*Jueza Cinthia Garcete no daría curso favorable a la causa por impericia y desidia de los fiscales.
Abogados penalistas que siguieron atentamente la audiencia preliminar del senador Javier Zacarías, su esposa, la exintendente de CDE Sandra McLeod y demás imputados, en una causa por supuesta lesión de confianza, consideran que es prácticamente imposible que la jueza penal de Garantía, Cynthia Garcete, dé curso favorable al pedido de juicio oral y público de la Fiscalía, ya que en la audiencia, realizada el viernes último, el Ministerio Público no pudo sostener sus acusaciones, probablemente por impericia y desidia de los fiscales. Por otro lado, con mucha astucia, los abogados de la defensa rebatieron uno por uno los argumentos esgrimidos por los fiscales, por lo cual se estima que la jueza decidirá por no elevar a juicio oral la causa.
En la audiencia preliminar, el Ministerio Público hizo alarde de una espantosa incapacidad de demostrar en documentos y pruebas las acusaciones, que cimienten la acusación por lesión de confianza en contra del senador Javier Zacarías Irún, Sandra McLeod de Zacarías y los otros procesados, una vez que no mostraron tan siquiera indicios de violación de trámites previstos en la ley al respecto de las adquisiciones y contrataciones cuestionadas. Incluso la Fiscalía presentó un “Cd” que no funcionaba, causando vergüenza a la institución que representa a la sociedad.
En contrapartida, la defensa presentó en la audiencia sentencias definitivas de aprobación del Tribunal de Cuentas de los años cuestionados por el Ministerio Público, para lo que antes tuvieron, en todas las ocasiones, el dictamen favorable de la propia Fiscalía.
En el trámite de la audiencia quedó claro que, inclusive, se vulneraron los derechos de la defensa de acceder a la investigación, pues el Ministerio Público ocultó constantemente la Carpeta Fiscal.
Los abogados consultados indicaron que la defensa pudo demostrar durante la audiencia que la exintendente Sandra McLeod de Zacarías cumplió los parámetros legales para la contratación y los pagos a los servicios de prensa y propaganda. Asimismo, la pericia contable no contestó puntos periciales de la defensa técnica, que demuestran la inexistencia de la lesión de confianza. Lo grave de todo es que los representantes fiscales no hicieron nada para mostrar con contundencia la existencia del hecho punible.
Además se cometieron errores infantiles, como el hecho de que el Ministerio Público se contradice en su fundamento de la acusación, puesto que primero sostiene que el supuesto daño patrimonial a la Municipalidad fue de G. 2.164.900 y luego cambia a G. 1.211.285.517.
Otro dato es que el cruce de llamadas que presenta como prueba el Ministerio Público de la instigación de Javier Zacarías fue cuando Sandra Zacarías ya había dejado de ser Intendente Municipal de Ciudad del Este, como también estando ya abierta la causa penal. La Fiscalía no pudo demostrar la existencia de llamadas, mensajes, o cualquier otro tipo de comunicación en la que Javier Zacarías haya inducido a los acusados u otras personas a contratar o favorecer a la Firma Frontera Producciones, o a medios de comunicación o periodistas.
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