada totalmente la deuda de la represa binacional paraguayo-brasileña.

 

Contradicción de la Ande

Suena contradictorio que la Ande empiece a publicitar la venta de bloques de energía eléctrica procedente de las binacionales a potenciales grandes consumidores como industrias electrointensivas o para el transporte eléctrico a base de baterías recargables, cuando continúa vigente el monopolio de la venta minorista de la electricidad a cargo de la misma empresa estatal, que se encarga también del proceso de generación, transmisión y distribución en todo el país.

La contradicción resulta notoria con la oposición de la entidad monopolista a cualquier proceso de privatización de la comercialización de la energía, lo que se notó en el caso de la operación de los puestos de recarga eléctrica a ser ubicados en las estaciones de servicio, donde la Ande hizo notar que es la única autorizada por la ley para realizar dicha provisión, en detrimento del sector privado.

Si es necesario se debe modificar la ley del monopolio de la Ande para contribuir a la dinámica desarrollista del sector energético, lo que ayudará sin dudas a facilitar las inversiones privadas necesarias para reemplazar la cada vez más costosa factura de los combustibles en base al petróleo importado. 

Así, los recursos públicos ya no se destinarán a cubrir las improvisaciones del Gobierno en el sector energético, o peor aún, a financiar onerosos subsidios como el proyectado para los derivados del petróleo, para direccionarlos a cometidos mucho más urgentes en el sector social, ya sea en salud o en educación.

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