El gerente del Grupo Cartes en Petropar, Carlos Cañete, no tuvo otro remedio que separar de su cargo a Esteban Moisés Pereyra González, quien fungía de director de la unidad de GLP (Gas Licuado de Petróleo) del ente estatal y era un hombre que gozaba de la confianza del más alto nivel del Gobierno, es decir, estaba protegido por el mismo Horacio Cartes.
A pesar de tener una condena por estafa y debía guardar reclusión por tres años y medio, Pereyra seguía tan campante en su puesto, a contramano de lo que establece la Ley de la Función Pública, ya que la legislación dispone en forma taxativa que aquel funcionario que es procesado por la Justicia penal deberá ser suspendido en el cargo sin goce de sueldo, hasta que quede firme la condena o sea sobreseído libremente.
Lo ocurrido con el alto funcionario de Petropar es un rotundo mentís a la tan cacareada transparencia del Gobierno y su “lucha contra la corrupción”. Existen pruebas de que tanto Cartes como Cañete sabían de la situación anómala de Pereyra e igual lo mantenían en el cargo, quien sabe con qué fines ocultos.
Le pagan el abogado
Asimismo, se sabe que Petropar le ha pagado el alto costo de un abogado como José Ignacio González Macchi, quien ahora se ha presentado como candidato a fiscal general del Estado. González Macchi redactó y presentó hace unos días un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a favor de Pereyra, con el propósito casi seguro de maniobrar en la alta instancia judicial para conseguir que el juicio quede en el “opa rei” y no se haga justicia con el querellante particular Carlos Giménez, quien pagó a Pereyra 18.000 dólares americanos, a cambio de una camioneta Nissan Patrol, pero nunca recibió los documentos del vehículo ni la cédula verde.
Por lo visto, el funcionario de Petropar en sus horas libres activaba en la compra-venta de vehículos en situaciones irregulares. Al mismo tiempo que desarrollaba una labor que producía satisfacción en sus superiores de Petropar y del Gobierno, comenzando por el gerente del Grupo Cartes en Petropar, Carlos Cañete.
Lo ocurrido con el funcionario citado sólo es la punta del iceberg de todo el cúmulo de corruptelas con que se maneja Petropar, que actualmente está con la intención de avasallar al sector privado del combustible y del gas, siguiendo expresas instrucciones del Grupo Cartes, que pretende alzarse con el control del negocio petrolero en el país.
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