Escribe: Luis Alen.
Los voceros del Gobierno y de Petropar insisten en que el ente resulta rentable, como una forma de justificar el monopolio en la importación del gasoil que luego le vende al sector privado, para así subsidiar la planta de alcohol de Troche, sus estaciones de servicio, el Ñande Gas y, por supuesto, la frondosa burocracia de operadores políticos del cartismo.
Pero sus números acerca del “ahorro” que estaría obteniendo con fletes más baratos en comparación a otras épocas en que el petróleo costaba mucho más caro en el mercado internacional, no sería tal, porque utiliza premisas falsas, como el dato de la importación de combustibles del ente estatal, que se mantiene constante para los cálculos de la entidad, en 850 millones de litros, siendo en realidad una cifra que varía y que incluso ha ido bajando desde 2013, cuando llegó a 855 millones, para seguir declinando en 2014 a 687 millones, en 2015 a 484 millones, para subir de nuevo en 2016 con 623 millones y se prevé que en 2017 esté por los 560 millones de litros, según la base de datos nacional PentaTransaction.
El informe de “ahorro” también se basa en un flete fijo, cuando se sabe que es variable, en función al precio internacional del gasoil, que es el combustible clave para mover las máquinas de los remolcadores que traen las barcazas cargadas de combustibles.
Desde el precio inicial del contrato de 2012 (que tuvo vigencia hasta 2015) de 66 US$ el metro cúbico, el flete fue disminuyendo a medida que bajaba también el gasoil en el mercado mundial, llegando a los 47 US$ el metro cúbico del nuevo contrato de hace dos años.
Ingresos con el monopolio
El supuesto “ahorro” de Petropar con el flete resulta inconsistente por las premisas falsas del ente para su cálculo, pero resulta necesario publicitarlo para tapar el alto costo operativo de la empresa, que agregado a los subsidios, demuestra que el ente no podría subsistir sin los decretos monopólicos inconstitucionales que sacaron una parte del mercado a las distribuidoras.
La venta del gasoil a las distribuidoras privadas le supone a Petropar un ingreso de alrededor de 60 millones de dólares /año, teniendo en cuenta la importación actual de 560 millones de litros de gasoil. El negocio básico de la entidad estatal es el monopolio parcial por el cual una parte de sus ventas de gasoil debe ser adquirida de forma obligatoria por el sector privado.
De otro modo, si no existieran desde 2015 los decretos monopólicos establecidos por el gobierno de Horacio Cartes, Petropar no podría estar financiando ni subsidiando sus populistas propuestas de inaugurar estaciones de servicios en seccionales coloradas renunciando a la mitad de su ganancia en favor del dueño del servicentro; ni vender el gas al público a 50 mil guaraníes la garrafa de 10 kilos, cuando el sector privado lo vende a precios de mercado internacional a poco más de 70 mil guaraníes.
Asimismo, vende el litro de alcohol en Troche por debajo del costo real de producción, por lo que no tiene más remedio que admitir su fracaso para la mezcla del 25 por ciento con la nafta, dejando en terapia intensiva el programa de biocombustibles del país.
Entonces, ¿cuál es el verdadero negocio para el Gobierno y el grupo en el poder en el manejo del petróleo? Lo cierto y lo concreto es que el monopolio implica sacar una porción del mercado para entregarlo a la ineficiente empresa estatal, en detrimento de la expansión del sector privado, y, por otro lado, se constituye en una competencia desleal al financiar subsidios en el tema de los servicentros o en la distribución del gas licuado para uso en las casas, en los negocios y en los autos.
Se llega así al absurdo de que las distribuidoras privadas de combustibles no sólo están sujetas al capricho de las licencias previas para importar, sino que también se les obliga a financiar la operativa populista política del grupo en el poder, que a su vez controla las compras de Petropar en el exterior, juntamente con el flete, aparte de la corruptela que siempre está detrás de contrataciones directas sin licitación, involucrando a funcionarios de alto nivel como de nivel medio.
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