Los profesionales del foro, Lulio Vicente Gamarra y María Fernández, abogados querellantes, intervinientes en la causa 642/2016, Ministerio Público contra Alcides Fernández, sobre supuestos hechos punibles contra la propiedad, solicitaron la realización de pericias de facturas de pagos de viáticos correspondiente al año 2015. Se trata de la causa en la que también son investigados los ex jefes comunales Abrahán Alegre y Blanca Acuña.
Solicitaron que la pericia se realice como anticipo jurisdiccional de prueba, con carácter de urgencia, considerando que el 28 de setiembre vence el plazo para que la fiscalía realice el requerimiento conclusivo. Se ha presentado ante el juzgado penal de garantía el resultado de la auditoría interna realizada a pedido de la actual administración municipal, donde se detectó irregularidades que afectan a los hoy imputados.
El escrito presentado señala que la auditoría advirtió la realización de maniobras con daños patrimoniales cuantiosos, a través de la confección de facturas falsas, “pagos altamente sospechosos de viáticos por los funcionarios de la época, pagos de honorarios profesionales sin justificación, sobrecosto desmesurados en obras, pagos por obras en distintas partes (colegios y escuelas) nunca realizadas”.
Añade en su presentación que las irregularidades saltaron luego de la elaboración de la auditoría interna. “Por ello es imperativo llevar adelante en grado de urgencia una pericia contable, de gestión y caligráfica, de los documentos, todos del año 2015 que obran en los archivos de la comuna, que pertenecían a la administración de la época en que los imputados estaban como titulares del ejecutivo, a fin de poner en marcha estas pruebas por la vía del anticipo jurisdiccional”.
Fernández y Gamarra, en representación del ingeniero Roque Godoy, actual jefe comunal franqueño, presentaron la querella adhesiva en la causa número 642/16, lo que les permite ahora acceder al expediente y acompañar la investigación.
La causa actualmente se tramita en Ciudad del Este, donde luego de una recusación en cadena, el expediente fue a parar en la unidad fiscal de la abogada Juliana Giménez. El 28 de marzo pasado los ex intendentes, Fernández, Alegre y Acuña, fueron imputados y la fiscalía requirió 6 meses de plazo a la magistrada Carina Frutos Recalde, quien entiende en la causa, para la presentación del requerimiento conclusivo, que vence este 28 de setiembre. La imputación fue realizada por el fiscal Hugo Vázquez. La denuncia fue presentada el 10 de febrero del 2016, por la actual administración municipal.
Fernández y Alegre están procesados porque supuestamente hicieron pagos y aprobaron obras que no cumplían con los mínimos requisitos, en varias instituciones educativas de la zona. Según la investigación fiscal, pese a las irregularidades de igual manera se procedió al pago a las empresas encargadas de llevar adelante los trabajos. Por su parte, Acuña es investigada por supuesto cobro de cheques de manera irregular en su rol de intendenta.
El expediente
“En principio la causa estaba a cargo del fiscal Vázquez, quien imputó a los ex intendentes y éstos le recusaron antes de que sea trasladado a otro lado. El expediente fue a Ciudad del Este, donde se inhibieron varios fiscales y quedó con la fiscal Giménez, de la unidad número 1”, explicó la abogada Fernández.
“No teníamos acceso al expediente porque no éramos parte, situación que ahora cambia con la querella adhesiva. Ahora presentamos pruebas contundentes como facturas clonadas, falsificaciones de firmas y estamos pidiendo dictámenes periciales. Lo más importante acá es que la ciudadanía sepa lo que está pasando, de manera a que cuando crea conveniente y tenga que reaccionar lo haga para exigir justicia”, añadió la profesional.
Detalles
Entre las denuncias se encuentra el uso indebido del dinero público, abultamiento y falsificación de firmas para el cobro de viáticos, obras fantasmas y sobrefacturadas, facturas falsificadas y clonadas, y la falta de equipos adquiridos con fondos comunales. También transferencias de fondos a comisiones vecinales, sin documentación.
En cuanto a recursos del Fonacide, de las 10 salas que fueron, según la denuncia, ninguna cumplió las especificaciones técnicas del pliego de bases. Se encontró que un empedrado con alcantarillado en el barrio San Antonio, por el que se pagó dos veces la suma de 131.670.000 guaraníes, y más 60 millones de guaraníes para una revisión técnica de una obra que jamás se realizó.
Otro caso es de una muralla en la escuela Saltos del Monday, donde se pagaron 100 millones de guaraníes, pero no existe. Igualmente, un baño que costó 50 millones de guaraníes y que solamente tiene el lavadero, además de otros casos parecidos, según reveló la auditoría interna.
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